Violencia política
José Gil Olmos
La violencia política que el país registra de manera constante es un hecho que resulta de la descomposición que tiene el sistema político nacional y que la ciudadanía sufre de manera directa sin tener una posibilidad de defensa.
Además de los altos índices de asesinatos y desapariciones que registra el país en las últimas tres décadas, el asesinato de legisladores, alcaldes y candidatos ocurridos durante el primer trimestre de 2025 son parte de los 104 incidentes de violencia política que a nivel nacional observó la consultora Integralia en su informe de mayo pasado.
Aunque dicha consultora aclaró que este número de incidentes representa un decremento de 59.2% con respecto al mismo periodo de 2024, explicó que esto se debe al mayor número y relevancia de los cargos públicos que estuvieron en disputa en el proceso electoral de 2023-2024.
Lo destacado de este informe y que refleja una realidad agravante en términos políticos es que el 81.7% de las víctimas se desempeñaban, habían ocupado o aspiraban ocupar cargos en gobiernos municipales, “lo cual pone en evidencia la fragilidad institucional de ese nivel de gobierno, particularmente frente a los esfuerzos de infiltración del crimen organizado”, señala Integralia.
Nada parece detener el poderío de las organizaciones criminales que no sólo se han infiltrado en el poder político, sino que se han coludido con representantes de los tres poderes de gobierno, es decir, del Legislativo, Ejecutivo y Judicial, generando grupos de poder capaces de incidir en las decisiones del gobierno en sus tres niveles: municipal, estatal y federal.
Además se ha detectado que algunos grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación han contratado a exmilitares de Colombia para fortalecer aún más su poderío en todo el país, pues según las últimas informaciones, dicha organización tiene presencia en todo el territorio nacional.
Entre los asesinatos ocurridos en los últimos meses están el de Manuel Gamboa, director de Gobernación en el municipio de Ixtaczoquitla, Veracruz; Carlos Ramsés Neri, aspirante a alcalde en el estado de Veracruz, y Jaime Maciel Ramírez, director de Seguridad Pública, en Coyuca de Benítez, Guerrero.
También los de la presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza, asesinada a tiros afuera de su domicilio; Lilia Gema García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, asesinada al interior del palacio municipal; Salvador Bastida García, alcalde de Tacámbaro, Michoacán, y su escolta fueron asesinados a tiros a bordo de su camioneta afuera de su domicilio; Isaías Rojas Ramírez, alcalde de Metlatónoc, Guerrero, quien falleció a una semana de un presunto intento de asalto sobre la Autopista del Sol; el presidente municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, Mario Hernández García, y dos policías municipales fueron asesinados en una emboscada; y también los de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, y el asesor de gobierno José Muñoz.
La espiral de violencia que afecta a la sociedad no para, al contrario, sigue con una creciente constante ante la cual ninguna estrategia de seguridad pública da resultado. El pasado 2 de julio el secretario general del ayuntamiento de Cuautla, Morelos, Alfredo Escalona Arias, fue atacado a balazos mientras se encontraba en una taquería. No pasa una semana sin que se registre unan acción de violencia política, reflejo de la descomposición en todos los niveles de gobierno y de vida en el país.
Por cierto… La Secretaría de Gobernación lanzó la estrategia de paz en Ciudad Juárez con la instalación de los Consejos de paz, que tendrán como objetivo generar soluciones conjuntas para atender la violencia que atraviesa el país. Son parte de una iniciativa ciudadana y de la Iglesia católica de integrar mesas de paz con la participación de la sociedad en la búsqueda de disminuir la violencia que azota el país hasta en su último rincón.
