Estudio ve Culiacán como “enfermo crónico de violencia” y alerta sobre la migración

Un estudio de la Universidad Autónoma de Sinaloa señala que hay una vigilancia crónica entre la población de Culiacán tras violencia desatada por la guerra interna del CDS.

Nora Gaspar Reséndiz

La violencia que sacude a Culiacán, Sinaloa, no sólo ha dejado imágenes de enfrentamientos armados y bloqueos, también ha modificado la forma en que sus habitantes se mueven, trabajan y organizan su vida cotidiana. Un estudio publicado en la International Journal of Environmental Research and Public Health concluyó que, aunque con el paso de los meses disminuyeron algunos indicadores de estrés y afectación económica, la vigilancia y las restricciones de conducta permanecieron prácticamente intactas.

“La violencia comunitaria prolongada produce trayectorias diferenciadas de adaptación psicosocial, en las que el malestar agudo disminuye mientras persiste la vigilancia crónica”, señalan los autores de la investigación elaborada principalmente por especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que partió de una encuesta a mil 163 habitantes realizada en octubre de 2024.

Ángel Radamés Rábago Monzón, docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa, y quien colaboró en el Estudio longitudinal de las adaptaciones psicosociales y conductuales a la violencia comunitaria continua en Culiacán, Sinaloa, México, dijo a SinEmbargo que “esta investigación busca entender, básicamente, qué sucede con una población cuando la violencia comunitaria no es un acontecimiento aislado, sino que es una condición que permanece con el tiempo”.

Los resultados del estudios destacan, por ejemplo, cómo en el periodo analizado, el uso reportado de medicamentos para enfrentar ansiedad o estrés cayó de 36 a 20 por ciento, mientras que la afectación económica pasó de 62 a 35 por ciento. Pero ocurrió algo distinto con los hábitos de protección: el porcentaje de personas que había alterado sus horarios, trayectos o salidas apenas descendió de 95 a 88 por ciento, una variación que no fue estadísticamente significativa.

Para los investigadores, ello apunta a “un estado de vigilancia conductual crónica”, en el que las rutinas defensivas permanecen aun cuando otros indicadores de malestar disminuyen. Para ello, explicó el investigador, llevaron a cabo un estudio en la población de Culiacán desde una perspectiva longitudinal y encontraron “que es una población que desarrolla adaptaciones frente a este entorno. ¿Qué significa? Que las personas no permanecen pasivas a la violencia. Comienzan a modificar comportamientos, rutinas y decisiones para tratar de disminuir su riesgo a la exposición”, dijo.

“Esto se refleja bastante en evitar lugares determinados, como lugares que han tenido alto impacto de violencia, que son lugares focalizados dentro de la región, como plazas, avenidas o colonias. Modifican los horarios laborales, de estudio. Dentro de la universidad también se han modificado los horarios de salida de los estudiantes, sobre todo en la tarde, y también las salidas sociales. Los restaurantes, los bares, los antros, han modificado sus horarios. Esto de cierta forma incrementa medidas de protección o cambia la manera en la que se relacionan frente al entorno”, añadió.

Migran por el tejido social

El estudio encontró, además, que el deseo de abandonar Culiacán no estuvo asociado principalmente con las dificultades económicas personales. En junio de 2025, 45 por ciento de las personas consultadas reportó una alta intención de migrar, y el factor con la asociación más fuerte fue la percepción de polarización social y desconfianza comunitaria.

“La desintegración del tejido social, más que las dificultades financieras directas, es el predictor más fuerte de la intención de migrar en este contexto”, concluyen los autores, quienes advierten que recuperar únicamente la estabilidad económica puede resultar insuficiente si no se reconstruyen también la confianza comunitaria y la legitimidad de las instituciones.

“Uno de los resultados que más nos llamó la atención fue que la intención de migrar no estuvo relacionada principalmente con las dificultades económicas, sino más bien con la percepción de que se está deteriorando el entorno social”, añadió el profesor Rábago Monzón.

El estudio destacó que el punto de partida del mismo fue el estallamiento de una guerra civil abierta al interior del Cártel de Sinaloa, el 9 de septiembre de 2024, cuando las facciones aliadas de “Los Chapitos” y de Ismael “El Mayo” Zambada, conocidas como “La Mayiza”, iniciaron con enfrentamientos armados como resultado del secuestro y entrega de “El Mayo”, líder del Cártel de Sinaloa, a las autoridades de Estados Unidos, el 25 de julio de 2024, un acto que “La Mayiza” consideró una traición.

Este hecho desató en Culiacán enfrentamientos armados; bloqueos de vías, conocidos como narcobloqueos; y una parálisis en la ciudad, ya que se tuvieron que suspender actividades educativas y comerciales básicas. Fue entonces que se retomó el concepto de violencia comunitaria crónica, a la que en la investigación se describe como un desafío para la estabilidad de territorios dominados por el crimen organizado donde se vive bajo un estado de “crisis perpetua”.

En estos entornos, agrega el estudio, las dinámicas de conflicto de alta intensidad dejan de percibirse como hechos aislados o coyunturales, transformándose en un elemento estructural e integrado a la vida cotidiana. A lo que se suma que históricamente, la ciudad de Culiacán ha operado como un punto clave tanto para el desplazamiento interno forzado como para la migración internacional.

“Nuestra pregunta de investigación parte de una preocupación muy concreta: nos preguntamos qué ocurre con una población cuando la violencia comunitaria deja de ser un acontecimiento aislado y se vuelve o convierte en una condición persistente de su vida cotidiana”, dijo el investigador al respecto. “Cuando hablamos, en el caso de Culiacán, nos interesaba conocer cómo esta exposición continua a un entorno de violencia e insegura y cómo modifica, con el paso del tiempo, la manera en la que las personas sienten, se comportan, se protegen y toman decisiones sobre su propio futuro”, agregó.

Además, a pesar de que los efectos inmediatos en materia de seguridad y crisis humanitaria se han documentado ampliamente, la investigación destaca que existe una importante falta de estudio sobre cómo la población civil en América Latina se ha ido adaptando en ámbito psicosocial y conductual a largo plazo a estos contextos de violencia.

Una adaptación a dos velocidades

El estudio se enfocó en investigar los procesos de adaptación que experimentan los residentes de Culiacán, a largo plazo frente a un contexto de violencia comunitaria. Para ello, un modelo denominado de “adaptación a dos velocidades”, el cual plantea que mientras los síntomas de malestar psicológico agudo y el estrés económico tienden a atenuarse con el paso del tiempo de manera progresiva, las conductas de autoprotección se mantienen como un hábito de vigilancia crónica.

Para ello, la investigación recurrió a mil 163 participantes, a quienes se les aplicó una encuesta en octubre de 2024. De estos mil 163 participantes, a 100 se les dio seguimiento durante nueve meses, de octubre de 2024 a junio de 2025, tras lo cual la utilización de tratamiento farmacológico para la ansiedad disminuyó del 36 por ciento al 20 por ciento, mientras que la percepción de presión económica descendió de un 62 por ciento a un 35 por ciento.

“El estudio inició con mil 163 participantes y posteriormente le dimos el seguimiento alrededor de 100 de esas mismas personas. No fueron seleccionadas porque tuvieran determinadas respuestas o porque mostraran mayores efectos de violencia, el seguimiento dependió de que pudieran ser nuevamente localizadas y que aceptaran participar en una segunda evaluación, que eso también es complejo en este tipo de estudios longitudinales”, dijo al respecto el profesor Rábago Monzón.

Sin embargo, el estudio destacó que la modificación de las rutinas diarias enfocadas a la protección apenas mostró un descenso mínimo, ya que solamente pasó del 95 por ciento al 88 por ciento, una variación que no alcanzó significancia estadística. Esta evidencia, según los investigadores detrás de este estudio, respalda que la población experimenta un alivio paulatino del impacto psicológico inmediato y económico, pero mantiene intactas sus estrategias de precaución ante el entorno de riesgo sostenido.

Respecto a las intenciones de migrar por parte de los residentes de Culiacán, los hallazgos revelaron que la presión económica no fue el factor determinante para esta motivación, al señalar que las probabilidades de contemplar la migración son significativamente mayores entre aquellos ciudadanos que se sienten inseguros ante la pérdida de legitimidad de las instituciones, la polarización social, la desintegración del orden colectivo y la erosión de la confianza comunitaria en comparación con quienes mantienen preocupaciones económicas.

La investigación destacó que la violencia comunitaria prolongada puede generar trayectorias complejas y disociadas, en las cuales pueden coexistir el estrés, aunque reducido, con una vigilancia adaptativa permanente. Por ello, se enfatizó en la necesidad de una intervención gubernamental y sanitarias que vaya más allá de lo económico o a la atención mental inmediata, ya que se deben implementar medidas orientadas a la reconstrucción de la confianza comunitaria y la restauración de la legitimidad institucional

Según el estudio, en entornos de amenaza crónica, las personas desarrollan una adaptación emocional y una persistencia de las conductas de evitación. Estas conductas protectoras, tras la exposición repetida al peligro, se transforman de respuestas temporales de afrontamiento en hábitos estables de la rutina diaria, manteniéndose incluso cuando disminuyen las emociones agudas.

“La inseguridad no solamente puede modificar lo que hacemos hoy, también puede modificar la manera en la que imaginamos nuestro futuro. Entonces, estando en este plano de la decisión, cuando una persona empieza a considerar abandonar Culiacán debido al contexto en el que vive, el problema deja de tener únicamente una dimensión individual y comienza a adquirir una dimensión social”, dijo al respecto el investigador.

Asimismo, destacó la importancia de “distinguir entre migración e intención de migrar. Nuestro estudio no dice que todas las personas efectivamente van a abandonar Culiacán, pero lo que encontramos y analizamos es que tienen la disposición o intención de considerar la migración, y eso es fundamental en el en la investigación”, detalló el profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Para evidenciar su hipótesis, los investigadores utilizaron el modelo de “adaptación a dos velocidades”, compuesto por la fase de Velocidad Aguda (Rápida) y la Fase de Vigilancia Crónica (Adaptación Lenta). La fase aguda es cuando, ante una amenaza inmediata, se presentan malestares fisiológicos, pánico económico, entre otros, por lo que, para afrontarlos, las personas podrían consumir medicamentos o sustancias para mitigar esta ansiedad.

Mientras que la Adaptación Lenta se refiere a la etapa en la que el peligro se estabiliza temporalmente, pese a lo cual, aunque la respuesta rápida cede, disminuyendo el pánico y el malestar psicológico directo, en esta fase las personas pueden dar paso a una reestructuración lenta y progresiva de su conducta. El objetivo de los especialistas fue demostrar que la reducción de la angustia no conlleva un retorno a la normalidad previa, sino la institucionalización de una vigilancia crónica integrada en la vida cotidiana.

Modificaciones como alterar las rutas de desplazamiento al trabajo, evitar salir de noche o dejar de usar ciertas líneas de transporte público quedaron fijadas de manera estructural en los hábitos de la población. De esta manera, se consolida lo que en la investigación se denominó como la “geografía del miedo”, en la cual las pautas de precaución y las restricciones de movimiento perduran de forma continua, independientemente de que los tiroteos activos o eventos violentos presenten disminuciones.

El estudio también enfatizó en la relación entre la inseguridad provocada por la violencia criminal y la decisión de migrar por motivos no estrictamente económicos, ya que tradicionalmente, la intención de migrar se ha vinculado con sólo con el ámbito financiero, sin embargo, en entornos con alta presencia de cárteles, las actividades delictivas generan una presión indirecta que no sólo colapsa los ingresos de la población, sino que altera la vida cotidiana.

Aunque académicamente se ha documentado la migración forzada por pandillas en el norte de Centroamérica, la investigación sobre Culiacán subrayó que no se ha prestado atención suficiente a cómo las guerras estructurales entre cárteles en ciudades mexicanas convierten la migración en una respuesta directa al deterioro de las condiciones socioeconómicas y la violencia sistémica.

“A partir de las teorías del contrato social y de la confianza social, conceptualizamos el colapso del contrato social como la erosión percibida de la protección institucional, la confianza comunitaria y la reciprocidad cívica bajo violencia criminal prolongada”, se indicó en la investigación.

La pérdida del orden social

El estudio plantea que bajo la violencia criminal prolongada, la ciudadanía percibe una erosión profunda de la protección institucional y del bienestar colectivo, acompañada del deterioro de las redes cívicas y la polarización social. Por ello, cuando los actores no estatales desafían violentamente al Estado y los mecanismos de afrontamiento individuales resultan insuficientes para contrarrestar este contexto, la intención de migrar deja de ser una alternativa de mejores ingresos y se transforma en la estrategia definitiva de “salida”.

El investigador explicó que sus resultados arrojaron que “hay una mayor polarización, hay una menor confianza entre la comunidad y una sensación de pérdida del orden social. Estadísticamente, como lo menciona, este factor fue significativo, más fuerte en nuestro modelo y con una asociación estimada de 11 veces mayor probabilidad, que esto es relativo, de presentar una alta intención de migrar”.

“Sin embargo, hay que ser cautelosos cuando decimos que son 11 veces más, porque el intervalo de confianza fue amplio, y esto se debe al tamaño de la muestra. Por eso no podemos decir que la violencia haga que una persona tenga exactamente 11 veces más posibilidades de irse. Lo importante del resultado es la señal que encontramos cuando las personas sienten que se están perdiendo la confianza, la convivencia y la estabilidad de su comunidad. Y eso sí aumenta la intención de considerar abandonar la ciudad donde habitan”, añadió.

La investigación examinó la evolución de la adaptación poblacional tras un periodo de mucha violencia, de octubre de 2024 a junio de 2025, momento en que los enfrentamientos armados entre grupos internos del Cártel de Sinaloa disminuyeron pero, según el estudio, la inseguridad crónica se mantuvo. Los resultados de este análisis revelaron “trayectorias divergentes en los ámbitos psicosocial, económico y conductual”.

Lo anterior, debido a que mientras algunos indicadores, los que midieron la salud mental aguda y las finanzas de los hogares, mostraron un alivio progresivo, otros apenas mostraron ciertos cambios. Esto, porque con el paso del tiempo, el porcentaje de personas que estaba utilizando fármacos para la ansiedad cayó del 36 por ciento al 20 por ciento. De la misma manera, las personas que sintieron una gran presión financiera, debido a las deudas o por recortes de gastos, disminuyeron del 62 por ciento al 35 por ciento.

Sin embargo, el estudio subrayó que el comportamiento preventivo no disminuyó al mismo ritmo, ya que a pesar de que el estrés físico y económico bajó, la mayoría de los participantes en el seguimiento del estudio se negó a abandonar sus hábitos de defensa: el 95 por ciento modificó sus rutinas al inicio de la crisis y, nueve meses después, un 88 por ciento continuaba con este tipo de medidas de protección.

Este hallazgo revela un estado de vigilancia crónica, donde la población adoptó hábitos defensivos permanentes aunque la situación inmediata parecía haber mejorado. Además, al hacer un análisis más profundo, los investigadores detectaron que “de las 16 personas que dejaron exitosamente el tratamiento farmacológico [para contrarrestar la ansiedad] entre octubre de 2024 y junio de 2025, 14 [lo que corresponde al 87.5 por ciento] todavía mantenían modificaciones activas de sus rutinas en junio de 2025”.

Además de las 27 personas que señalaron que hubo una reducción de su presión económica durante este lapso de nueve meses, 24 [lo que corresponde al 88.9 por ciento] “continuaban practicando modificaciones conductuales defensivas”. Lo anterior, según la investigación, evidencia que aunque una persona se sienta económicamente más segura o menos ansiosa, mantiene sus hábitos de protección por miedo o precaución.

El deseo de mudarse

Otro dato relevante es que al concluir el estudio de seguimiento, en junio de 2025, el 45 por ciento de los participantes expresó un fuerte deseo de mudarse de Culiacán, una decisión que, según el estudio no estaba motivada por problemas de dinero, sino por la pérdida de confianza en la comunidad y la división social. En este sentido, los investigadores destacaron que el deterioro del tejido social también es un factor que impulsa a las personas a querer abandonar su ciudad, incluso más que las dificultades económicas.

Pese a estos hallazgos, los autores señalaron que se enfrentaron a limitantes que impiden que los resultados sean representativos de toda la población de Culiacán. Por ejemplo, aunque hubo una reducción en el consumo de fármacos, no se puede afirmar que las personas hayan superado el impacto psicológico. Factores externos como la falta de acceso a servicios médicos, el costo de los fármacos o el estigma social pueden influir en que una persona deje de medicarse, por lo que menos medicina no significa un mejor bienestar mental.

Una de las principales limitaciones del análisis radicó en la muestra utilizada, compuesta por únicamente 100 participantes autoseleccionados, quienes aceptaron el seguimiento del estudio a lo largo de nueve meses, lo que contempla la posibilidad de sesgo. Otra limitante fue la falta de datos oficiales y precisos sobre la violencia local durante el periodo evaluado, octubre de 2024 a junio de 2025, tales como cifras semanales de homicidios o bloqueos.

En el estudio también se reconoció que la evaluación del contexto se basó en la percepción subjetiva de los participantes y no en datos medibles de criminalidad. Asimismo, la recolección de datos se realizó mediante autorreportes de los propios participantes, un método que es susceptible a fallas de memoria, al deseo de dar respuestas socialmente aceptadas o a interpretaciones personales de las preguntas. Por ello, y “dado que la inseguridad percibida es inherentemente subjetiva”, los investigadores sugirieron moderar las conclusiones del estudio.

“Por supuesto, pasar de 1000 participantes a cerca de 100 puede ser una de las limitantes del estudio, nos obliga a ser prudentes con la información y no podemos decir que estas 100 representan por sí solas a toda la población de Culiacán, pero tampoco significa que los resultados pierdan valor”, enfatizó Rábago Monzón. “Entonces, lo que podemos afirmar es que entre las personas que logramos seguir observamos cambios importantes en su percepción, sus conductas de protección y su intención de migrar”, añadió.

También destacó la necesidad de “realizar estudios más amplios para conocer hasta dónde estos patrones se están reproduciendo en el resto de la población”. Asimismo, subrayó que aunque “recuperar la seguridad es indispensable, pero no es suficiente, en el sentido que Sinaloa también es fundamental restablecer el tejido social y esto se ha visto afectado por largos periodos prolongados de violencia e inseguridad dentro de la región”.

“Entonces, recuperar la confianza entre vecinos, fortalecer la relación entre la ciudadanía con las instituciones, recuperar y tomar los espacios públicos y generar una mejor convivencia comunitaria, va a garantizar aumentar la atención de salud y las condiciones que permitan a las personas volver a desarrollar una vida cotidiana a través de la seguridad. Entonces, los resultados de la investigación sugieren que la estabilidad económica por sí sola no puede ser suficiente cuando las personas perciben que están perdiendo confianza y una cohesión en su comunidad. Entonces, Sinaloa necesita una reconstrucción y debe generar nuevas condiciones para que las personas confíen, convivan, participen y también puedan visualizar un futuro dentro de su propia comunidad”, concluyó.