IMSS Bienestar: la bomba de tiempo que el gobierno no quiere desactivar
José Luis García Rodríguez
En México hay una verdad incómoda que no se puede ocultar: el sistema de salud está endeudado, y esa deuda está asfixiando al IMSS Bienestar hasta el punto de comprometer funciones básicas del Estado. No es exageración. No es metáfora. Es un riesgo de seguridad nacional del tamaño de una pandemia silenciosa.
Desde su nacimiento, los adeudos con proveedores se han acumulado como capas de óxido sobre un barco que sigue intentando flotar a pesar de estar lleno de agujeros. No hablamos aquí de simples retrasos administrativos; hablamos de un instituto que, por la propia normativa de adquisiciones, debería pagar cada 17 días hábiles; sin embargo, hasta la fecha arrastra pasivos con cifras ya incalculables y periodos de pago que rebasan los veinticuatro meses.
Un instituto que atiende a millones de personas no puede operar con este nivel de fragilidad sin que la salud, economía y gobernabilidad del país paguen el precio. Y, aquí estamos: frente a un IMSS Bienestar con el presupuesto colapsado, proveedores abandonados a su suerte en procesos de “conciliación” donde, “con la mano en la cintura” y un cinismo sistémico, funcionarios del instituto reconocen los impagos, mientras miles de pacientes pagan la factura del desorden financiero.
Lo más grave es que la crisis no es un accidente. Es consecuencia de decisiones políticas que privilegiaron la narrativa por encima de la operación, la centralización por encima de la capacidad y anuncios mediáticos por encima de la planeación técnica. Mientras el gobierno presume un modelo de “salud universal”, la realidad es que el IMSS Bienestar se ha convertido en un sistema paralizado por deudas que ya son impagables bajo el esquema actual.
Al tiempo que las finanzas del IMSS Bienestar se hunden, los servicios se han ido deteniendo como fichas de dominó: hemodiálisis, hospitalización, transporte, laboratorio, medicamentos, equipo médico, alimentos. Proveedores pequeños y grandes simplemente ya no pueden seguir financiando un sistema que no les paga.
La deuda pública terminó convirtiéndose en deuda privada: la cargan los proveedores, hospitales, pacientes y la cargan los trabajadores de la salud.
Muchos estados han enfrentado interrupciones que duran semanas o meses. Algunas empresas han cerrado, otras dejaron de surtir, otras exigen pagos por adelantado. La cadena de suministro se fisuró y hoy funciona con alfileres. Y cuando el sistema deja de abastecer, cuando un enfermo renal no recibe hemodiálisis, cuando un niño se queda sin su medicamento, la deuda deja de ser un asunto financiero y se convierte en un problema de derechos humanos, claramente plasmados en la Constitución.
Las banderas rojas están encendidas. Un IMSS Bienestar ahogado no puede cumplir su función. Y un sistema de salud que deja de atender, deja de ser sistema y se convierte en un riesgo de seguridad nacional.
Desconfianza, indignación, ingobernabilidad
Toda crisis sanitaria arrastra consecuencias sociales y políticas. La deuda del IMSS Bienestar no solo produce desabasto: produce desconfianza, indignación e ingobernabilidad.
Cuando las personas dejan de recibir servicios no culpan al proveedor: culpan al Estado. Y tienen razón. La interrupción de servicios ya está generando fenómenos visibles:
- Pérdida de confianza en las instituciones.
- Riesgo de protestas y conflictos sociales.
- Fragilidad económica y reducción de empleos en el sector salud.
- Migración del personal médico y de enfermería.
- Aumento del costo de las enfermedades por falta de atención oportuna.
- Crecimiento de la corrupción en compras y servicios.
Y cuando la corrupción toca los servicios esenciales, el resultado es claro: un sistema debilitado, incapaz de proteger a la población y mucho menos responder a emergencias sanitarias.
México ya vivió una pandemia con un sistema de salud debilitado. Y aun así no aprendió. Un país cuya cadena de suministro médico está colapsada no puede:
- Responder a una epidemia.
- Sostener esquemas de vacunación.
- Atender desastres naturales.
- Gestionar brotes regionales.
- Cooperar internacionalmente.
- Garantizar la continuidad operativa del propio Estado.
La deuda del IMSS Bienestar ya está afectando:
- La estabilidad sanitaria.
- La cohesión social.
- Los compromisos internacionales.
- La capacidad de contención ante emergencias.
La deuda del IMSS Bienestar no es un problema administrativo, sino una falla estructural que amenaza la salud, la economía y la gobernabilidad. Si no se corrige el rumbo, el sistema colapsará. La deuda no es con los proveedores, la deuda es del Estado mexicano con su población.
* José Luis García Rodríguez es presidente de la Asociación Mexicana para la Distribución Institucional de la Salud, A. C. (@ASMEDISmx).
