Sinaloa y las desapariciones y las condiciones de pesadumbre familiar

Alfonso Carlos Ontiveros Salas

Que un hijo no llegue a su casa después de gestionar la solución de trámites académicos. Es fatalmente aterrador

La desaparición de personas en un hecho que no puede ni debe soslayarse en ninguna parte de la comunidad en la que vivimos. La seguridad personal es un imperativo obligado de toda autoridad.

La misión del Ministerio Público es la de investigar los delitos, así como de las policías que deberán actuar bajo el mandato del Fiscal. La atención debe ser inmediata y con el más alto sentido de responsabilidad y humanismo. El dolor familiar ante una desaparición es funesta casi en todos los casos.

La sensibilidad en los agentes del Ministerio Público debe ser una conducta sobradamente comprometida con el dolor de la familia. La angustia de la familia ante la ausencia por motivos desconocidos de un hijo a cualquiera de los miembros del núcleo familiar en un hecho que alarma hasta la histeria.

Los derechos de la víctima u ofendido están establecidos en la Constitución Federal en el artículo 20, apartado “C”, entre otros, será la de recibir asesoría jurídica y ser informado de sus derechos, mismos que se relacionan con los establecidos en el artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se les deberá facilitar el derecho a la justicia, recibir asistencia jurídica y a ser tratado con respeto y dignidad.

La seguridad personal es un derecho humano ineludible. Toda autoridad está obligada a preservarlo. La desaparición forzada de personas es un delito que ha merecido tratamiento especializado para atender esos hechos con urgencia y la debida diligencia, llegando incluso a crear fiscalías especializadas para atender esos flagelos.

El ministerio público y las policías tienen debidamente señaladas sus obligaciones en los artículos 131 y 132 del Código Nacional mencionado, por lo que el trato a los familiares de las víctimas debe ser con la más alta sensibilidad ante la situación de crisis que padecen por la angustia de no saber el paradero de su familiar.

Me toco escuchar la forma deshumanizada e incluso evasiva en la atención que la Madre de una persona desaparecida quería para saber la atención que le estaban dando a la denuncia presentada por la desaparición de su hijo.

La información otorgada y el trato el trato recibido por la Madre de la persona desaparecida, no fue lo más adecuado. El hecho tuvo que llegar al conocimiento de la titular de la fiscalía para que la denuncia se atendiera y se agilizaran las formalidades para que la policía investigadora tuviera su participación.

Este es solo un caso de muchos que han ocurrido en este clima de la violencia desatada por las pugnas entre pandillas colisionadas del cártel de Sinaloa. El gobernador Ruben Rocha Moya ha sido muy reiterativo respecto de la humanización de la justicia y la atención a las víctimas con la más alta responsabilidad y ética en el servicio.

La Fiscal no se ha quedado sin dar seguimiento a esa preocupación del titular del Ejecutivo Estatal en hechos que lastiman a muchas familias de Sinaloa. El humanismo, es un imperativo que debe estar vigente en todas las áreas de la administración pública y sus servidores actuar con esa sensibilidad como si la persona afectada fuera su propio familiar.

La Madre de la persona desaparecida deshecha por lo ocurrido, sólo pide clemencia por su hijo y que quien lo haya privado de la libertad lo regresen sano y vuelva al refugio familiar donde se le espera con amor. Los cuidados no solo son para la policía sino también para toda persona cuya obligación es mostrar un comportamiento disciplinado y con el más absoluto respeto para todos. Sensibilidad en el trato a las víctimas de un delito, señores fiscales, no es mucho pedir.

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