Grupos criminales y violencia en las elecciones
Agustín Casilla
Estamos a diez días de la jornada electoral, y un tema de gran preocupación es la violencia que se ha desatado contra personas funcionarias públicas, candidatas, integrantes de sus equipos de campaña, y hasta sus familiares durante este proceso electivo sobre todo a nivel local, y que pudiera intensificarse en vísperas e incluso en la misma jornada electoral del próximo 2 de junio. Conforme al seguimiento que han hecho algunas organizaciones y medios de comunicación, del mes de junio de 2023 a mayo de este año se ha registrado el asesinato de al menos 30 aspirantes a cargos de elección popular con 6 casos en Guerrero; 5 en Chiapas; 3 en Michoacán y Jalisco; 2 en Guanajuato, Veracruz y Estado de México; y 1 en Puebla, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca y Sinaloa, además del homicidio de alrededor de 37 personas relacionadas con las y los candidatos.
Entre los más recientes, está el de Santos Moreno, gobernador tradicional del pueblo originario Yoreme-Mayo quien era candidato a regidor por el PRI en el municipio de Choix, Sinaloa, así como la candidata del Partido Popular Chiapaneco a la presidencia municipal de la Concordia, Lucero López, a quien mataron en un evento de campaña junto con otras 5 personas, de las cuales 2 eran menores de edad. También en Benemérito de la Américas asesinaron a un candidato a presidente municipal junto con sus dos hermanos y su hijo, en tanto que en Frontera Comalapa se reportan candidatos desaparecidos siendo Chiapas una de las entidades más peligrosas, a grado tal que de acuerdo con el Instituto Electoral local, 213 personas candidatas (120 mujeres y 93 hombres) de casi todos los partidos, han abandonado de plano sus campañas ante la violencia y la presencia del crimen organizado.
A todo ello hay que sumar decenas de atentados (apenas la semana pasada dispararon contra la camioneta en la que estaba la candidata de la coalición opositora a la alcaldía de Cuauhtémoc, en plena Ciudad de México), amenazas y secuestros en muchas de las entidades del país, que si bien no todos los casos están vinculados a la contienda electoral pues en algunos de ellos se ha descubierto que el móvil fue por cuestiones personales, en muchos otros se atribuye la autoría intelectual a adversarios políticos y es claro que la participación de grupos de la delincuencia organizada es cada vez mayor como se ha documentado por ejemplo en Sinaloa en 2021.
También se ha dicho que en varias zonas del país, supervisores y capacitadores del INE tienen que pedir permiso a los jefes de plaza de los carteles para poder realizar su trabajo, y muchas personas insaculadas como funcionarias de casilla han declinado por temor a la violencia. De acuerdo el proyecto “Votar entre balas” integrado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, por cada ataque a candidatos sube casi 1% la ausencia de funcionarios de casilla en la jornada y baja 1.3% la asistencia a votar, y si la víctima es un funcionario público la participación puede caer hasta 3%.
En el mismo sentido, el mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales 2024 elaborado por la consultora Integralia, destaca que el crimen organizado interviene en elecciones mediante 1) asesinatos, agresiones y amenazas contra funcionarios y aspirantes, 2) financiamiento a campañas, 3) imposición de candidaturas, 4) movilización o inhibición del voto, y 5) alteración de la votación en las casillas. Cuando menos desde febrero advertía que, como nunca, antes intervendría sobre todo en elecciones locales por el número de grupos criminales en conflicto armado, la proliferación de mercados ilícitos además del narcotráfico y, la mayor cantidad de presidencias municipales en disputa en la historia.
El interés de los carteles particularmente en este nivel de gobierno está en que la captura de los gobiernos municipales les facilita obtener el control territorial y construir su autoridad para operar con impunidad, diversificar sus actividades y neutralizar a sus rivales. No son pocos los casos en que incluso llegan a nombrar al comandante de la policía, así como al director de obra pública o del rastro municipal. Por ello, alrededor del 77% de las víctimas de violencia político-criminal es a nivel municipal.
Ciertamente el panorama es preocupante. En la última reunión de coordinación entre el INE y el gabinete de seguridad federal se informó que actualmente se da protección a 487 candidatas y candidatos a cargos de elección tanto federales como locales, y el día de la jornada electoral se desplegarán 259 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en los distritos más conflictivos con especial atención en Chiapas. Esperemos hagan todo lo necesario para garantizar la paz y la libre participación ciudadana este domingo 2 de junio, pues es un hecho que el crimen organizado se ha convertido en un actor que está incidiendo en los procesos electorales.
