México: caída de la pobreza sin crecimiento económico
La notable reducción de la pobreza observada en los últimos años difícilmente puede atribuirse al crecimiento de la actividad económica, cuyo desempeño ha sido insuficiente incluso para generar un aumento significativo del ingreso por habitante. ¿Cómo se explica entonces?
Fernando Cortés
En 2020, México registró la mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema multidimensional de los últimos años: 52.8% y 17.2% de la población, respectivamente, cifras ligeramente superiores a las observadas en 2016 y 2018. A partir de ese año se produjo una reducción pronunciada y sostenida. En 2024, última fecha para la que se dispone de información oficial, la pobreza multidimensional descendió a 29.6% de la población y la pobreza extrema a 5.3%. En apenas cuatro años, la pobreza se redujo casi a la mitad y la pobreza extrema en poco más de dos terceras partes.
En términos generales, la disminución de la pobreza suele asociarse con periodos de expansión económica. Cuando aumenta la producción de bienes y servicios, se incrementan el empleo y los ingresos laborales, lo que fortalece la capacidad económica de los hogares y reduce la pobreza por ingresos.
Asimismo, una mayor actividad productiva tiende a favorecer el empleo formal en detrimento del informal, ampliando la cobertura de la seguridad social y de los servicios de salud. El incremento de los ingresos mejora la alimentación, permite disminuir el trabajo infantil, favorece la permanencia escolar y facilita el mejoramiento de las condiciones de la vivienda. En conjunto, el crecimiento económico suele traducirse en avances tanto en el bienestar material como en el ejercicio de los derechos sociales, reduciendo la pobreza multidimensional.
Sin embargo, las cifras oficiales del INEGI muestran un comportamiento que rompe con ese patrón. El producto interno bruto por habitante en 2024 fue prácticamente del mismo nivel que en 2018 —poco más de 190 mil pesos anuales, a precios constantes de 2018—, mientras que la pobreza multidimensional pasó de 41.9% a 29.6% y la pobreza extrema de 7.0% a 5.3%. Estos datos sugieren que la notable reducción de la pobreza observada en los últimos años difícilmente puede atribuirse al crecimiento de la actividad económica, cuyo desempeño ha sido insuficiente incluso para generar un aumento significativo del ingreso por habitante.
¿Cómo explicar, entonces, una reducción tan importante de la pobreza en un contexto de bajo crecimiento económico?
Una primera explicación apunta a la política social implementada desde 2019, caracterizada por la ampliación de programas de carácter universal y por el predominio de las transferencias monetarias directas. Estos recursos incrementan el ingreso de los hogares, particularmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, contribuyendo a reducir la pobreza por ingresos y, por esa vía, la pobreza multidimensional. En términos generales, este mecanismo implica una redistribución del ingreso, siempre que los impuestos sean progresivos y las transferencias se concentren en los sectores de menores recursos. No obstante, diversos estudios muestran que, si bien estas transferencias reducen la pobreza, su efecto es relativamente limitado.
También se ha señalado que el creciente flujo de remesas enviadas por mexicanos residentes en el extranjero ha contribuido a disminuir la pobreza. Sin embargo, la evidencia disponible indica que, aunque las remesas ejercen un efecto favorable sobre los ingresos de numerosos hogares, su impacto agregado sobre la reducción de la pobreza es igualmente modesto.
Otro mecanismo ampliamente reconocido para disminuir la pobreza consiste en la redistribución progresiva del ingreso mediante impuestos y transferencias. Al trasladar recursos desde los grupos de mayores ingresos hacia los de menores recursos, disminuye la pobreza por ingresos y aumenta la capacidad de los hogares para superar algunas privaciones sociales. Sin embargo, durante los últimos años no se han registrado modificaciones sustanciales en la política fiscal, más allá de una mayor eficiencia en la recaudación derivada del fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización.
Lo que sí ha ocurrido es una política sostenida de recuperación del salario mínimo, orientada a revertir la prolongada pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 1986 y que se sostuvo hasta 2015 fechas en que su incremento se desvinculó del Índice Nacional de Precios al Consumidor. A partir de 2019, los incrementos salariales han superado ampliamente la inflación, impulsando una recuperación acelerada del salario mínimo real hasta aproximarse, en 2024, a los niveles observados en 1982.
El aumento del salario mínimo ha repercutido no solo en los trabajadores formales, sino también en una parte importante de quienes laboran en la economía informal, ya sea por el denominado «efecto faro» o por el incremento de la demanda de bienes y servicios producidos en ese sector, que favorece el aumento de precios y remuneraciones. Además, investigaciones del Banco de México y del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) muestran que los incrementos salariales han sido proporcionalmente mayores entre los trabajadores de menores ingresos que entre aquellos ubicados en los niveles salariales más altos.
La política de recuperación del salario mínimo, profundizada durante las dos administraciones federales más recientes, ha contribuido a redistribuir el ingreso en favor de los trabajadores con menores remuneraciones. Se trata de un doble proceso redistributivo: entre distintos grupos sociales y dentro de la clase de los trabajadores.
Al favorecer principalmente a los hogares de menores recursos, esta redistribución del ingreso reduce la pobreza por ingresos y, en consecuencia, la pobreza multidimensional. Este efecto puede reforzarse cuando los incrementos salariales permiten mejorar el acceso efectivo a derechos sociales como la educación, la salud, la seguridad social, una vivienda adecuada y una alimentación suficiente y de calidad.
La experiencia reciente muestra que es posible reducir significativamente la pobreza en un contexto de bajo crecimiento económico mediante políticas redistributivas, particularmente a través de la recuperación del salario mínimo. Sin embargo, la continuidad de esta estrategia dependerá de su viabilidad económica en el largo plazo. El desafío consiste en determinar hasta qué punto será posible seguir elevando los salarios reales sin afectar el empleo, la inversión y la estabilidad macroeconómica. La sostenibilidad de este camino será, probablemente, uno de los temas centrales del debate económico en los próximos años.
Análisis de especialistas del Programa Universirtario de Estudios del Desarrollo (PUED) son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina Enrique Provencio
Comentarios: pued@unam.mx
El autor es licenciado en Economía por la Universidad de Chile y Doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS, Occidente. Ha sido docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en sus sedes de Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Quito, San José de Costa Rica y México, Confederación Superior Centroamericana, en San José de Costa Rica, El Colegio de México, Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, CIESAS, Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chicago y en la Universidad Nacional de Montevideo, Uruguay
