Remueven a José Antonio Romero Tellaeche del CIDE; él se niega a dejar el cargo
Leslye Gómez
José Antonio Romero Tellaeche fue removido como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) por parte de la secretaria de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz, quien nombró a Lucero Ibarra Rojas como directora interina.
El Sindicato de Personal Académico del CIDE (SIPACIDE), que preside José Roldán Xopa, tomó conocimiento de la designación de la Doctora Lucero Ibarra como Directora General Interina y la reconoce como la autoridad de nuestra Institución, por lo que, atendiendo a nuestro marco legal y laboral dirigirá hacia ella, a partir de su designación, toda comunicación y tratamiento de las cuestiones propias de nuestra relación laboral.
Lucero Ibarra Rojas es profesora-investigadora titular en el CIDE y experta en derecho y sociedad con estudios nacionales e internacionales en sociología jurídica y derechos, incluyendo un doctorado por la Universidad de Milán.
El cambio en la dirección se da en un contexto donde la autonomía académica y la gobernanza del CIDE han sido temas de debate en años recientes entre académicos, estudiantes y organizaciones civiles, debido a decisiones internas y la intervención de autoridades externas en la designación de sus máximos cargos de dirección.
Hasta el momento, la institución no ha emitido un comunicado detallado sobre los motivos específicos de la salida de Romero Tellaeche ni sobre el plan de transición de liderazgo, pero el nombramiento interino de Ibarra Rojas se interpreta como un intento de garantizar la continuidad operativa y administrativa del centro.
Romero Tellaeche insiste en ser el director del CIDE
En una carta dirigida a los integrantes del Órgano de Gobierno del CIDE, Romero Tellaeche indicó que la legislación vigente establece que la remoción anticipada de la persona titular de la Dirección General únicamente puede tener lugar cuando se acrediten fehacientemente causas legales expresamente previstas, observando en todo momento el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de audiencia, y mediante resolución adoptada en sesión formal del Órgano de Gobierno, debidamente convocada, con un punto específico en el orden del día y constancia en el acta respectiva.
“En los supuestos relacionados con el desempeño institucional, la normativa aplicable exige la intervención y consideración de instancias técnicas de evaluación, cuyo carácter no es político sino especializado, y cuyas opiniones forman parte sustantiva del procedimiento legalmente válido.
Por ello, indicó en su misiva, en tanto no se actualice alguno de los supuestos previstos en la ley ni se desarrolle el procedimiento correspondiente en los términos señalados, la persona titular de la Dirección General conserva plenamente sus atribuciones legales y estatutarias, así como la responsabilidad de continuar ejerciendo el cargo en beneficio de la institución y del interés público que el CIDE tiene encomendado.
“Con base en lo anterior, reitero mi plena disposición a seguir desempeñando las funciones que me han sido conferidas, con estricto apego al marco jurídico aplicable, a los principios de legalidad, institucionalidad y responsabilidad pública, y al respeto irrestricto de las decisiones que, en su caso, adopte este Órgano de Gobierno conforme a derecho”.
Crisis desde la designación
El CIDE ha enfrentado una crisis prolongada desde la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general, un proceso que generó fuertes cuestionamientos de la comunidad académica por su falta de transparencia y legitimidad institucional.
Según académicos y estudiantes, Romero Tellaeche fue impuesto por la entonces directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , María Elena Álvarez-Buylla, sin que exista claridad sobre la sesión del Consejo Directivo que lo eligió.
Desde entonces, se han documentado tensiones entre la dirección y la comunidad: en 2021 Romero Tellaeche removió a integrantes clave como la secretaria académica y la directora de evaluación académica tras intentar suspender el procedimiento regular de evaluación de profesorado.
La oposición interna también se expresó en protestas, tomas de instalaciones, y llamados a la destitución del director, al considerarse que la designación se realizó “sin apego a normas internas” y sin participación efectiva de la comunidad académica y del Consejo Directivo en decisiones fundamentales.
Exigían salida de Romero Tellaeche del CIDE
Apenas en noviembre, el Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismo (SIMGF) exigió la remoción de José Antonio Romero Tellaeche de manera inmediata como director general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) luego de presentar este 20 de noviembre una demanda por “daño moral” contra la Dra. Catherine Andrews, profesora-investigadora de la División de Historia.
En esa ocasión, la SIMGF rechazó categóricamente esta acción intimidatoria.
“Esta medida no solo pone en riesgo la integridad de una compañera, sino que intenta utilizar al poder judicial como mecanismo de castigo contra las profesoras feministas del CIDE y, sobre todo, silenciar cualquier señalamiento sobre la opacidad y la violencia que han caracterizado la gestión del director general”.
¿Qué pasó?
El SIMGF recordó que, el 2 de octubre de este año, denunciaron públicamente la violencia de género que el director general del CIDE, José Antonio Romero Tellaeche, ha ejercido de manera sistemática contra la comunidad.
“Es importante subrayar que varias denuncias formales por acoso laboral, muchas de ellas, presentadas por mujeres, han sido entregadas al Órgano Interno de Control, sin que hasta la fecha este haya actuado”.
Además, ahora denunciaron que las múltiples solicitudes públicas y privadas de conversación han sido sistemáticamente ignoradas.
Contexto: En octubre pasado, integrantes del Seminario Interdisciplinario de Mujeres, Género y Feminismos del CIDE enviaron una carta al director general de la institución, José Antonio Romero Tellaeche, en la que expresaron su inconformidad por la forma en que se dirigió a trabajadoras durante una reunión informativa con la comunidad sindical femenina, realizada el 1 de octubre.
En el documento, recibido por la Dirección General el 2 de octubre, las firmantes detallan que durante la sesión el director interrumpió a una de las participantes, pidió a otra que bajara el tono de voz y descalificó algunas preguntas, además de mostrar gestos de molestia y desatender a una trabajadora mientras hablaba.
