Padres de los 43 piden a Sheinbaum facilitar interrogatorio a Aguirre Rivero: “Queremos hablar con él”
Padres de los normalistas desaparecidos en 2014 aclaran que, pese a la captura del exgobernador de Guerrero, continuarán sus demandas por la entrega de los más de 800 folios de inteligencia militar con información sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de ese año; también exigen el regreso del Grupo de Expertos
Gloria Leticia Díaz
Horas después de la detención de Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente en 2014, se mantenía a la expectativa del alcance que podría tener la captura de ese político, a quien le vienen exigiendo rendición de cuentas por esos hechos que han marcado la historia moderna del país.
“Desde hace casi 12 años hemos gritado a cielo abierto que era necesario investigar a Aguirre Rivero porque él sabe lo que pasó ese 26 de septiembre de 2014, creo que él sabe qué es lo que realmente pasó”, apunta González Contreras en entrevista con Proceso.
El exmandatario, electo gobernador en 2011, solicitó licencia al cargo tras la desaparición de los normalistas en 2014; y ahora fue detenido el 6 de agosto último acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) –de Ernestina Godoy Ramos– por la presunta destrucción de videos de cámaras de seguridad del Palacio de Iguala, que captaron la desaparición forzada de los jóvenes.
Tras su captura en el Estado de México, un juez de control del penal de máxima seguridad de El Altiplano, dictó el 7 de agosto la prisión preventiva para el exmandatario, cuya defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se determinará el 11 de agosto próximo.
Sorprendió al señor Mario González los señalamientos de la FGR, derivados de declaraciones de dos exfuncionarias de Guerrero, de enero y mayo de este año, en las que se le involucra a Aguirre Rivero por haber ordenado la destrucción de la evidencia videográfica.
En entrevista, el padre de César Manuel denuncia que durante estos años no se había involucrado a Aguirre Rivero con la desaparición de los videos de las cámaras de vigilancia de la fachada del Palacio de Justicia de Iguala, edificio frente al cual policías locales y de Huitzuco interceptaron el camión Estrella de Oro 1531 en el que viajaban entre 15 y 20 estudiantes, quienes habrían sido obligados a descender del vehículo mediante el uso de gases lacrimógenos, para ser detenidos y posteriormente desaparecidos.
“Esta es una nueva línea de investigación que sacaron apenas, de que supuestamente él mandó a destruir los videos, que le entregaron a él los videos y que él ordenó destruirlos y las otras pruebas que tenían del caso, no sabíamos que las tenía él”, confía González Contreras.
Agrega: “Sabíamos que Lambertina (Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado) había destruido los videos, inclusive hay una declaración de ella que decía que no tenía nada de esos videos”.
Por las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres de los 43 normalistas desaparecidos han exigido que el exmandatario estatal esclarezca todo lo que sabía de la desaparición de los jóvenes, ya que el gobierno estatal “estaba viendo en el C4 el momento exacto en que estaban atacando a nuestros muchachos; era necesario su detención para ver qué es lo que estaba pasando”.
Galeana Marín fue señalada por la FGR como responsable de la destrucción de los videos del Palacio de Justicia de Iguala y fue detenida en mayo de 2025 por delitos contra la administración de justicia y desaparición de personas, para ser recluida en el penal federal femenil número 16 de Coatlán del Río, Morelos.
En la última semana de julio último la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia, de 81 años, fue beneficiada con el cambio de la prisión preventiva por prisión domiciliara.
De hecho, a partir de esa detención, el 15 de mayo último Aguirre Rivero posteó en sus redes sociales un mensaje rechazando cualquier participación en la desaparición de los videos:
“Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entones presidenta del Tribunal Superior de Justicia. En consecuencia, jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio. Confío en que la magistrada hablar de aclarar a cabalidad los hechos que se le imputan y desmentir señalamientos dolosos que se han vertido en torno a mi persona”, sostuvo Aguirre Rivero en redes.
Después de casi 12 años de exigir verdad y justicia, Mario González no confía en el sistema de procuración de justicia y teme que sólo sea un golpe espectacular de las autoridades a más de un mes de cumplirse un aniversario más de la desaparición forzada de los 43 normalistas.
“Ojalá sirva para llegar a la verdad, que no se quede como las escenas de que están en la cárcel y no hemos podido llegar a la verdad”, sostiene González, quien afirma que la detención de Ángel Aguirre no modifica sus exigencias.
Es decir, continuarán sus demandas por la entrega de los más de 800 folios de inteligencia militar que tendrían información sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014; que se mantenga en firme la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordena la creación de una comisión especial de investigación del caso, así como el regreso del GIEI.
“Lo importante es que los padres no van a soltar sus demandas por la detención de Aguirre, lo importante sería que hablara; esta investigación, ese hilo, creo que apenas es el primer paso, esperemos que se puedan jalar más hilos de ahí y adelante, seguir para adelante”, dice González Contreras.
Al señalar que el 28 de julio último la presidenta Claudia Sheinbaum había programado una reunión con los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, pero que al final no se realizó, Mario González advierte que en el contexto de la detención de Aguirre Rivero la mandataria podría intervenir:
“Yo creo que ahí en la Presidencia se tiene que apoyar, o con nuestros abogados hacer la petición porque nosotros queremos hablar con Aguirre, asÍ como cuando fuimos a hablar con los demás detenidos que estaban en Jalisco.
“Sabemos que no se va a echar la soga al cuello, pero por eso se tienen que hacer las investigaciones pertinentes, la Covaj (Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa), el fiscal especial, para eso se les contrató, para hacer las investigaciones, no nada más de ser una detención y ya, queremos respuestas a las preguntas que tenemos desde el día uno en que ocurrieron los hechos: dónde están nuestros muchachos, por qué se los llevaron y quién fue”, expone Mario González.
Hay funcionarios que quieren hablar
Humberto Guerrero Rosales, abogado del Centro de Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones que representa a los familiares de los estudiantes desaparecidos, recuerda que, durante las mesas de trabajo de la Covaj, mientras estuvo al frente de ella Alejandro Encinas, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los familiares fueron insistentes en llamar a cuentas al exgobernador.
La exigencia de los familiares tuvo frutos en junio de 2019, cuando el exgobernador rindió declaración en la Covaj, así como ante la Unidad Especializada de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), siendo acompañado por su abogado, José Luis Nassar Daw, hijo de Miguel Nassar Haro, exdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
“En esa reunión, él dio la versión que siempre ha dado, que trató de agotar la investigación hasta donde más pudo durante el tiempo que la investigación estuvo en estado de Guerrero, que posteriormente fue atraída por la FGR, y a partir de ahí ya no tuvo ningún tipo de injerencia”, recuerda Guerrero Rosales.
Agrega que, en la exposición del exgobernador, en la que también estuvo quien fuera su procurador, Iñaki Blanco Cabrera, sostuvo que “buena parte de lo que logró en la investigación se tuvo gracias a lo que se recabó por parte de su gobierno, entre ellas las detenciones que estaban vigentes en su momento, pero no reveló ningún otro dato interesante como el paradero de los estudiantes o sobre la participación de otras autoridades federales”.
El abogado de los padres de los estudiantes desaparecidos, resalta que recientemente tuvieron información de que personas detenidas por la destrucción de los videos estarían dispuestas a colaborar.
Además de Lambertina Galeana, por el tema de la destrucción de los videos del Palacio de Justicia, la FGR detuvo en marzo último a Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, una adulta mayor de 73 años, cuyo departamento en Chilpancingo fue aparatosamente intervenido por fuerzas federales, en el que supuestamente se encontraron cinco cartuchos de arma de fuego y cinco cajas de medicamentos controlados.
“En efecto, nosotros sabíamos que había gente ya en proceso vinculada específicamente al tema de los videos, y que al menos una de esas personas estaba en disposición de colaborar y aportar más información sobre qué había ocurrido con el tema de los videos; asumimos que, pues son esas personas o al menos una persona quien habría dado información que ahora vincula directamente a Ángela Aguirre con ese tema.
“Si se confirma que efectivamente son personas que tenían, injerencia directa en la disposición de los videos, es una acusación verosímil la que se formula contra el exgobernador”, dice Guerrero Rosales.
Sin embargo, el abogado advierte que se debe tener cautela con la acusación contra el exgobernador tomando en cuenta la primera explicación de la fiscal Ernestina Godoy.
“La fiscal pareciera dar a entender que, a partir de estos videos, Ángel Aguirre de pronto fue como el autor intelectual de todo un plan de ocultamiento de información, y creo que ahí hay que ser muy cautelosos, sobre cuál fue el alcance de ese plan de ocultamiento del exgobernador porque la otra cosa que sí ya está probada también en el caso es que también autoridades federales han manipulado u ocultado información.
“¿Cómo interpretamos la afirmación con la que cierra Ernestina? ¿Qué Ángel Aguirre se coordinó con autoridades federales en ese ocultamiento? ¿O las autoridades federales generaron su propio plan de ocultamiento?”, cuestiona Humberto Guerrero.
De hecho, en los informes del caso Ayotzinapa, tanto los elaborados por la Covaj como los del GIEI no existe una mención que vincule directamente al exgobernador con los videos desaparecidos y en los que habría imágenes sobre el momento en que los estudiantes fueron sometidos y detenidos por agentes municipales, así como del rumbo que habrían tomado los vehículos oficiales.
Lo que existe sobre Aguirre Rivero son los antecedentes de su gobierno en hechos violentos relacionados con los normalistas de Ayotzinapa, como lo fue la represión de estudiantes en diciembre de 2011 en Chilpancingo, que dejó un saldo de dos estudiantes muertos tras un operativo policiaco para liberar la Autopista del Sol, que había sido tomada por los normalistas como una medida de presión para exigir mejores condiciones en la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Tras los hechos del 26 de septiembre de 2014, en torno de la figura de Ángel Aguirre, fueron versiones sobre su relación con el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, sobre todo con la esposa de éste, María de los Ángeles Pineda Villa, a quien se le vinculaba con el Cártel de los Beltrán Leyva, línea de investigación que nunca ha sido explorada.
