Temas legislativos y defensa de los derechos ciudadanos
Mientras la población de nuestro país espera una mejoría en el sistema de justicia, ¿qué es lo que hace el régimen? Garantizar inmunidad procesal para las personas acusadas por el gobierno de EU de aliarse con el crimen organizado.
Ivonne Ortega Pacheco
En medio de severos cuestionamientos nacionales e internacionales por la defensa institucional a gobernantes y funcionarios acusados de irregularidades, incluso de colusión con el crimen organizado, el régimen promueve una serie de reformas legislativas que tienen un contexto cuestionable.
Primero, tenemos las adiciones o modificaciones que se pretende realizar a los procesos que nacieron con la mal llamada reforma judicial.
Pero de entrada, debemos considerar que en todo caso una acción así en realidad no resuelve el problema de la justicia en nuestro país.
El régimen de Morena y sus aliados pretende reducir la discusión sobre cómo mejorar el sistema de impartición de justicia en México a simplemente hablar de cómo simplificar las boletas y las listas de aspirantes a ser personas juzgadoras, solo les faltó incluir el color de las boletas o el material de mamparas en las urnas.
Pero les tengo una noticia: el “nuevo” sistema no ha agilizado en nada la impartición de justicia en el par de años que lleva de aplicación. Incluso ha terminado por empeorarlo, y en su institución cumbre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada sesión es una triste exhibición de cuán lejos estamos de la calidad en las discusiones y del respeto a la Constitución y las leyes.
Si de verdad en el oficialismo quisieran hablar de justicia, empezarían por fortalecer y capacitar, profesionalizar a ministerios públicos, fiscalías, policías municipales y estatales, y a organizar un sistema orientado a generar paz y acceso a los procesos de justicia para millones de mexicanas y mexicanos.
La realidad cotidiana es apabullante para millones de personas que viven en un ambiente de inseguridad e injusticias.
Y mientras la población de nuestro país espera una mejoría en el sistema de justicia, ¿qué es lo que hace el régimen? Garantizar inmunidad procesal para personas como el diputado Cuauhtémoc Blanco, acusado de presunta violación por su propia hermana, y le da todas las facilidades para sobrellevar cualquier proceso al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al senador con licencia Enrique Insunza Cázarez y a las demás personas acusadas por el gobierno de Estados Unidos de aliarse con el crimen organizado.
¿Eso es mejorar la justicia? Porque se ve y suena más a mantener y reforzar privilegios para unos cuantos. Se ve y suena más a proteger a los amigos del régimen.
También, el oficialismo legislativo ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa para “evitar” o quizá “combatir” la “intervención extranjera” en las elecciones mexicanas. Incluso se habla de nulidad de elecciones en las que se presuma una “intervención” extranjera.
Pero en realidad este movimiento tiene más facha de ser otro instrumento de control electoral, o al menos parece un intento de control electoral. Esto a pesar de que el oficialismo tiene en la práctica notoria influencia sobre las instituciones relacionadas con los procesos electorales.
¿Cuál es la inquietud oficialista? ¿El crecimiento de la oposición o que haya alguna “asesoría” internacional hacia algún partido político? Son interrogantes que llamarían la atención en un contexto en el que el oficialismo ha recurrido precisamente a asesores extranjeros, y hay muestras de ello en varias latitudes y contextos.
Defender la soberanía nacional no debe ser el motivo que disfrace una acción de presión política o de ataque contra la oposición; dar la cara por México no conlleva o no debería conllevar una herramienta político-electoral.
La seguridad pública es una actividad especializada que demanda objetividad y sentido del deber. Contaminar esa noble tarea con intenciones proselitistas es una traición a todo concepto de Nación y de Patria.
Se vienen asuntos sensibles en el quehacer legislativo, que habremos de abordar con una premisa fija: el interés nacional por encima de cualquier otro objetivo particular. Solo de esa forma podremos cumplir con el juramento de guardar y hacer guardar la suprema ley de la República.
