¿Por qué García Harfuch nunca habla de corrupción municipal?
Alberto Guerrero Baena
En su reciente entrevista con The New York Times, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó una narrativa de transformación institucional contra los cárteles. Sin embargo, un análisis riguroso revela grietas significativas entre la retórica gubernamental y los datos disponibles.
La ilusión estadística
García Harfuch cita “una disminución del 37% en la tasa diaria de homicidios” desde la llegada de Claudia Sheinbaum. Pero The New York Times reporta que hasta noviembre de 2025, México registró 21,743 homicidios, apenas un 22% menos que el mismo período anterior. Esta disparidad de 15 puntos porcentuales revela cómo los funcionarios seleccionan estratégicamente métricas para exagerar logros.
La “tasa diaria de homicidios” es manipulable.
Un mes con menos crímenes reportados produce una caída visible, pero el total acumulado—el verdadero indicador de magnitud—permanece notablemente estable. Mientras tanto, secuestros aumentaron 3%, extorsión 3%, y desapariciones 9%. Esta divergencia sugiere desplazamiento táctico hacia crímenes menos visibles internacionalmente, no victoria real contra el crimen organizado.
La falacia de la coordinación vertical
Harfuch enfatiza un “teléfono rojo” en su escritorio con la presidenta Sheinbaum, sugiriendo supervisión de primer nivel y decisiones ágiles. Pero esta narrativa ignora contradicciones institucionales fundamentales.
García Harfuch encabeza la SSPC federal, que controla solo fuerzas federales. La mayoría de las policías operan a nivel estatal y municipal.
Un teléfono rojo no puede forzar a gobernadores de Guerrero, Michoacán o Sinaloa a implementar políticas coordinadas si tienen sus propios acuerdos con grupos delictivos. El “tablero de información” permite ver dónde ocurren crímenes, pero no proporciona poder para prevenirlos cuando la policía local está cooptada.
México ha intentado centralizar seguridad múltiples veces: Policía Federal Preventiva, Gendarmería Nacional, Guardia Nacional.
Ninguna fue solución. La corrupción policial, la colusión entre autoridades locales y criminales, y la captura de fiscales y policías municipales no se resuelven con datos en tiempo real.
El enigma del debilitamiento criminal
Harfuch afirma que la presión federal “debilitó la capacidad operativa del Cártel de Sinaloa en Culiacán.” Pero reconoce que esto “ha fortalecido a su rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).”
Esta es una contradicción fundamental: si debilitar al Cártel de Sinaloa fortalece al CJNG—potencialmente más violento—entonces la estrategia ha producido exactamente lo que no quería.
Además, el cambio de “grandes convoyes armados” a “acciones de menor escala” podría ser adaptación táctica voluntaria, no derrota. Si los grandes convoyes atraen demasiada atención federal, es racional pasar a operaciones discretas.
Esto es reacomodo criminal, no debilitamiento estructural.
Las causas estructurales ignoradas
Lo más revelador es lo que García Harfuch no menciona: captura institucional, corrupción de fiscales estatales, o colusión entre policías locales y cárteles. Decenas de municipios tienen gobiernos en contacto directo con grupos delictivos. Algunos alcaldes reciben apoyo electoral de cárteles. Las policías municipales funcionan como brazos armados de organizaciones criminales.
Una estrategia que no aborda masivamente la reforma fiscal radical, purgas de policía corrupta, y cambios en responsabilidad municipal está tratando síntomas, no la enfermedad. Cada operación federal es un golpe táctico que, sin resolución institucional subyacente, será absorbido por estructuras criminales.
Igualmente ausente está cualquier reconocimiento del problema de demanda. México está en crisis no porque exista oferta de crimen, sino porque millones carecen de oportunidades económicas legales.
Los cárteles reclutan porque una persona sin educación en zona rural puede ganar más en una semana como halcón que en un mes trabajando legalmente. Mientras esta ecuación permanezca, no importa cuántos cárteles debilites; habrá siempre gente para reemplazarlos.
Hacia una política realmente transformadora
Se requiere: crear cuerpos de fiscales federales especializados en criminalidad local; implementar reclutamientos rigurosos y reentrenamiento de policías municipales; crear programas de empleo público que paguen más que los cárteles; avanzar hacia regulación gradual de drogas (como lo han hecho España y Portugal); establecer independencia judicial genuina; implementar bases de datos públicas de delitos sin filtros gubernamentales.
Conclusión
García Harfuch describe control y coordinación progresiva. La realidad es más sombría. México enfrenta un problema donde instituciones están capturadas por intereses criminales, economías locales hacen del crimen más rentable que el trabajo legal, y una demanda global de drogas crea incentivos de centenas de miles de millones para que grupos armados operen en territorio mexicano.
Un teléfono rojo, por inteligente que sea quien lo use, no cambia estas ecuaciones. Algunos operativos pueden tener éxito, algunos cárteles pueden debilitarse. Pero mientras condiciones estructurales permanezcan, la violencia criminal seguirá siendo endémica. Se requiere no un mejor funcionario, sino instituciones fundamentalmente diferentes.
