Gildardo Leyva: alta corrupción y el plan para heredar la alcaldía a su hijo Lester
Álvaro Aragón Ayala
En el municipio de El Fuerte, el ejercicio del poder local individualizado comienza a mostrar los rasgos de un fenómeno nocivo, conocido y documentado en la historia política de los ayuntamientos del país: el cacicazgo, una forma de control que auspicia la corrupción y en el que el poder público se utiliza para el enriquecimiento personal y la perpetuación familiar.
El actual alcalde, Gildardo Leyva Ortega -cobijado por Morena-llegó al cargo tras una vida pública marcada por antecedentes de escándalos personales, rumores persistentes de conductas autodestructivas, y una situación económica precaria. Sin embargo, a pocos años de asumir el poder, exhibe hoy un nivel de vida opulento, difícil de conciliar con sus ingresos formales y con la grave crisis financiera del municipio.
Antes, al dirigir el Módulo de Riego No. 5 del Valle de El Carrizo, lo quebró. Hoy como presidente los servicios públicos municipales permanecen en abandono, y se multiplican las quejas ciudadanas por falta de obra, deterioro urbano y opacidad en el manejo de recursos. Ante el evidente saqueo, no existe información pública clara ni auditorías visibles que expliquen el destino de las finanzas municipales.
A este panorama se suma un discurso inquietante y amenazante: el alcalde presume abiertamente relaciones con personajes ligados a estructuras mafiosas, una narrativa que, lejos de ser anecdótica, abona al clima de intimidación y silencio que rodea a su gestión.
Hoy, el proyecto político Gildardo Leyva pretende ir más allá de su mandato. Ha comenzado a promover la candidatura de su propio hijo, Lester Edel Leyva Ledezma, como relevo en la presidencia municipal, configurando lo que diversos actores locales ya califican como un intento de sucesión dinástica, práctica que contradice los principios democráticos que el partido en el poder dice defender.
El hijo del alcalde, figura cada vez más visible en la vida pública local, organiza rifas cuyos sorteos han sido señalados como irregulares, en los que de manera reiterada resultan beneficiados familiares cercanos. Asimismo, encabeza eventos festivos de ostentación, donde se lanza billetes al aire frente a familias que padecen carencias básicas, en un gesto que muchos consideran una provocación social.
De manera paralela y reiterada existen señalamientos e hipótesis sobre relaciones “discretas” de negocios entre Lester Edel Leyva y personas dedicadas a la compra de tierras ejidales y su posterior fraccionamiento, un sector históricamente vinculado a prácticas de despojo y especulación. Estas versiones apuntan -sin que hasta ahora exista una investigación oficial- a la posible inversión de recursos municipales en negocios privados, lo que, de confirmarse, constituiría un grave delito.
Lo que emerge en El Fuerte no es un hecho aislado, sino un patrón clásico del cacicazgo local: Gildardo Leyva empobrece al municipio mientras se enriquece personalmente y trata de blindarse políticamente, mediante una estrategia para heredar el control del gobierno municipal como si se tratara de un patrimonio familiar.
Las preguntas no son sólo éticas, sino institucionales: ¿Dónde están los órganos de fiscalización? ¿Dónde están las auditorías? ¿Hasta cuándo el discurso de la transformación servirá de refugio para prácticas del viejo régimen? En un municipio donde el abandono es visible y la opulencia de unos pocos resulta ofensiva, el silencio también es una forma de complicidad.
