Minas extraen riquezas, dejan pobreza e injusticia
Jared Laureles
En los 32 años de operación de la Mina Tizapa, la empresa Industrias Peñoles no ha aportado ningún beneficio a este municipio mexiquense, pero sus utilidades han sido millonarias, ya que tan sólo entre 2022 y 2024 sumaron 5 mil millones de pesos gracias a la extracción de oro, plata, zinc y otros metales, riqueza que se extrae de este lugar donde los trabajadores de la sección 219 del Sindicato Nacional Minero mantienen una huelga desde hace casi ocho meses.
Durante ese tiempo, la trasnacional –que presume ser la principal productora de plata en el mundo– se ha negado a pagar 10 por ciento de utilidades a los mineros, pese a que es un derecho constitucional; las violaciones al contrato colectivo y la exigencia de mejorar las condiciones de seguridad son también las razones por las que estalló el movimiento el 30 de agosto de 2024.
La minera, la segunda más importante de México, cerró 2024 con un valor bursátil de 119 mil 744 millones de pesos, un crecimiento de 70 por ciento respecto al año anterior. Más de 300 trabajadores se turnan para realizar los piquetes de guardia en dos accesos, con temperaturas superiores a 30 grados, durmiendo en campamentos improvisados y sin recibir un centavo de salario.
Decenas de huelguistas externan su indignación por “las injusticias de la empresa“, reconocen el apoyo del líder minero y diputado federal Napoleón Gómez Urrutia.
En la mina subterránea, productora además de cobre y plomo, laboran mil trabajadores, de los cuales más de la mitad son afiliados al Sindicato Nacional Minero, titular del contrato colectivo, lo cual ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De ellos, un centenar realizan labores de mantenimiento en el yacimiento, con capacidad para extraer 1.2 millones de toneladas de minerales.
Niegan utilidades a trabajadores
En este municipio en el sur del estado de México, Eder Noé García Ramos, secretario general de la sección 219 del Sindicato Nacional Minero, explica a La Jornada que el conflicto se originó tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2021, que implicó un tope en la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa: tres meses de salario o el promedio del monto recibido en los últimos tres años.
Sin embargo, subraya que aunque se mantuvo el criterio de que las empresas deben repartir 10 por ciento de las ganancias gravables, Industrias Peñoles está renuente a cumplir con la ley y la Constitución, e incluso con lo pactado en 2020 mediante una comisión mixta tripartita.
Guillermo Vargas, secretario del trabajo del comité local, reprocha que la empresa insista en perjudicarlos, ya que antes obtenían 160 mil pesos anuales de utilidades, pero ahora la compañía quiere toparnos a 95 mil.
El consorcio –creado por Alberto Baillères, fallecido en 2022–reportó ganancias por 2 mil 237 millones de pesos, en 2022; mil 432 millones, en 2023, y mil 416 millones de pesos en siete meses y medio de 2024, de acuerdo con las carátulas fiscales que obtuvo una comisión de mineros.
Entrevistado en el acceso principal de la unidad, donde cuelga una bandera rojinegra, Vargas insiste en que se pague lo justo a los trabajadores, pues hay remanentes; por ejemplo, de 79 millones (2022) y 82 millones (2023) que no se les han entregado.
Además, otra de las violaciones al convenio colectivo ha sido que la empresa contrate a terceros sin tomar en cuenta al Sindicato Nacional Minero.
Fe puesta en EU
Rodeados por sus compañeros, los dirigentes sindicales locales apuntan que no es la primera vez que Industrias Peñoles transgrede sus derechos, ya que en abril de 2024 enfrentó una queja laboral al amparo del T-MEC, por su intromisión en asuntos sindicales y el despido de 12 trabajadores que finalmente fueron reinstalados.
Nahir Velasco, coordinador jurídico, anticipa que recurrieron ya otra vez al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y se espera que en próximos días las autoridades de Estados Unidos determinen una nueva investigación, por lo que la empresa podría enfrentar más sanciones a sus exportaciones de concentrados de plomo, cobre y zinc, este último enviado a Japón.
En tanto, García Ramos agrega que el contrato colectivo no se ha revisado desde 2021 y aunque existe un proceso pendiente del periodo 2025-2027, la empresa se niega rotundamente a negociar, pues argumenta que no puede hacerlo hasta que se resuelva la huelga.
Todas las expectativas de los mineros están puestas en la próxima audiencia, a principios de mayo, en la que se prevé que un juez federal determine la responsabilidad del conflicto.
