“Secuestra” Hacienda subsidio de la UAS

Álvaro Aragón / CAMPUS

La educación superior en México atraviesa un momento crítico, pero lo que sucede con la Universidad Autónoma de Sinaloa es un síntoma alarmante de una desconexión profunda entre el discurso oficial de la Federación y la realidad operativa. Mientras las leyes federales dictan tiempos y formas, la realidad en las cuentas universitarias es de un vacío absoluto: el subsidio de enero simplemente no ha llegado. Lo tiene “secuestrado” la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública.

En un manifiesto publicado hoy jueves por la Universidad Autónoma de Sinaloa, dirigidos al secretario de Educación Pública y al Subsecretario de Educación Superior, Mario Delgado Carrillo y Ricardo Villanueva Lomelí, la institución precisa que, desde los primeros días de enero, la institución agotó cada trámite administrativo exigido por la normativa federal para la firma del Convenio de Apoyo Financiero 2026. Con el respaldo del Gobierno del Estado, la documentación fue entregada en tiempo y forma.

Sin embargo, la respuesta de la Secretaría de Educación Pública y sobretodo de la Secretaría de Hacienda ha sido el silencio presupuestal. Hoy, 5 de febrero, la promesa de entrega ha caducado, dejando en el aire la operatividad de una de las casas de estudio más importantes del noroeste del país.

Hablar de “recursos” o “subsidios” puede sonar abstracto, pero detrás de esos conceptos están las personas: docentes e investigadores que sostienen la calidad educativa, personal administrativo que garantiza el funcionamiento diario, jubilados que, aunque gozan de una pensión del IMSS, dependen también del pago de su prestación de retiro para cubrir sus necesidades más elementales, incluso para el pago de medicamentos.

No enviar el subsidio para pagar la segunda quincena de enero no es un “ajuste de calendario”, es una vulneración al sustento de miles las familias sinaloenses. Es, en términos llanos, una falta de respeto de la SHyCP a la dignidad del trabajador universitario. La educación no puede ser rehén de trámites lentos o de voluntades políticas tibias. Sin presupuesto, no hay autonomía; y sin autonomía, la universidad se detiene.

La UAS hace un llamado enérgico cargado de sensibilidad, pero también de firmeza. No se pide un favor, se exige el cumplimiento de un derecho y de un presupuesto ya etiquetado. La paciencia de la comunidad universitaria tiene un límite: el límite que marca la falta de alimento en la mesa de sus trabajadores.

Es momento de que las autoridades federales pasen de la retórica a la transferencia. La visión de futuro que profesa la institución no puede construirse sobre la incertidumbre de un presente asfixiado financieramente. La comunidad universitaria está unida. Si la respuesta no llega de inmediato, la indignación se transformará en acción colectiva. Porque defender a la UAS no es solo defender unas siglas; es defender el derecho a un salario digno y el futuro de Sinaloa.

Lo que hoy vive la Universidad Autónoma de Sinaloa no es un error de sistema ni un desfase de calendario; es una omisión criminal. Mientras los altos mandos de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda despachan desde la comodidad de sus oficinas, miles de familias universitarias en Sinaloa enfrentan la incertidumbre de no tener para lo básico.

El discurso oficial del Gobierno Federal se llena la boca hablando de la educación como “eje de la transformación”. Sin embargo, los hechos los contradicen con violencia. La UAS cumplió con cada requisito, entregó cada documento y firmó cada convenio exigido para el ejercicio 2026.

La SHyCP tiene en sus manos el sustento de trabajadores académicos, administrativos y, lo más indignante, de los jubilados. Retener un recurso que ya está etiquetado y que legalmente le pertenece a la institución es un secuestro presupuestal.

Hoy es 5 de febrero. La promesa de entrega del recurso para cubrir la segunda quincena de enero ha sido rota. Esta falta de palabra de las autoridades federales es un insulto a la dignidad de quienes sostienen la educación en el estado. Es irresponsable dejar a una universidad de esta magnitud sin capacidad de pago. Es una omisión grave ignorar las gestiones que la UAS realizó en tiempo y forma.

Pareciera que desde el centro del país se pretende asfixiar a las universidades autónomas para doblegarlas. Si la SHyCP cree que el silencio y la falta de pago debilitarán a la UAS, se equivocan. Lo que están logrando es encender la chispa de una indignación que no se va a apagar con comunicados tibios.

La paciencia tiene un límite y ese límite es el plato de comida en la mesa de los trabajadores. La administración de la UAS ha agotado la diplomacia; ahora le toca a la comunidad universitaria demostrar que no se puede pisotear el derecho al salario.

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