La autonomía administrada
Pablo Martínez*
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) surge como un intento de transformar la escuela pública desde una lógica distinta a la que predominó durante buena parte del siglo XX; no es la panacea ni la solución definitiva a los problemas históricos del sistema educativo mexicano, pero sí representa un cambio en la manera de concebir el currículo, la enseñanza y el papel del magisterio.
En lugar de un currículo homogéneo y prescriptivo, plantea una mayor autonomía profesional para las y los docentes, reconoce la diversidad de los contextos escolares y apuesta por una educación construida desde las comunidades. El cambio propuesto no se limita a los contenidos de enseñanza: implica, al menos en el plano discursivo, una nueva manera de comprender la escuela y la labor docente.
La autonomía profesional constituye, quizá, el elemento más significativo de esta propuesta; durante décadas, las políticas educativas se caracterizaron por una fuerte centralización de las decisiones curriculares y pedagógicas, donde el profesorado desempeñó, en gran medida, el papel de ejecutor de programas diseñados desde instancias superiores.
La NEM intenta modificar esa relación al reconocer que ninguna política educativa puede responder de manera uniforme a la diversidad cultural, lingüística y territorial del país; la autonomía deja entonces de entenderse como un margen excepcional de acción para convertirse en una condición necesaria de la práctica educativa y del reconocimiento del juicio profesional de las y los docentes.
Sin embargo, es precisamente aquí donde aparece una de las principales tensiones de la reforma; la autonomía no intenta abrirse paso únicamente entre normas, formatos o procedimientos administrativos, sino frente a una forma histórica de comprender el gobierno de las escuelas; durante décadas, el sistema educativo construyó una cultura institucional en la que dirigir significó supervisar, documentar, verificar y controlar; la NEM intenta una lógica distinta, sustentada en la confianza profesional, la contextualización curricular y la capacidad de decisión de las escuelas, pero esa nueva visión convive con instituciones que continúan operando bajo los significados del modelo anterior.
Reducir esta discusión al exceso de trámites sería simplificar el problema; toda institución pública requiere mecanismos de coordinación y rendición de cuentas. La dificultad aparece cuando esos mecanismos dejan de ser instrumentos de apoyo para convertirse en el principio organizador de la vida escolar. En ese momento, la autonomía deja de descansar en el juicio profesional del magisterio y comienza a depender de la autorización permanente del aparato administrativo.
Paradójicamente, una política educativa que busca fortalecer la capacidad de decisión de las escuelas termina reproduciendo prácticas en las que el cumplimiento documental adquiere mayor relevancia que la deliberación pedagógica. Esta paradoja puede comprenderse desde lo que propone Castoriadis; las instituciones no se sostienen únicamente por leyes, reglamentos o procedimientos, sino por significaciones imaginarias que orientan la manera en que una sociedad comprende la autoridad, el poder y la organización colectiva.
Esas significaciones producen hábitos, formas de relación y criterios de legitimidad que tienden a reproducirse incluso cuando cambian los discursos oficiales. En otras palabras, las instituciones suelen cambiar más lentamente que las reformas que pretenden transformarlas. Desde este punto, la NEM puede entenderse como un proyecto instituyente que busca modificar la manera en que se concibe la escuela, el currículo y el papel del profesorado, apostando por relaciones más horizontales, decisiones contextualizadas y una mayor participación de las comunidades.
Sin embargo, ese proyecto se desarrolla dentro de un orden instituido que continúa asociando el buen funcionamiento escolar con la supervisión, la evidencia documental y el control administrativo. La burocracia, en este sentido, no constituye el problema en sí mismo, sino la expresión de un imaginario institucional que sigue entendiendo el gobierno educativo desde la vigilancia antes que desde la confianza.
Quizá el principal desafío de la Nueva Escuela Mexicana no consista en producir nuevos documentos curriculares ni en ajustar nuevamente los mecanismos de evaluación; el reto más profundo parece encontrarse en transformar la forma en que el propio sistema educativo imagina el ejercicio de la autoridad y la organización escolar; mientras la autonomía profesional siga dependiendo de estructuras que privilegian el control sobre la confianza, la reforma correrá el riesgo de permanecer como una promesa discursiva más que como una transformación efectiva de la vida cotidiana de las escuelas.
La autonomía no puede consolidarse cuando necesita ser autorizada permanentemente por la misma estructura que afirma promoverla.
*Profesor
