El tortuguismo de la SCJN, otro riesgo para la revocación del mandato
Arturo Rodríguez García
Más allá del cruce de declaraciones que han sostenido el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, así como diferentes actores públicos sobre el presupuesto electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha convertido en el árbitro final que, sin embargo, aplaza el problema e inclusive perfila carpetazos dejando los conflictos institucionales en la indefinición.
Sin precedente en la historia del país, los diferendos entre el Poder Ejecutivo y el órgano autónomo quedarían resueltos si la SCJN decidiera en definitiva sobre las controversias constitucionales atoradas en sus despachos desde 2019. Lo mismo sucede respecto del Poder Legislativo.
Las controversias impulsadas por el INE tienen hoy un caso emblemático en torno al proceso de revocación de mandato, pues al controvertir éste, el instituto plantea resolver los alcances de la facultad de la Cámara de Diputados en la asignación de presupuestos frente a las necesidades de recursos para que un órgano del Estado cumpla con sus funciones de ley… pero el pasado jueves 13 el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, anticipó la intención de darle carpetazo.
El INE interpuso la controversia para que la SCJN resuelva si el Legislativo puede conferirle una nueva facultad sin autorizar el presupuesto para que la realice. Entrevistado por Proceso, el consejero presidente del instituto sintetiza:
“Hoy, con lo que tenemos (de presupuesto), no podemos cumplir con lo que se nos pide en la Ley de Revocación de Mandato. Es una disputa que trasciende al propio INE y por eso la llevamos a la Corte. La Cámara de Diputados tiene facultades para reducir el presupuesto, es una facultad exclusiva. La pregunta es si la Cámara de Diputados puede hacer lo que quiera o está obligada a garantizarle a los órganos del Estado los recursos necesarios para su funcionamiento, para cumplir sus funciones constitucionales.”
Y advierte que ese dilema constitucional no es privativo del INE: “El tema de la revocación de mandato es el primer ejemplo de muchos que podrían evidenciar una crisis después, con el INE, pero también con otros órganos del Estado”.
Con información de Proceso
