Políticos y delincuencia: ¿Por qué no nos dimos cuenta?

Tan sólo en las últimas dos décadas, México ha sido testigo de un número significativo de exgobernadores que, tras dejar el cargo, enfrentaron procesos judiciales por delitos graves como corrupción, lavado de dinero, peculado y vínculos con el crimen organizado.

Estos casos muestran las debilidades estructurales del sistema político mexicano, incluyendo la falta de rendición de cuentas, el abuso de poder y la impunidad que históricamente han caracterizado a algunos liderazgos estatales.

Desde el año 2000, al menos 20 exgobernadores han sido investigados, encarcelados o extraditados, un fenómeno que se intensificó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y continuó en la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Entre los casos más destacados se encuentran los de Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Roberto Borge (Quintana Roo), Tomás Yarrington (Tamaulipas) y Mario Villanueva (Quintana Roo). Los delitos imputados varían, pero predominan el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito y, en algunos casos, nexos con cárteles del narcotráfico. Estas acusaciones reflejan un patrón de abuso de los recursos estatales, facilitado por la autonomía financiera y política que los gobernadores ejercen en sus entidades.

Un factor clave detrás de esta ola de casos es el fortalecimiento del poder de los gobernadores tras la transición democrática de 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la presidencia. Hasta entonces, el presidente de la república tenía un control significativo sobre los gobernadores, pudiendo destituirlos por faltas graves. Con la pluralidad política, los mandatarios estatales ganaron mayor autonomía, lo que les permitió manejar presupuestos multimillonarios con escasa supervisión. Esta libertad, combinada con congresos locales y órganos fiscalizadores poco independientes, creó un entorno propicio para la corrupción. Por ejemplo, Javier Duarte, acusado de desviar miles de millones de pesos mediante empresas fantasma, aprovechó esta opacidad para triangular recursos públicos hacia fines personales y políticos.

Otro elemento que comparten estos casos es la impunidad inicial que muchos exgobernadores disfrutaron. Casos como el de Duarte, quien huyó a Guatemala tras dejar el cargo, o Yarrington, detenido en Italia tras años prófugo, ilustran cómo algunos lograron evadir la justicia gracias a redes de protección política y recursos financieros. Sin embargo, la presión internacional, especialmente de Estados Unidos, ha sido crucial en varios casos.

La extradición de figuras como Yarrington (2018) y César Duarte (2022) a México o Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y narcotráfico subraya la importancia de la colaboración transnacional en el combate a la corrupción y el crimen organizado, algo que ahora adquiere un significado mayor ante los señalamientos de la administración Trump, ya que la percepción de que la justicia mexicana depende de factores externos para actuar eficazmente sigue vigente.

Las acusaciones de que el gobierno mexicano mantiene vínculos con el crimen organizado, pero sobre todo, las insistentes versiones de que hay una lista de políticos mexicanos en la mira de Estados Unidos –país que no tuvo reparos para detener en territorio mexicano a Ismael “El Mayo” Zambada para llevarlo a Estados Unidos–, más la revocación de las visas del alcalde de Matamoros, Alberto Granados Fávila, y de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo –junto a la de su esposo, el exdiputado panista Carlos Torres–, no hace sino mostrar que esta situación que detallamos líneas arriba se mantiene.

Otro elemento a tener en cuenta en esta historia es la “lista” de políticos mexicanos que, de acuerdo a columnistas, tiene el Departamento de Estado y que sería la guía acerca de contra quien emprender las acciones que muestren que Trump está cumpliendo su promesa de acabar con los cárteles que inundaron las calles estadounidenses de drogas, en especial el fentanilo, y con los funcionarios que los ayudan y protegen.

No será sorpresa, tomando en cuenta estas consideraciones, si continúan las revocaciones de visas o si se da una detención de algún exfuncionario o servidor público en funciones por vínculos con el crimen organizado y de la mano de autoridades de la Unión Americana.

Quizá deberíamos mirar hacia Sinaloa para conocer si esto se hará o no realidad en el corto plazo.

En conclusión, los casos de exgobernadores encarcelados o extraditados revelan un sistema político vulnerable a la corrupción debido a la concentración de poder, la debilidad institucional y la falta de rendición de cuentas. Las detenciones y extradiciones son un avance en el combate a la impunidad, la persistencia de amparos, procesos inconclusos y percepciones de justicia selectiva indica que hay mucho por avanzar.

Y si la presidenta Sheinbaum ha dicho en una de sus mañaneras que no se puede vincular a su partido con el crimen organizado, pero lo que ha sucedido recientemente la puede llegar a contradecir, se entiende que haya enviado una carta para reencauzar a Morena a los principios que le dieron vida, algo sensato pues con tanto expriísta en dicho partido, asomarse a ese espejo le puede dar una idea del futuro que podría venir.