Sinaloa: La consulta y el juicio a expresidentes
Álvaro Aragón Ayala
La consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes o para “recordar” sucesos trágicos y deleznables imputados a quienes se les llamó en su tiempo los mandatarios de la nación, es un ejercicio político social de alta trascendencia para México porque será el primer paso para construir la Ley Memoria Histórica –como el caso español- a fin de darle forma legal, jurídica, a la invocación social, colectiva, histórica, democrática, como mecanismo político jurídico para compartir socialmente el reconocimiento de un “pasado concreto y trágico”.
En Sinaloa la derecha y la ultraderecha, los neoliberales, satanizaron la consulta, le dijeron “no”; en cambio, quienes le apuestan a la transformación orientan a la sociedad, la invitan a participar, a votar ya sea a favor o en contra del enjuiciamiento de los presidentes, como una dinámica que traerá en una primera instancia el repaso de sucesos que han sumido en la quiebra al país y manchado de sangre amplios territorios de la nación.
Al recordar los “errores” del pasado o los delitos de lesa humanidad cometidos por los exmandatarios de la nación no solo se trata de colocar en el banquillo de los acusados a los culpables, sino de hacer un reconocimiento a las víctimas, a la sociedad, que sufrió y aún sufre las consecuencias de los malos o pésimos gobernantes.
En el caso valenciano, la memoria democrática busca el recuerdo y el reconocimiento de aquellos que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y de los que lucharon contra la dictadura en defensa de los derechos y libertades democráticas; pero a la vez incluye también a los que hicieron posible la autonomía política de los valencianos, tanto en la Segunda República, como en la Transición iniciada en 1975.
Se busca por tanto el tributo al pasado y potenciar la identidad de una sociedad, a la vez que se le dota de una herramienta para la defensa de la democracia. Esta visión más amplia se recoge en la Ley 14/2017 de la Generalitat, que incluye dentro de la memoria democrática de los valencianos el periodo inscrito entre la proclamación de la Segunda República Española (1931) y la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana (1982
En el caso español se concibe la memoria histórica como un ejercicio político y jurídico, es decir, un conjunto de iniciativas públicas y privadas para compartir socialmente el reconocimiento de un “pasado concreto y trágico”, que pretenden vincular a las víctimas de ese pasado más o menos reciente con la sociedad actual. La Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, circunscribe este periodo a los acontecimientos ocurridos entre el estallido de la Guerra Civil (1936) y el fin de la dictadura franquista (1975)
Fabrizio Mejía Madrid, escritor y periodista, (Periódico La Jornada 03 de julio de 2021) expuso que “desde el inicio, la idea de juzgar a los ex presidentes por sus saqueos, corrupción y masacres fue enfrentada con un argumento endeble: que se les aplique “la ley” y dejen de estar preguntándole a los ciudadanos. Más allá de que la consulta también es legal y de que su pregunta la redactó la Suprema Corte, el razonamiento de que las leyes son lo mismo que la justicia es pueril”.
El asunto – escribió Mejía- es que éste no es cualquier tema: “Juzgar a los ex presidentes por las consecuencias funestas de su corrupción y guerras de exterminio no es una banalidad porque enuncia el conflicto entre el pasado y el futuro, entre víctimas y victimarios, entre una élite abusiva que saqueó, sobornó, asesinó y hasta se robó el sentido mismo de la democracia mexicana en los fraudes electorales de 1988 y 2006…”.
“…En la ficción elitista, lo hecho fue necesario, desde las privatizaciones, el Fobaproa y la guerra contra el crimen organizado. Sus víctimas debieran conformarse con sus aflicciones y desgracias. La pregunta de la consulta, no obstante, su nebulosidad, está clara para los ciudadanos, aunque no tanto para la élite empresarial: ¿debe la justicia reparar los daños a la nación con un proceso a los ex presidentes? ¿Qué significa castigar a los ex presidentes? Por supuesto que existe la conciencia de que infligirle dolor al causante del daño no cambia sustancialmente las cosas.
El tema de la consulta es otro: hacer visibles y narrativos los delitos cometidos al más alto nivel y establecer estándares públicos de responsabilidad. Hacer saber que la sociedad se toma en serio los agravios pasados y que se compromete a protegerse de futuras injusticias. Es un ‘hasta aquí’ colectivo (…) La sociedad mexicana, al menos una buena mayoría, ha pasado de decir ‘qué triste’ ante una injusticia, a decir ‘qué indignación’, es decir, ha ido de una resignación cristiana de ‘todos son iguales y así seguirán’, a una expectativa de que las cosas no se repetirán. La indignación moral es esa emoción a la que le teme la élite porque resulta, al mismo tiempo, como escribe Martha Nussbaum, indicadora de que algo está mal, motivadora de una acción, y disuasoria para quien pretenda volver a perpetrar alguna de esas injusticias. Más que hacia el pasado, la consulta es hacia el futuro”.
La consulta para enjuiciar a los ex presidentes manda la lectura de que nadie debe ser intocable. Que deben crearse las leyes para que la sociedad tenga en su poder los instrumentos para desarrollar su espíritu crítico democrático sin temor a represalias y penalizar a los presidentes que traicionen la confianza del pueblo. La narcopolítica, los delitos de lesa humanidad, la corrupción, el saqueo de recursos públicos y la irresponsabilidad que cobra vidas, no pueden ni deben de quedar impunes.
Todo debe ser castigado: Los asesinatos, la tortura, la migración forzosa, los desplazados, el ataque generalizado y el robo del dinero de los programas de apoyo a los pobres como ocurrió con la Estafa Maestra.
La sociedad debe decidir si son enjuiciados o no por traición a la patria u otros delitos graves los ex presidentes que sometieron a la nación a los designios de Washington y privatizaron la banca, Teléfonos de México, Ferrocarriles, Petróleos Mexicanos, que impulsaron en 1992 la Ley Nacional de Aguas para entregar este recurso a las grandes empresas, a los que modificaron el Artículo 27 para extinguir el ejido, a los que han permitido el saqueo de los metales preciosos de territorio nacional, a los que crearon el Fobaproa para sacar a los magnates de la banca privada de la quiebra a costillas de los contribuyentes mexicanos y aquellos que negociaron el Tratado de Libre Comercio, que pulverizó la economía nacional.
Además, si deben ser sometidos o no al imperio de la ley quienes dictaron las órdenes para la matanza de Acteal, El Charco, el Asalto a Atenco, la represión a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, los que solaparon el crimen de Pasta de Conchos y Ayontzinapa, los que ordenaron la represión de la Siderúrgica las Truchas, el que ordenó la liquidación de la empresa Mexicana de Aviación echando a la calle a 8 mil trabajadores, y los que participaron por omisión o directamente en los escandalosos fraudes de Enciclopedia, Oceanografía, Odebrech, y otros crímenes cometidos contra el erario público y la sociedad mexicana.
La consulta al pueblo para enjuiciar a los ex presidentes es un ejercicio excelente para rescatar nuestra memoria histórica, social y democrática.
