Justicia deseada, decisiones alejadas
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Las sorpresas ocurren en los momentos menos esperados. Una determinación de mero trámite hace que el Juez sufra para cumplir con la consigna impuesta.
La audiencia de revisión de medidas cautelares a la que fueron citados los Dres. Jesús Madueña Molina y Robespierre Lizárraga Otero, provocó suspiros de impotencia para los asistentes a la diligencia cuando después de haber escuchado a los fiscales y a la defensa, el Juez pasó a rascarse la barbilla y entre además de inseguridad procedió a dictar su veredicto.
Tenía entre sus datos los antecedentes de sendas sentencias de amparo que concedían la protección constitucional a los dirigentes universitarios.
Dos Jueces de Distrito señalaron que en los procesos penales en los que se les involucra a los universitarios no había delito porque no habían cometido ningún hecho indebido, que la Auditoria Superior del Estado no era competente para auditar los recursos propios de la UAS y que además los involucrados no eran servidores públicos, sino que eran trabajadores sujetos a un contrato de trabajo regidos por el apartado “A” del artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo, porque es un hecho también resuelto en diverso amparo concedido al Dr. Jesús Madueña Molina y a la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Las justificaciones de los Fiscales estuvieron muy lejos de producir en el ánimo del juzgador una motivación que lo convenciera de la necesidad del cambio de la medida cautelar solicitada.
El problema no era la situación jurídica del Rector Titular porque en su contra ya pesaba una remoción de su cargo rectoral, firmar ante la UMECA cada mes y medio y no salir del País sin el aviso judicial respectivo.
El interés de los fiscales era la remoción del cargo de Robespierre Lizárraga Otero. Querían dejar sin responsable en la conducción de la Rectoría a la Universidad de los sinaloenses.
La persecución política como terrible realidad y la orden era cumplir con la consigna de la separación mencionada. No se pudo cumplir porque los fiscales y el Juez no se animaron a aventarse ese boleto, porque sabían que no tenían elementos suficientes para la remoción ordenada en contra de Robespierre Lizárraga Otero.
No hay delito, no hubo hecho indebido, la ASE incompetente para auditar los recursos propios de la UAS, no son servidores públicos los mencionados universitarios una calidad exigida en el sujeto para configurar el delito de abuso de autoridad, sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales federales competentes para dictarlas y aun así se atrevieron a modificar las medidas cautelares que si bien no fue la de remoción del cargo si se impuso que Lizárraga Otero compareciera ante la UMECA a firmar cada dos meses y lo insólito, una garantía económica o sea una fianza por la cantidad de cincuenta mil pesos.
El mismo Juez dijo ante la audiencia que no tenía bases para imponer una garantía económica, pero aun así procedió a fijar el monto señalado porque tenía que cumplir la orden recibida, una medida inidónea porque el imputado no estaba en la hipótesis de que se sustrajera a la acción de la justicia porque es un universitario con trabajo estable en una institución educativa y además porque está probado que no ha cometido ningún delito, no es un peligro de obstaculización para el desarrollo de la investigación y tampoco un riesgo para la víctima u ofendido, para los testigos o para la comunidad, además de que el imputado está en las mejores condiciones de cumplir con sus obligaciones procesales. Tiene bajo su cargo la conducción de la Universidad más importante del Noroeste del País la Universidad Autónoma de Sinaloa ¿Esa es la justicia que deseamos tener los sinaloenses?
Persecución política sin tapujos por una Fiscalía que está muy lejos de ser un instrumento eficaz de procuración de justicia que los sinaloenses hemos soñado alguna vez.
Una Fiscalía entregada sin miramientos a un Poder Ejecutivo que dispone y ordena a placer para castigar la osadía de un Rector que se atrevió a rechazar la Ley de Educación Superior que arrodillaba a la Casa Rosalina.
Una lucha que los universitarios sostendrán para desterrar el autoritarismo y la arbitrariedad gubernamental en perjuicio de una comunidad universitaria que dará todo por el respeto a su autonomía y a su dignidad.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
