Comunidades originarias denuncian regresión en propuesta de ley de pueblos indígenas y afromexicanos
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios originarios de la Cuenca del Anáhuac manifestó que el ejercicio, que contempla la realización de 82 asambleas regionales entre los meses de agosto y septiembre, “no es consulta”, sino más bien una simulación
Luisa Díaz González
Pueblos originarios de la cuenca del Anáhuac denunciaron su inconformidad frente al proceso de consulta pública para la iniciativa de la Ley General de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que consideran que pone en riesgo su autonomía.
El Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac (FDDPBOCA) manifestó en un comunicado que el ejercicio, que contempla la realización de 82 asambleas regionales entre los meses de agosto y septiembre, “no es consulta”, sino más bien una simulación.
Esto, puesto que, aunque el gobierno asegura que los resultados de este proceso serán incorporados al proyecto legislativo para “fortalecer su contenido”, antes de su presentación ante el Congreso de la Unión, el FDDPBOCA sostiene que no existe una garantía de que las voces indígenas serán tomadas en cuenta.
“La convocatoria y el protocolo no establecen una etapa de acuerdos o de consentimiento —como debe ocurrir en cualquier consulta— sino solo una etapa de propuestas, recomendaciones u observaciones (…) sin establecer un mecanismo para realizar acuerdos sobre el contenido final de la ley”, se lee en un posicionamiento de la organización indígena autónoma.
El pasado 22 de junio, el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), integrado por representantes de 69 pueblos, aprobó por unanimidad la iniciativa de ley presentada por el Comité Técnico Asesor encargado de elaborar la propuesta y definió la ruta para realizar la consulta nacional.
Durante la sesión, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, destacó que la consulta se desarrollará “de conformidad con el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a participar a través de sus autoridades e instituciones representativas”.
Sin embargo, el FDDPBOCA denunció que, en el caso de la Ciudad de México, la persona representante ante el Consejo, “nunca fue electa ni facultada, es totalmente desconocida y fue designada directamente por el INPI”, por lo que no consideran legítima la actuación del Consejo.
Asimismo, el frente señaló que los plazos de la consulta son “demasiado cortos” y “responden a los tiempos políticos y mediáticos del Estado”. Además, se llevará a cabo en 82 sedes que fueron determinadas por el INPI y no por los pueblos.
El pasado 29 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó la propuesta de ley durante su conferencia mañanera y declaró:
“El objetivo es que el 12 de octubre, lo que alguna vez se llamó el Día de la Raza y que hoy se llama el Día de la Resistencia de los Pueblos, sea entregada (la iniciativa) a la Cámara de Diputados”, lo que evidencia el uso político de una fecha simbólica, bajo un ajustado cronograma de consulta pública.
En esa misma conferencia, la consejera jurídica del Ejecutivo, Luisa María Alcalde Luján, informó que el proceso comenzó con una etapa informativa, del 1 de julio al 6 de agosto, dedicada a la difusión de un cuadernillo sobre la ley, y continúa con las consultas que se llevarán a cabo del 7 de agosto al 13 de septiembre.
Estas incluirán a 16 mil 728 comunidades registradas en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (CANAPIA), que representan el 20.5% de población indígena y afromexicana nacional, con 25.8 millones de personas.
Finalmente, del 21 de septiembre al 11 de octubre se llevará a cabo el proceso de “estudio y adecuación de la iniciativa”, para presentarse ante el Congreso de la Unión el 12 de octubre, día que conmemora la llegada de Cristóbal Colón al continente americano.
No obstante, el frente integrado por pueblos originarios del Anáhuac consideró que los cuadernillos difundidos no reflejan lo dispuesto en la propuesta y son: “un medio para engañar a los pueblos”. También advirtieron que la selección de los pueblos que participarán en la consulta es violatoria de derechos, ya que “no todos los pueblos están en el catálogo”.
Manifiestan preocupación por “regresión”
En dicha presentación, el titular del INPI explicó que la propuesta de ley encuentra su fundamento en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 30 de septiembre de 2024 y busca garantizar los derechos de los pueblos como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Pese a ello, el FDDPBOCA manifestó que, aunque no lo diga explícitamente, la ley se propone: “Tener mayor control administrativo sobre los pueblos indígenas y originarios”.
Señalaron que el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público queda a merced de la inscripción previa al catálogo nacional, una potestad exclusiva del INPI, por lo que “depende de la voluntad estatal”. Esto dotaría al Estado la capacidad de decidir quién es indígena y quién no.
Algo similar sucede con el registro de las autoridades tradicionales, que podría funcionar como un “mecanismo de control estatal”, apuntaron.
En lo que concierne a los recursos públicos de los pueblos, la propuesta solo reconoce al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) como medio para recibir fondos públicos, a pesar de que existen otros a nivel federal y local.
De igual forma, criticaron que la iniciativa no integra lo dispuesto en tratados internacionales en materia de medio ambiente, algo que consideran indispensable debido al lazo de los pueblos indígenas con su territorio y su papel como guardianes de la biodiversidad.
También destacaron que el reconocimiento del territorio indígena, una parte fundamental de su lucha histórica, no está dentro de la ley y “parece crearse un subsistema del régimen agrario vigente”.
Por último, pese a que Regino Montes presentó el juicio de amparo indígena y afromexicano como un logro para garantizar sus derechos colectivos, los pueblos del Anáhuac destacaron que ahora se establece un mínimo de personas para interponer un amparo, lo que en realidad funciona como una limitación para ejercer ese derecho.
Además, en un contexto de violencia, imposición de proyectos y criminalización de líderes comunitarios, como el que se vive en muchas partes del país, el FDDPBOCA subrayó que no todos los pueblos cuentan con las mismas condiciones para ejercer sus derechos, algo que no se considera en la propuesta.
Así, lo que para el titular del INPI representa un avance “después de más de 200 años de historia”, el FDDPBOCA ve como una posible regresión a sus derechos y un mecanismo de control sobre sus comunidades.
“La Ley cuenta con artículos que son regresivos y fomentan el control estatal sobre nuestra autonomía, autoridades y territorios, por lo que no representan herramientas ‘neutrales’ que puedan ser utilizadas en nuestro beneficio”, advirtió.
Por todo lo anterior, exigieron la ampliación del plazo de la consulta y modificar el texto de la convocatoria y el protocolo, así como impedir su aplicación sin la discusión de los artículos que consideran regresivos.
