La CNDH exhibe omisiones del gobierno y Grupo México con los afectados por derrame en el Río Sonora
Gloria Leticia Díaz
Comunidades aledañas al Río Sonora, contaminado desde hace diez años por un derrame de sustancias tóxicas ocasionado por la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, urgieron a autoridades acatar la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que reconoce las “persistentes violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable, y a la salud de las personas”.
Tras la publicación de la recomendación 50/2024, dirigida a los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía y Salud, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, de la Comisión Nacional del Agua, del IMSS-Bienestar y al gobernador de Sonora, los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) reconocieron que, “aunque tardía”, la recomendación del organismo “es un paso importante para la búsqueda de justicia”, toda vez que señala la responsabilidad de Grupo México en la tragedia y las omisiones de las autoridades federales y del gobierno de Sonora.
En un comunicado, las comunidades organizadas en los CCRS reconocieron la labor de la CNDH por reabrir el expediente de queja en 2022, tras la persistencia de denuncias de pobladores del incumplimiento de medidas de resarcimiento desde 2016, pues la queja que inicialmente se integró en 2014, el mismo año del derrame, se cerró después de “supuestas acciones llevadas a cabo entre el gobierno de México y Grupo México”.
Sobre “el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México”, como fue catalogado el derrame de tóxicos en el Río Sonora, provenientes de la mina Buenavista del Cobre, los CCRS destacaron el esfuerzo de la CNDH por alertar que las autoridades obligadas a dar respuesta “no se han coordinado entre ellas para trabajar, cuando es su responsabilidad hacerlo; han omitido cumplir con su responsabilidad, y no han implementado medidas preventivas, administrativas, ni de reparación adecuadas para nadie en la región”.
Las comunidades afectadas destacaron que, tras la entrega de la recomendación, las autoridades que se mantienen renuentes a acatarla son Conagua e IMSS-Bienestar, es decir, “han pasado casi dos sexenios y las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas para garantizar nuestros derechos, mientras la empresa responsable sigue en la impunidad”.
Los CCRS explicaron que, a casi 10 años de los hechos, el balance es que persisten los “metales pesados en la sangre, que se siguen acumulando por la persistente contaminación en agua, aire y suelo; un hospital en obra negra; citas médicas en un Hospital de Especialidades sin toxicólogos, especialistas en salud ambiental o laboratorios para análisis de metales pesados; tinacos almacenando agua de pozos contaminados; y tampoco hay planes ni compromisos para que las 36 plantas potabilizadoras operen a largo plazo”.
Abundan que en el caso de Conagua, la respuesta “va en la misma línea de su actuar durante años, en los que ha negado el acceso expedito y transparente a documentos oficiales y ha protegido los intereses de la empresa responsable”, en tanto que IMSS-Bienestar alega que “no existía como institución en el momento del derrame, omitiendo que, como autoridad sustituta tiene el deber actual de proteger a la población y que recientemente ha asumido compromisos en mesas de diálogo con las comunidades”.
La recomendación emitida el 13 de marzo reconoció que “las acciones de remediación y reparación, tanto para las comunidades afectadas como en términos medioambientales, que algunas autoridades aseguran haber realizado son insuficientes o inexistentes”.
Los habitantes de la región afectados por la contaminación del Río Sonora, aplaudieron que el organismo público de derechos humanos identificó “la responsabilidad de Grupo México en este grave desastre, y señala que la empresa tiene la obligación de remediar y reparar el daño persistente”, para lo cual las “autoridades tienen el deber de garantizar que lo haga a través de los mecanismos legales”.
Para los CCRS es de enorme valía que la CNDH haya concluido que “la falta de debida diligencia por parte de la minera para prevenir y atender el derrame ha generado múltiples violaciones a nuestros derechos humanos y afectaciones al medio ambiente”.
Los CCRS urgieron acatar las recomendaciones a las autoridades señaladas para “coordinarse y trabajar para el cumplimiento del Programa de Remediación”, así como para “garantizar atención médica especializada, acceso a agua potable y lograr la remediación y restitución total conforme a los estándares nacionales e internacionales en materia ambiental”.
Además, la CNDH recomendó la elaboración de un “diagnóstico respecto de las prospectivas y avances en la remediación del Río Sonora”, para llevar acciones a corto, mediano y largo plazo, en tanto que corresponde a la Semarnat poner en marcha “un mecanismo entre instituciones que cuente con la participación directa de la población afectada”, de acuerdo al amparo otorgado a los CCRS por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La recomendación instruyó a las autoridades verificar que las actividades extractivas en el municipio de Cananea por parte de Grupo México “no aporten contaminación adicional a cuerpos de agua, suelo y aire en la realización de sus procesos”, en particular los de lixiviación, descargas residuales, manejo de residuos peligrosos y operación de presas de jales.
Asimismo, se invocó a Conagua a “implementar acciones referentes al acaparamiento del 57% de agua en la zona por parte de Grupo México”.
Los CCRS reconocieron la labor de la CNDH por señalar de manera puntual las responsabilidades de la empresa y de las autoridades, por lo que insistieron en llamarlas a aceptar las recomendaciones, creando mesas de trabajo para coordinarse entre ellas y con las comunidades, respetando “los acuerdos que se han hecho sobre el Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora”.
