Transparencia en poderes judiciales locales, la tarea pendiente

Jorge Carbajal

Los poderes judiciales locales en México tradicionalmente se han mantenido alejados de la ciudadanía. La naturaleza de sus funciones así lo ha definido, pero su distanciamiento ha contribuido a generar un déficit de legitimidad, así como un clima de desconfianza y de percepción de corrupción.

La reciente reforma al Poder Judicial en México —que derivó en el actual proceso para elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros a nivel federal y local— abrió una discusión cuya pregunta central puede plantearse así:  ¿éste era el cambio estructural que realmente necesitaban estas instituciones para brindar certeza y confianza sobre sus procesos y resoluciones?

Para asegurar un servicio de calidad en la impartición de justicia, los poderes judiciales requieren no solamente de condiciones normativas, técnicas y operativas —como cualquier otra institución pública—. También, porque estamos en un contexto democrático, demandan condiciones políticas que les otorguen legitimidad. Una de ellas es la independencia judicial. La otra es la transparencia.

Las obligaciones de transparencia en los poderes judiciales locales

Ya desde 2015, con la publicación de la primera Ley General de Transparencia y la entonces nueva Ley Federal, se establecieron obligaciones de transparencia específicas para los poderes judiciales, incluyendo el ámbito estatal.

Sin embargo, con la desaparición del INAI como órgano constitucional autónomo y la pulverización de sus funciones en diversas instituciones federales dependientes del ejecutivo, el marco para la rendición de cuentas de los poderes judiciales locales ha quedado a la deriva y dependiente de la voluntad de transparencia en lo local.

Por su parte, desde la academia y las organizaciones ciudadanas, diversas iniciativas han buscado medir y mejorar la transparencia de los poderes judiciales. Tenemos como ejemplos el Observatorio de Justicia Abierta (INAI-UNAM, 2019) y la Métrica de Justicia Abierta (World Justice Project, 2023). Éste último cuenta con un módulo de apertura jurisdiccional que incluye una evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Por su parte, México Evalúa publicó, en 2021, el documento “Información desde y para los poderes judiciales”, que contiene 27 indicadores que buscan fortalecer las condiciones para mejorar la transparencia y el derecho de acceso a la información.

Ahora bien, la nueva Ley General de Transparencia publicada el pasado 20 de marzo de 2025 —y que sustituye a las leyes General y Federal de 2015— mantuvo prácticamente las mismas obligaciones de transparencia específicas para los poderes judiciales. Sin embargo, ante la desaparición de los órganos garantes en la materia y el debilitamiento de las garantías para el acceso a la información pública, existen nuevos riesgos para la transparencia judicial.

Oportunidades para avanzar en los estándares de transparencia

A pesar de los esfuerzos por transparentar sus procesos, los poderes judiciales locales no logran posicionarse como una institución confiable y cercana a las personas, particularmente en sectores de la población en condición de vulnerabilidad.

Como la tarea sigue pendiente, identificamos cuatro oportunidades para mejorar la transparencia de esta institución a nivel local:

1. Enmendar las constituciones de los estados. En el contexto de las reformas legislativas a los poderes judiciales locales, es recomendable incorporar en los textos constitucionales normas sobre transparencia judicial que aseguren estándares mínimos tales como el principio de máxima publicidad, limitar la discrecionalidad en la reserva de información, facilitar los mecanismos de impugnación ante negativas de acceso a la información, mantener la obligación de documentar actos gubernamentales, así como establecer obligaciones específicas en materia de “apertura gubernamental”.
2. Transparentar los recursos. En el proceso de implementación de la reforma a los poderes judiciales, poco se han analizado las facultades a los órganos de administración judicial que sustituyen a los consejos de la judicatura. Un elemento fundamental para garantizar la independencia judicial, es que jueces y magistrados cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones, y los encargados de proveer esos recursos son dichos órganos administrativos. Es indispensable que los órganos de administración operen las obligaciones de transparencia sobre los recursos de los poderes judiciales.
3. Publicitar las audiencias abiertas. Otra oportunidad es la publicidad de las audiencias para que cualquier persona pueda presenciarlas. Ello también abre la puerta para revisitar procesos ya concluidos a través de sus videograbaciones. Esta es una herramienta valiosa para conocer y evaluar el desempeño de las personas juzgadoras, y acercar la justicia a la ciudadanía. Pese a su relevancia, los poderes judiciales tienen políticas desiguales de acceso a estos registros, lo que resulta en grandes obstáculos para su consulta.
4. Recopilar y procesar datos estadísticos y geográficos. Finalmente, es indispensable contar con información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de los poderes judiciales locales, para conocer sus resultados, así como sus necesidades y áreas de oportunidad. En este sentido, el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del Inegi ha sido desde 2011 una de las principales fuentes de información en esta materia. Sin embargo, la edición 2024 tiene menos información procesada en comparación con años pasados, lo que se traduce en menor accesibilidad para la ciudadanía. Por ejemplo, en años anteriores (2019-2023), el tabulado de estructura organizacional y recursos contaba con más de 22 hojas de excel, pero en 2024 únicamente tiene siete hojas. Es decir, en el último año hubo un menor procesamiento de datos. Esto incluye el número de personas juzgadoras y magistradas por entidad; número de regiones y/o distritos judiciales por entidad; número de sentencias emitidas por entidad, entre otras. Si bien es posible recuperar esta información a través de los microdatos, esta herramienta es menos accesible para el público en general pues requiere conocimientos en procesamiento de datos.

Ante el déficit de legitimidad y el desconocimiento de la mayoría de los ciudadanos sobre sus funciones, los poderes judiciales locales tienen que publicar más y mejor información sobre su quehacer (y no solo las obligaciones que establece la ley) a través de medios y formatos adecuados para los distintos públicos (incluyendo por supuesto a personas en condición de vulnerabilidad). Hoy más que nunca se deben tomar muy en serio sus políticas de transparencia porque sólo serán efectivas en la medida en que logren brindar mayor certeza, confianza y cercanía con las personas.

* Jorge Carbajal es coordinador de alianzas del programa de justicia en México Evalúa.