La reforma que nació de un ajuste de cuentas
Jorge Javier Romero Vadillo
“La captura de Gordillo despejó el camino para la aprobación de la reforma constitucional con una eficacia que ninguna negociación política habría conseguido”.
La semana pasada dejé la historia en un punto que habría parecido inverosímil apenas unos meses antes. Después de una campaña donde evitó cuestionar la esencia del arreglo corporativo, mientras pretendía contemporizar con el poder acumulado por Elba Esther Gordillo, el equipo de transición de Enrique Peña Nieto comenzó a buscar a quienes, desde organizaciones de la sociedad civil de orientaciones muy distintas, llevábamos tiempo insistiendo en la necesidad de desmontar aquel entramado institucional. El mismo PRI que durante décadas había construido el sistema de incentivos que mantenía capturada la carrera docente aparecía ahora dispuesto a modificarlo. La explicación de aquel giro difícilmente podía encontrarse en una súbita iluminación pedagógica de la nueva elite gobernante. En realidad, la afrenta que Elba Esther había infligido al partido todavía escocía. La reforma educativa de 2013 descansó sobre diagnósticos sólidos, una discusión pública de varios años y el trabajo persistente de numerosas organizaciones civiles. También encontró un impulso formidable en una vieja tradición de la política mexicana: castigar la indisciplina cuando ya no resulta posible tolerarla.
Las reuniones comenzaron en pleno proceso de transición antes de la toma de posesión. Pocas semanas después de la elección de 2012, quienes habíamos participado en Diez por la Educación empezamos a recibir llamadas inesperadas del equipo del Presidente electo. El contraste con la campaña resultaba evidente. Durante los meses anteriores Peña Nieto había respondido con calculada ambigüedad a nuestras propuestas y había evitado cualquier confrontación abierta con el SNTE. De pronto, el nuevo gobierno quería discutir una reforma educativa de gran calado y, conforme avanzaban las reuniones, pronto quedó claro que el nuevo gobierno estaba dispuesto a recuperar una parte sustancial de las propuestas que distintas organizaciones veníamos elaborando desde años atrás.
Las organizaciones convocadas tampoco llegábamos con una visión uniforme de la reforma. Desde la Coalición Ciudadana por la Educación sosteníamos que el problema de fondo residía en el arreglo institucional construido desde 1946, que había entregado al sindicato el control efectivo sobre la carrera docente. Nuestra propuesta consistía en desmontar esos derechos de propiedad sobre las plazas y sustituirlos por un verdadero sistema de profesionalización, basado en estímulos que volvieran atractivo enseñar mejor. Mexicanos Primero, en cambio, colocaba el énfasis en la evaluación como mecanismo para determinar la permanencia de los profesores en el servicio. Las diferencias eran importantes y, como después se comprobaría, tendrían consecuencias en la legislación secundaria. Aun así, existía un amplio acuerdo sobre el diagnóstico: mientras el ingreso, las promociones y los ascensos siguieran dependiendo de la intermediación corporativa, cualquier reforma educativa terminaría estrellándose contra el mismo muro que había detenido a todas las anteriores.
El discurso de toma de posesión de Enrique Peña Nieto confirmó que aquellas conversaciones no eran un simple ejercicio de cortesía política. La recuperación de la rectoría del Estado sobre el sistema educativo, la creación del Servicio Profesional Docente y el fortalecimiento constitucional del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación quedaron convertidos en compromisos explícitos del nuevo gobierno. Quienes habíamos participado en esas discusiones reconocimos de inmediato buena parte del lenguaje y de las propuestas que durante años habíamos defendido desde distintos espacios. Por primera vez en mucho tiempo, el debate educativo dejaba de girar alrededor de la cobertura y colocaba en el centro la arquitectura institucional del sistema. Se abría una oportunidad excepcional. La Constitución podía modificar, al fin, las reglas del juego que habían protegido durante casi siete décadas el poder corporativo sobre la educación básica.
A pesar de esas diferencias, el diálogo resultó extraordinariamente productivo. Las organizaciones civiles, los legisladores y el propio gobierno fueron construyendo un terreno común que permitió traducir diagnósticos muy distintos en una reforma constitucional notablemente sólida. El nuevo texto del artículo tercero recuperaba la rectoría del Estado sobre la educación, creaba el Servicio Profesional Docente, fortalecía constitucionalmente al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y, sobre todo, comenzaba a desmontar el viejo arreglo institucional que durante décadas había colocado en manos del sindicato el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros. Por primera vez desde el decreto presidencial de 1946, la Constitución modificaba las reglas del juego sobre las que descansaba el poder corporativo del SNTE.
El sistema político mexicano suele administrar la justicia con notable sentido de la oportunidad. Mientras los representantes de las organizaciones civiles nos encontrábamos reunidos con integrantes de la Comisión de Educación del Senado revisando los últimos detalles de la reforma constitucional, comenzaron a llegar los primeros mensajes a los celulares: Elba Esther Gordillo acababa de ser detenida. La noticia recorrió la sala en cuestión de segundos y nadie necesitó demasiadas explicaciones para entender lo que estaba ocurriendo. Las acusaciones de corrupción llevaban años circulando en la prensa y en los corrillos políticos. La novedad consistía en que la dirigente sindical había perdido la protección que durante tanto tiempo la había vuelto prácticamente intocable. Había llegado la hora de la revancha.
La captura de Gordillo despejó el camino para la aprobación de la reforma constitucional con una eficacia que ninguna negociación política habría conseguido. El SNTE quedó súbitamente disciplinado y desapareció toda posibilidad de una resistencia organizada desde la estructura oficial del sindicato. La oposición quedó concentrada en la CNTE, cuya capacidad de movilización sería suficiente para convertir la aplicación de la reforma en un conflicto permanente, aunque ya no para impedir que el nuevo texto constitucional modificara los fundamentos jurídicos del sistema educativo.
Ahí concluyó la etapa más prometedora de todo el proceso reformista. La discusión constitucional había demostrado que era posible construir acuerdos amplios alrededor de un cambio institucional profundo, y que organizaciones con diagnósticos e incluso concepciones distintas de la profesionalización docente podían encontrar puntos de coincidencia cuando el objetivo consistía en desmontar el entramado corporativo heredado del viejo régimen. La legislación secundaria se encargó muy pronto de estrechar aquella ventana. Fue extraordinariamente tacaña con los maestros y terminó desdibujando una parte importante del impulso reformador que había alcanzado la Constitución. De esa historia y de la reacción que provocó escribiré la próxima semana.
