El club de los 100 millones: 5 empresas deben al Gobierno de México las multas más altas por corrupción y se resisten a pagar

Entre 2022 y 2023 fue detectada su forma de ganar contratos públicos basada en ponerse de acuerdo y repartirse los procedimientos

Linaloe R. Flores

Son las multas más grandes, pero siguen sin cobrarse. Entre 2022 y 2023, cinco empresas recibieron sanciones económicas de 100 millones 243 mil pesos y fueron inhabilitadas hasta 2030 por ponerse de acuerdo y repartirse los procedimientos de los servicios de análisis clínicos y los bancos de sangre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Se trata de cantidades históricas. En el cúmulo de 2 mil 386 sanciones económicas que el Estado mexicano ha impuesto a proveedores que incurrieron en actos de corrupción y que no le han pagado, en los últimos 25 años, las de las empresas de este grupo son las mayores, según el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

Sus nombres son Servicios de Mínima Invasión, S.A. de C.V.; Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V.; DAI Servicios, S.A de C.V.; Int-Per, S.A. de C.V.; Proyectos en Procesos de Recursos Humanos, S.A. de C.V. y Servad Promo Asistencial, S.A. de C.V.  

Tres de ellas –Servicios de Mínima Invasión, Servad Promo Asistencial y DAI Servicios– aparecen con doble multa por la misma cantidad, los 100 millones 243 mil pesos.

Hasta ahora, ninguna de las compañías ha pagado la multa. Con ese letargo, las empresas generaron uno de los pendientes más grandes en la lista de proveedores sancionados del Gobierno. Lo que debe este grupo que le mintió al  ISSSTE, para obtener contratos, representa casi el 40 por ciento del total de multas impuestas desde 2001 hasta ahora por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG, antes Secretaría de la Función Pública). La suma total de ese adeudo por actos de corrupción es de 2 mil 79 millones 878 mil 630 pesos.

Cuando son multadas e inhabilitadas, las empresas quedan registradas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México. Ahí pueden permanecer años y sus multas formar un acumulado porque tras la sanción, las compañías tienen derecho a impugnar las resoluciones en tribunales.

El archivo de la SABG muestra multas desde 2001. Los nombres de empresas que alguna vez le brindaron servicio a dependencias de la administración pública, pero cometieron actos anómalos en perjuicio del erario, se han acumulado. 

Las conductas irregulares de las cinco empresas que deben más de 100 millones de pesos, cada una, fueron detectadas entre 2015 y 2021. Las penalizaciones  llegaron en 2022. En ese lapso, México tuvo dos gobiernos, el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Mientras, las empresas actuaron en contra del Estado con “simulación y evasión de reglas para obtener ventajas y beneficios en las contrataciones públicas”, asentó en un comunicado en 2022 la entonces Secretaría de la Función Pública (hoy SABG).

La dependencia informó que de acuerdo con denuncias recibidas entre 2015 y 2021, en las adjudicaciones de ocho servicios integrales en el ISSSTE, participaron diversas empresas que tenían un presunto acuerdo para beneficiarse entre ellas y acordaban repartirse cada una de las partidas en los procedimientos de contratación.

Las multas por corrupción que el Gobierno de México no ha cobrado

Si bien son las multas de monto mayor, las sanciones de este grupo se encuentran al lado de otras empresas que también incurrieron en actos de corrupción y que en más de dos décadas no han salido del listado de proveedores sancionados.

Mentiras sobre el número de sus trabajadores ante el Seguro Social sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos, documentación falsa, desaparición, colusión con otras empresas, tráfico de influencias o participación en tragedias son algunas de las prácticas.

Por ejemplo, ahí está el expediente de Alstom Internacional por proporcionar información falsa en una licitación de 1999 para la adquisición de transformadores de corriente y potencia de la extinta Luz y Fuerza del Centro.

Mientras que en México eludió una multa de 341 mil 200 pesos, en 2014, Alstom estuvo implicada en una trama de sobornos para ganar contratos en Indonesia. Además, en Estados Unidos pagó una amonestación de 700 millones de dólares.

Otra deuda sin saldar, entre las más antiguas, es la de la Guardería ABC S.C., de Hermosillo, Sonora, donde un incendio mató en 2009 a 49 menores de edad y dejó por lo menos cien personas con heridas graves. El caso, en el ámbito judicial, continuó su curso. En octubre dl año pasado, Sandra Lucía Téllez Nieves, copropietaria de la guardería, fue detenida en Sonora tras ser deportada de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República ejecutó la orden de aprehensión por homicidio y lesiones culposas, y se le dictó sentencia por cinco años y siete meses. Mientras, la razón social de la guardería (cuyo edificio ya no existe) continúa como deudora de una multa de 1 millón 644 mil pesos.

Han pasado por lo menos tres años desde que las cinco empresas que tienen los montos mayores en multas de la SABG fueron sancionadas.  

Sheinbaum y las nuevas sanciones a empresas proveedoras del Gobierno

En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la SABG ha impuesto 207 multas por un monto de 136 millones 817 mil 192 pesos.

Es decir, la dependencia en la que se concentró la política anticorrupción de la primera mandataria ha actuado a un ritmo de 9.4 multas por mes.

A cargo de Raquel Buenrostro Sánchez, la SABG no ha dejado intocado a ningún sector. En 2025 multó e inhabilitó a nueve empresas de vestuario, equipo táctico, uniformes, calzado y ropa médica, una medida sin precedentes.

En el pasado las empresas vestuaristas ni siquiera eran mencionadas en los esquemas de desvío de dinero como las farmacéuticas o las constructoras. Ahora, en esta administración, se convirtieron en protagonistas de las sanciones de la SABG.

Se trata de empresas que presentaron documentación falsa sobre la calidad de sus productos en varias licitaciones. Una, Strongtex S.A. de C.V. tuvo dos sanciones por esa misma anomalía.

Una de las más recientes sanciones fue para el sector cultural. La empresa Comercializadora Hermanos del Valle S.A. de C.V. recibió una multa de 171 mil 972 pesos y una inhabilitación de tres meses. La empresa también incurrió en la presentación de documentación falsa en un procedimiento de la Secretaría de Cultura.