La transparencia en el destino de los recursos energéticos de México
Claudia Anaya Mota
En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela, derivada del juicio que enfrenta Nicolás Maduro en Nueva York, el petróleo ha vuelto a colocarse en el centro del debate internacional. No solo por su valor económico, sino por lo que representa como recurso estratégico en contextos de inestabilidad, alianzas ideológicas y regímenes autoritarios.
México no ha sido ajeno a esta discusión. Nuestro país es un importante productor de petróleo y, en el marco de gobiernos con rasgos socialistas y autoritarios como Cuba, se ha convertido en un aliado relevante. De acuerdo con información publicada por The Financial Times, entre 2023 y 2025 México envió a la isla caribeña entre 15 y 20 millones de barriles diarios de crudo. En 2024, incluso, nuestro país superó a Venezuela como principal proveedor de petróleo a Cuba.
El diario británico tituló su análisis “México corre el riesgo de enfadar a Trump con los envíos de petróleo cubano”, una advertencia que no pasó desapercibida porque en efecto, nuestro país no solo corre el riesgo de enfadar a nuestro principal socio comercial, sino que surge la alerta para que pongamos énfasis en el hecho de que las y los mexicanos, tenemos el derecho de conocer qué se hace con nuestros recursos energéticos, cuál es la política que dirige al sector, para saber si esta es exitosa o no. Muy poca gente tiene claridad de que estamos importando cerca del 50% de gasolina que consumimos, lo que demuestra que el discurso triunfalista no tiene fundamento en la realidad.
Lo anterior, cobra particular significado porque en la conferencia matutina del miércoles 7 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México no solo mantendría estos envíos, sino que se convertiría en un “proveedor importante” para Cuba, ante la salida de Venezuela de ese papel debido a su crisis interna.
Más allá del debate geopolítico, este episodio pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿Qué tanto conocemos los mexicanos sobre el destino de nuestros recursos energéticos, en particular del petróleo? La respuesta es incómoda: muy poco.
Este desconocimiento es grave, porque los recursos energéticos no son únicamente una fuente de riqueza económica; son un componente estratégico del desarrollo nacional, de la soberanía y de la justicia social. En un país que se asume democrático, con un gobierno que se define como transparente y comprometido con el combate a la corrupción, resulta indispensable que la ciudadanía tenga información clara y verificable sobre cómo se extraen, comercializan y utilizan estos recursos.
La opacidad en el manejo del petróleo abre la puerta al uso discrecional, al desvío de fondos y a decisiones que no siempre responden al interés nacional. Por el contrario, la información fortalece la rendición de cuentas y permite exigir responsabilidades tanto a los gobiernos como a las empresas involucradas.
La energía está directamente vinculada con la independencia económica y política de un país. Conocer su destino permite evaluar si las decisiones públicas fortalecen la soberanía o si, por el contrario, comprometen recursos estratégicos en condiciones desfavorables para México, ya sea en beneficio de intereses privados o de gobiernos extranjeros.
Además, los ingresos derivados del petróleo pueden traducirse en mejores servicios de salud, educación, infraestructura y programas sociales. Cuando esto no ocurre, la ciudadanía tiene derecho a cuestionar si la riqueza energética realmente se refleja en mejores condiciones de vida o si está siendo utilizada para fines ajenos al bienestar nacional, como el sostenimiento de otros regímenes.
La información es, en última instancia, un pilar de la democracia. Solo una ciudadanía informada puede participar activamente en el debate público, incidir en la formulación de políticas energéticas y evaluar proyectos de largo plazo. Esto es especialmente relevante si se considera que el petróleo no es un recurso infinito. Comprender su uso actual es indispensable para discutir una transición energética ordenada, la inversión en energías limpias y las estrategias que garanticen bienestar a las futuras generaciones.
En síntesis, conocer el destino de los recursos energéticos empodera a la sociedad, fortalece la democracia y ayuda a asegurar que una riqueza que pertenece a todos los mexicanos se utilice en beneficio del interés público nacional, no de unos cuantos, ni de intereses extranjeros.
