El recuento de los daños: México 2026, el festejódromo que nadie diseñó a tiempo
El partido que debería preocupar de verdad a quien piensa la seguridad pública no se jugó en una cancha: se jugó y se perdió con víctimas mortales.
Alberto Guerrero Baena
Ni siquiera con 99,000 hombres armados
México cerró su participación como sede del Mundial 2026 el 5 de julio, eliminado por Inglaterra en el Estadio Ciudad de México. Pero el partido que debería preocupar de verdad a quien piensa la seguridad pública no se jugó en una cancha: se jugó, y se perdió con víctimas mortales, en Paseo de la Reforma la noche del 30 de junio.
Y se perdió, hay que decirlo sin eufemismos, pese a contar con uno de los despliegues de fuerza más grandes que México ha montado para un evento deportivo.
Una tragedia anunciada por la propia lógica del festejo
Los hechos son estos: una celebración espontánea que congregó a más de un millón de personas terminó en una estampida con cuatro fallecidos —tres por asfixia, uno por paro cardiorrespiratorio— y al menos 22 heridos graves entre más de 1,600 atenciones médicas.
Esa misma noche, en Yautepec, Morelos, un ataque armado contra una reunión vecinal que transmitía el mismo partido dejó tres muertos y nueve heridos, con un móvil aparentemente político-local.
Dos tragedias, la misma fecha, y una autoridad que llegó tarde a ambas.
La Jefatura de Gobierno capitalina fue ampliando la infraestructura del festejo —de una pantalla en la inauguración a treinta y nueve para el partido contra Ecuador— conforme crecía la afluencia.
Eso no es planeación: es improvisación disfrazada de éxito de convocatoria.
No tengo evidencia de que existiera, antes del 30 de junio, un mecanismo público de límite de aforo en tiempo real para ese corredor.
La prueba más contundente de esa ausencia es que la propuesta de un “semáforo de ocupación” la presentó un legislador después de la tragedia, no antes. Se corrige el protocolo con los muertos ya contados.
Fuerza desplegada, inteligencia ausente
Aquí es donde la crítica debe ser más severa, porque el argumento oficial durante meses fue precisamente el contrario: que México estaba blindado por un despliegue sin precedente.
El Plan Kukulkán movilizó 99,000 elementos de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y otras corporaciones, apoyados por más de 2,000 vehículos militares, drones y aeronaves de vigilancia. Es, en volumen, un operativo enorme.
Pero volumen no es lo mismo que función, y la función de todo ese aparato, la noche del 30 de junio, fue exclusivamente reactiva: contener después de que la aglomeración ya era peligrosa, atender después de que la estampida ya había ocurrido, trasladar heridos después del colapso.
No encontré, en la información disponible, evidencia de que ese despliegue haya incluido labores de inteligencia predictiva aplicadas al espacio público abierto: conteo dinámico de aforo, alertas tempranas de saturación, protocolos de cierre de acceso antes del punto crítico.
El aparato de seguridad más grande de la historia reciente del país estuvo, esa noche, para reaccionar a la catástrofe, no para anticiparla.
Esa distinción —entre fuerza desplegada y fuerza que piensa antes de actuar— es, a mi juicio, el fracaso más serio y menos discutido de todo el operativo mundialista, porque revela que la doctrina aplicada fue de contención de daños, no de prevención de riesgos.
La misma improvisación, aplicada a la protesta social
El gobierno mostró un reflejo idéntico en un segundo frente: la gestión de la disidencia.
La CNTE mantuvo movilizaciones sostenidas desde mayo, con episodios de tensión documentados —una denuncia de artefactos explosivos lanzados por la policía el 1 de junio, que no he podido confirmar de forma independiente más allá de la versión del propio dirigente sindical—, mientras organizaciones como Tlachinollan hablaban de “criminalización de la protesta”.
No tengo elementos para afirmar que hubo represión sistemática, ni para descartarla; ambas partes tienen interés en su propia narrativa.
Lo que sí es un hecho verificable es que la propia presidenta anticipó, antes de la inauguración, el riesgo de que la nota internacional fuera sobre represión.
Un gobierno que verbaliza ese riesgo con esa claridad y aun así no logra evitar episodios de tensión documentados no está gestionando la causa: está gestionando la narrativa.
El punto ciego que se repite
El hilo que conecta ambos frentes es el mismo: un aparato de seguridad construido con enorme anticipación para el “adentro” del evento —estadios, delegaciones, recintos con puertas— y una capacidad de reacción notablemente más débil, y ninguna capacidad de anticipación visible, para todo lo que ocurre “afuera”, en el espacio que ningún boleto controla.
No es un problema de cuántos elementos se desplegaron.
Es un problema de qué se les pidió hacer con esos elementos, y la respuesta, con la evidencia disponible, es: reaccionar, no prevenir.
