“El Plan México: ¿Pacto económico o pacto de élites?”
Armando Javier García
Doce empresarios de alto perfil fueron convocados a Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. El objetivo, según declaró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), es “acelerar el Plan México”. La frase suena ambiciosa, pero también opaca.
El CCE agrupa a una élite empresarial con fuerte presencia en sectores clave, pero no representa al pequeño comercio, tampoco a los emprendedores independientes, ni mucho menos a los millones de trabajadores que sobreviven en la informalidad, que hoy superan el 55% de la fuerza laboral en México.
Mientras el discurso oficial celebra el consenso con los grandes capitales, en las calles persiste una economía desigual:
- La canasta básica continúa encareciéndose.
- Los salarios reales siguen sin reflejar el crecimiento.
- El acceso a créditos, servicios o apoyos sigue limitado para la mayoría.
El Plan México, del que poco se conoce a profundidad, genera inquietudes legítimas: ¿Qué implica acelerar ese plan? ¿Cuáles son sus objetivos concretos? ¿Qué compromisos asumieron las partes? Y sobre todo, ¿cómo se asegura que sus beneficios lleguen a quienes no están representados en esa mesa?
Una alianza entre gobierno y empresarios no es condenable en sí misma. Toda economía requiere diálogo con el capital.
Lo que sí resulta preocupante es la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, de contrapesos, y de una narrativa clara que explique cómo estas decisiones mejorarán la vida de millones de mexicanos que hoy están fuera del radar institucional.
En este contexto, resulta inevitable señalar que algunos de los sectores con mayor cercanía al poder han sido, históricamente, beneficiarios de políticas fiscales blandas, licitaciones opacas o, incluso, recientemente se habla de investigaciones sobre contrabando de hidrocarburos.
¿Alguno de esta clase empresarial tendrá gasolineras?
Debido que la lucha contra el huachicol no puede quedarse en retórica mientras se omite revisar con lupa quién distribuye, quién compra y quién gana en ese mercado paralelo.
No es acusación, pero si despierta curiosidad para la ciudadanía de a pie en redes sociales.
La pregunta final no es si los acuerdos son válidos, sino:
¿Para quién se están diseñando los nuevos pactos de país?
Porque si el crecimiento sigue dependiendo de decisiones entre cúpulas, mientras se relega a la mayoría a la incertidumbre, entonces el proyecto no es nacional: es corporativo.
La realidad podría ser incómoda Pero ningún país avanza cuando su base social es excluida del diálogo y del beneficio.
