Los territorios del miedo
Ernesto Hernández Norzagaray
Este 2 de junio ¿cómo votarán los ciudadanos de Maravatío, Celaya, Salvatierra, Chilpancingo, Caborca, Fresnillo, Reynosa …? y, localmente los de ¿El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Jesús María, Tepuche, Tacuichamona y muchas colonias vulnerables de la periferia de las ciudades sinaloenses?
Las autoridades del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, ipso facto, sin presentar un diagnóstico o el mapa de riesgo, nos dirán que todo marcha viento en popa, que no hay materia para alarmarse y que el asesinato del dirigente panista en El Fuerte, aunque, lamentable, no es el preámbulo de nada y que en el estado se celebrarán unas elecciones que serán ejemplo de civilidad y compromiso democrático.
Sin embargo, en un escenario, donde han estado al día las amenazas contra aspirantes a cargos de representación política, renuncias a candidaturas, la afirmación de las candidaturas “correctas” y operativos en ciernes para asegurar compromisos de voto para el día de la jornada electoral, cuando no ocurren asesinatos de políticos, no parecería corresponder a unas elecciones en clave de normalidad democrática.
Más bien, todo lo contrario, si bien la fase de las precampañas y campañas constitucionales han dejado en el camino cientos, quizá, miles, de auto marginaciones y renuncias, además, hasta ahora, tres decenas de políticos asesinados en distintos estados de la federación —uno de ellos, repito, en Sinaloa— demuestran que estas elecciones concurrentes ya son la continuación de las ocurridas en 2021, cuando además de las centenas de renuncias, asesinaron a alrededor de 90 políticos en activo.
México, el 2 de junio, no sólo celebrará las llamadas “elecciones más grandes de su historia”, que deberían ser no sólo eso, sino, en las que las instituciones electorales den garantías para que estas se lleven a cabo en libertad, sin ningún tipo de coacción y amenaza.
Las autoridades no pudieron garantizar seguridad porque el INE y los institutos electorales no tienen competencias en la materia, pero sí las fiscalías electorales, que hoy son las grandes ausentes ante la presencia del crimen organizado, lo que se refleja en una sociedad abandonada que se mueve entre la incertidumbre y la esperanza.
Por un lado, está el afán por romper con la incertidumbre que generan las televisoras y redes que diariamente bombardean con malas noticias y la narrativa presidencial de que “hay menos violencia, pero hay más homicidios”.
Un galimatías político digno de la atención de un psiquiátrico y que, lamentablemente, por extensión lo siguen a pie juntillas los obradoristas más ideologizados, con tal de que su élite conserve el poder y que todos estos dislates a vuelta de los meses se conviertan en anécdotas trágicas.
Pero yendo a la pregunta inicial ¿cómo votarán los ciudadanos de aquellas ciudades o poblaciones que hoy viven o se encuentran amenazadas por la violencia narcopolítica?
Está el argumento fácil, el día de campo que pregonan las autoridades electorales, pero también los de aquellos que aseguran una combinación de abstencionismo y voto a favor de los candidatos del dueño de la plaza.
Está, uno más complejo, que corresponde a un electorado más consciente de la situación que priva en el país y las regiones capturadas por el crimen organizado. Y que no se abstendrá, aun con el riesgo que supone —y, vale decirlo así, el riesgo de salir a votar o participar como funcionario de casilla o representante de partido— y no, por el candidato del dueño de la plaza, sino por el que le dicte su conciencia ante las opciones que le ofrece la papeleta electoral.
En este tipo de votantes radica la esperanza de empezar a dar el vuelco a una vida pública que este gobierno está empeñado en continuar. ¡Que nadie se llame a engaño!
