México le ensambla el futuro a EU con piezas que Washington quiere prohibir
Irving Rosales Arredondo
En una planta de 450 metros de largo en el área metropolitana de Guadalajara, trabajadores mexicanos ensamblan los servidores de inteligencia artificial más avanzados del planeta: los GB200 de Nvidia, los mismos que alimentarán el proyecto Stargate de OpenAI en centros de datos de Texas. La empresa que los fabrica es Foxconn, taiwanesa. Los semiconductores vienen de TSMC, también de Taiwán. Las tarjetas madre y los sistemas de enfriamiento líquido llegan desde Taiwán y China. El destino final es Estados Unidos.
A 1,500 kilómetros al norte, en Ciudad Juárez, la empresa taiwanesa Inventec acaba de colocar la primera piedra de su expansión de 450 millones de dólares: 45 nuevas líneas de producción de servidores para centros de datos de inteligencia artificial, con insumos que provienen del mismo ecosistema asiático. Y en el municipio de García, en el área metropolitana de Monterrey, Quanta Computer (otra empresa taiwanesa) fabrica las computadoras de a bordo de los vehículos eléctricos de Tesla, trasladando producción directamente desde Shanghái y Taiwán.
La fotografía es casi perfecta: Asia → México → Estados Unidos.
Y justamente cuando Washington exige que México dependa menos de Asia, la economía de la inteligencia artificial y la electromovilidad está haciendo que México dependa más de Asia. Esta es la gran paradoja que nadie está nombrando con suficiente claridad en la revisión del T-MEC.
El problema no es una “puerta trasera”
Hay una manera demasiado sencilla de entender la revisión del T-MEC: Estados Unidos quiere más contenido estadounidense, México quiere preservar el acceso preferencial a su principal mercado, y ambos países están tratando de ponerse de acuerdo antes de que la política comercial de Donald Trump encarezca todavía más el comercio norteamericano. Pero esa explicación se queda corta.Lo que está en juego es algo más grande. Estados Unidos está intentando convertir al T-MEC en un instrumento para reducir su dependencia de China. Washington ha colocado sobre la mesa los automóviles, el acero y el aluminio, las reglas de origen y la llamada “seguridad económica”. La pregunta relevante no es si esos objetivos son legítimos, lo son, sino si pueden alcanzarse sin destruir las cadenas productivas que hacen competitivo a Norteamérica.
Washington tiene motivos para preocuparse. Las cifras de 2025 muestran que China representa alrededor del 20.1% de las importaciones mexicanas, por unos 133,271 millones de dólares, mientras que apenas absorbe el 1.5% de nuestras exportaciones. En el primer semestre de 2026, el déficit bilateral fue de 58,167 millones de dólares.
Pero hay una diferencia fundamental entre decir que China está profundamente integrada en la economía mexicana y afirmar que México es simplemente una “puerta trasera” para mercancías chinas.
Un estudio reciente de economistas de la Reserva Federal permite hacer esa distinción con precisión. Al analizar lo ocurrido tras los aranceles estadounidenses a China de 2018 y 2019, encontraron que el transbordo directo (productos chinos que simplemente cambian de etiqueta en suelo mexicano) explicó menos del 1% del crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Lo que sí encontraron es que la producción o procesamiento de origen chino en México explicó aproximadamente el 14% de ese crecimiento.
En otras palabras, el problema no es el contrabando de etiquetas. Es que parte de la producción asiática se está incorporando estructuralmente a la plataforma manufacturera mexicana. Y eso, como muestran Foxconn, Inventec y Quanta en sus operaciones de Jalisco, Chihuahua y Nuevo León, no es un fenómeno marginal ni ilegal: es el modelo de negocio del nearshoring tecnológico.
La diferencia no es semántica. Es fundamental para diseñar una política comercial inteligente.
Una señal de inversión que conviene leer bien
Antes de hablar de lo que México debe negociar, conviene examinar lo que está ocurriendo con la inversión extranjera directa, porque la lectura oficial puede ser engañosa. México recibió 23,591 millones de dólares de IED en el primer trimestre de 2026, un récord histórico que el gobierno celebró, con razón. Pero el dato tiene una letra pequeña.
El problema está en la composición: 22,222 millones correspondieron a reinversión de utilidades de empresas ya instaladas, mientras que las nuevas inversiones fueron apenas 1,705 millones: menos del 8% del total. Las empresas que ya están en México siguen apostando por el país. Pero la nueva ola de fábricas que prometía el nearshoring no aparece con la magnitud que se anticipaba, precisamente porque los cuellos de botella en energía, agua e infraestructura frenan la instalación de nueva capacidad productiva.
Esto importa porque México no puede darse el lujo de perder la inversión que ya tiene mientras espera la que aún no llega. Una política que encarezca demasiado los insumos importados, sin que exista todavía una oferta norteamericana competitiva que los sustituya, podría producir exactamente lo contrario de lo que pretende: menos inversión nueva y más incertidumbre para la que ya existe.
El automóvil demuestra el costo
La industria automotriz confirma que este no es un riesgo teórico. Esta semana, las tres grandes automotrices de Detroit advirtieron que las nuevas exigencias que se discuten para el T-MEC podrían elevar sus costos en más de 2,000 millones de dólares anuales por fabricante. General Motors calcula que sus costos arancelarios llegarán este año a entre 2,500 y 3,500 millones de dólares; Ford estima alrededor de 1,000 millones. La propia Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos calculó que los cambios de abastecimiento para cumplir las reglas de origen vigentes entre 2020 y 2024 ya elevaron el costo variable de los componentes identificados en un promedio de 199.63 dólares por vehículo.
Las reglas de origen funcionan: pueden desplazar compras hacia proveedores norteamericanos. Pero no son gratis. La política industrial tiene un precio, y alguien termina pagándolo: el fabricante, el consumidor, o ambos. Y Detroit lo sabe, razón por la cual México y Detroit tienen, en este momento, más intereses en común de lo que Washington quisiera reconocer públicamente.
La pregunta correcta
Estados Unidos tiene razón en algo fundamental: no puede pretender reducir su dependencia de China mientras permite que una parte creciente de la producción china se desplace hacia terceros países. La Reserva Federal encontró que aproximadamente el 53% del crecimiento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos estuvo relacionado con la desviación comercial provocada por los aranceles a China. Pero solo 14 puntos porcentuales del crecimiento total estuvieron asociados con producción o procesamiento chino en México; el resto correspondió a otras formas de desviación comercial.
Ésa es la razón para no caer en la simplificación. México no es China. Tampoco es su puerta trasera. Es una economía manufacturera que se ha vuelto competitiva porque combina producción nacional, capital extranjero, tecnología asiática, insumos globales y acceso privilegiado al mercado estadounidense. Eso es exactamente lo que está en riesgo.
La discusión del T-MEC no debería ser si México tiene que escoger entre Estados Unidos y China. Debería ser cómo México puede convertirse en una plataforma norteamericana más integrada sin destruir las cadenas globales que explican buena parte de su competitividad.
Eso exige una negociación concreta, no declaraciones de principios.
Un ejemplo ilustra la diferencia. Las plantas de Foxconn en Guadalajara y de Inventec en Juárez exportan servidores a Estados Unidos utilizando procesadores taiwaneses y memorias coreanas. Washington quiere menos Asia en esa cadena. Pero no existe hoy una oferta norteamericana que sustituya esos componentes en volumen y precio.
La respuesta inteligente no es resistirse al cambio ni capitular ante él: es negociar un calendario de sustitución gradual atado a inversión real y verificable. Si TSMC o Intel construyen capacidad en Arizona o en Nuevo León, esa sustitución se vuelve posible y deseable. Si no la construyen, exigirla en papel solo encarece la producción sin generar capacidad nueva.
México debería proponer compromisos de contenido regional vinculados a inversión norteamericana verificable, no a plazos arbitrarios que generan costos sin generar capacidad. Puede comprometerse a combatir el transbordo, mejorar la trazabilidad y endurecer las reglas de origen donde haya evidencia de elusión. Pero debe negociar plazos reales, excepciones justificadas y, sobre todo, una transición que permita que la producción norteamericana sustituya gradualmente a los proveedores externos sin encarecer tanto la manufactura que Norteamérica pierda competitividad frente a la misma China que dice querer contener.
Porque hay una verdad incómoda para ambos gobiernos: Washington quiere una Norteamérica menos dependiente de China. México necesita una Norteamérica más integrada y competitiva. Esas dos cosas pueden coincidir, pero solo si la política industrial crea primero la capacidad productiva que pretende exigir después.
Lo que está ensamblando Foxconn en Guadalajara con chips taiwaneses para centros de datos en Texas no es el problema. Es, paradójicamente, parte de la solución, siempre que México entienda que su papel no es ser la frontera comercial de Trump contra China, sino la plataforma que Estados Unidos necesita para competir con ella.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
