2024 el año de la (in)justicia
Arturo Espinosa Silis
La justicia es una función esencial que realiza el Estado consistente en resolver los conflictos y las controversias que se presentan entre particulares o de estos con el Estado. Es natural que en una sociedad se den diferendos que la ley por sí sola no resuelve y, por tanto, se tenga que acudir a un tercero imparcial que determine quien incumplió alguna obligación, vulnero algún derecho o excedió sus facultades y atribuciones, los fallos en la justicia se dan conforme a lo que mandata la ley o su interpretación cuando el texto propio no alcanza a dar una respuesta.
Este difícil 2024 pasaron muchas cosas; la República se transformó como nunca habíamos visto en la historia reciente, a pesar de las advertencias de especialistas y expertos, de los llamados de organismos internacionales y de las protestas callejeras, la mayoría legislativa, de la mano con el Ejecutivo federal – saliente y entrante – y junto con un puñado de funcionarios públicos en posiciones claves de decisión se ocuparon de destruir las instituciones y la democracia como la conocíamos.
De todas las acciones y medidas tomadas en estos últimos meses, la más contundente fue el desmantelamiento del Poder Judicial y la desaparición de la carrera judicial como método para capacitar, profesionalizar y elegir a los juzgadores y juzgadoras que se encargan de resolver los conflictos y controversias que todos los días se suscitan en nuestro país y que involucran derechos, propiedades, capitales e intereses de diferentes tipos.
Hoy estamos en medio de un proceso descafeinado para elegir al menos a la mitad de la judicatura federal y por lo menos una tercera parte de la local, una elección improvisada, sin presupuesto, organizada contra reloj y cargada de intereses políticos que prevalecerán no solo en el ejercicio comicial, sino en la nueva forma de impartir judicial.
Para muestra basta un botón, o varios. En 2024 perdimos a la justicia electoral, de la mano de unas cuantas magistraturas hoy en día, el órgano que en su momento fue insignia mundial por la calidad de sus sentencia, emite fallos a consigna, en muchos cosas sin atender los argumentos de las demandas y contradiciendo las líneas jurisprudenciales que durante años se han construido, han logrado que quienes somos activos usuarios de la justicia electoral ya no creamos en ella, por el contrario, sabemos que en esa trinchera la lógica política y los intereses de las magistraturas están por encima del Derecho y de la razón.
Desafortunadamente parece que esta lógica que vemos en la materia electoral empezará a regir en el resto de los ámbitos de la justicia, en donde ya no se necesitará una buena demanda o argumentos sólidos y contundentes para obtener una sentencia favorable, sino que el camino será el de los amiguismos, los intereses políticos y la banalidad. Ya lo vimos en la SCJN en voz de algunas ministras y ministros, y recientemente también en una resolución lamentable que atenta contra la autonomía de la UNAM.
Lo que hemos visto en los últimos meses en el Tribunal Electoral, en el Congreso de la Unión, desde el Ejecutivo y en la propia organización de la elección judicial dejan ver con claridad que el camino de la justicia se ha empedrado aún más.
No se puede negar que en México un gran pendiente era ocuparnos de tener un mejor sistema de impartición de justicia, fortalecer al Poder Judicial y reformar para mejorar todo lo más posible, pero la senda que se tomó en 2024 fue la contraria, pues la justicia fue tan incómoda durante los últimos 6 años que se optó por destruirla, el oficialismo con la complicidad de unos cuantos más lo lograron.
Por eso 2024 será recordado como un año complejo, en el que por sobre todas las cosas se destruyó a la justicia mexicana.
