Sinaloa: La trampa de las “Coordinaciones”
Alvaro Aragón Ayala
En medio del estruendo mediático en Sinaloa, una verdad jurídica y política de alto calibre ha pasado inadvertida para los aspirantes: ganar la Coordinación de Defensa de la Transformación no garantiza de forma automática la candidatura a la gubernatura. La propia Citlalli Hernández, en su calidad de presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, se encargó de poner los puntos sobre las i al precisar que la convocatoria no genera una obligación jurídica para que el partido postule formalmente a quien resulte victorioso en este proceso interno.
La advertencia cobra relevancia en un escenario donde la efervescencia política local ha alcanzado su punto más alto. Doce aspirantes —entre alcaldes, legisladores y operadores de peso— se disputan hoy el nombramiento en una contienda que ya se cobró su primera baja en la mesa tras la virtual eliminación de una competidora por no haber renunciado a su cargo público en los tiempos estipulados.
En los hechos, el Consejo Nacional de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones y la alianza estratégica con el PVEM y el PT conservan la facultad estatutaria e institucional para postular a última hora a un perfil totalmente distinto, alguien que ni siquiera haya figurado en la contienda actual. Nada en el marco legal electoral ni en los estatutos del partido se los impide.
EL PRECEDENTE DE 2024
Para entender el movimiento de piezas en Sinaloa, hay que descifrar el andamiaje jurídico que Morena diseñó a nivel nacional para la sucesión presidencial de 2024. Lo de Sinaloa, entonces, no se trata de una improvisación, sino de un modelo de selección en dos tiempos diseñado para eludir los riesgos de “actos anticipados de campaña” ante la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE):
EL PROCESO PARTIDISTA INTERNO
El 11 de junio de 2023, el Consejo Nacional aprobó un acuerdo normativo que funcionó como “convocatoria blindada” para la Coordinación Nacional. No se convocó a una candidatura presidencial -lo cual habría sido ilegal antes de noviembre-, sino a la construcción de un liderazgo partidista. Este modelo de Procesos Políticos Inéditos fue respaldado por el Tribunal Electoral (TEPJF) y regulado de forma extraordinaria por el INE mediante el acuerdo INE/CG448/2023.
Una vez iniciado el Proceso Electoral Federal, Morena no repitió el concurso. Simplemente convalidó el resultado del proceso previo: notificó al INE en octubre de 2023 que la encuesta realizada era su método oficial de selección, emitió en noviembre una convocatoria de registro único de precandidatura para Claudia Sheinbaum y formalizó su registro definitivo ante el órgano electoral en febrero de 2024.
En Sinaloa se reproduce esa misma ingeniería institucional. La convocatoria actual administra registros, depura perfiles -donde la Comisión Nacional de Elecciones filtrará la lista inicial para dejar solo a seis finalistas que irán a la encuesta- y mide posicionamientos. Pero no constituye el acto de registro constitucional de candidaturas.
Es aquí, pues, donde “descansa” la trampa del tablero político sinaloense: la convocatoria otorga a la Comisión Nacional de Elecciones la facultad discrecional de evaluar la idoneidad de los perfiles, pero si la coyuntura política, los criterios de paridad de género o los equilibrios con la alianza Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) lo demandan, el partido puede declarar insatisfactorios los perfiles o hacer valer reservas de coalición para nombrar a un tercero.
Al no ser un proceso de precampaña formal bajo la ley electoral ordinaria, la designación del “Coordinador” no es vinculante, no crea un derecho adquirido irrestricto sobre la candidatura oficial a la gubernatura. El “ganador” de la encuesta obtiene un nombramiento político interno, mas no un nombramiento constitucional. Los contendientes recorren el estado construyendo estructuras y promocionando su imagen bajo la sombrilla de la “Defensa de la Transformación”, sin embargo, la cúpula nacional y los aliados estratégicos retienen la última palabra.
El filtro que reduzca la lista de 12 a 6 aspirantes dejará fuera las primeras aspiraciones, pero el desenlace no se escribirá en el levantamiento de las encuestas en Sinaloa, sino en las mesas de negociación donde el Consejo Nacional de Morena, la CNE y las dirigencias del PVEM y PT analicen el mapa electoral global.
En Sinaloa, la contienda por la Coordinación es una prueba de fuego de posicionamiento y disciplina; pero para quien aspire a la candidatura constitucional, el reto será mantener la viabilidad política hasta el momento en que se firme, ante el órgano electoral local, el registro oficial de la coalición. Hasta que ese sello no esté plasmado, nadie puede cantarse victoria.
