El Tucán y la “caja verde”
Benjamín Bojórquez Olea
El Partido Verde es dirigido en Sinaloa por el diputado federal Ricardo Madrid Pérez, quien alcanzó glorias efímeras como integrante “clave” del gabinete estatal de Quirino Ordaz Coppel. El opera “la caja” de este partido. Circuló también como diputado local, aquí con más pena que gloria
En política, el dinero no es un accesorio: es el oxígeno. Sin recursos no hay estructura, sin estructura no hay territorio y sin territorio no hay poder. Por eso, cuando un partido comienza a recibir más de un millón de pesos mensuales en prerrogativas públicas, no estamos hablando de una cifra menor ni de un asunto administrativo: hablamos de responsabilidad política, ética pública y congruencia discursiva.
En Sinaloa, el Partido Verde se ha colocado —dicen— como el segundo instituto político con mayores recursos federales, sólo detrás de Morena. El crecimiento electoral vino acompañado, naturalmente, de un crecimiento presupuestal. Hasta ahí, nada extraordinario. Lo verdaderamente preocupante comienza cuando nadie sabe qué se hace con ese dinero. Porque el problema no es cuánto entra, sino cómo se gasta, en qué se gasta y quién rinde cuentas.
Las prerrogativas existen, en teoría, para fortalecer la vida democrática: recorrer comunidades, organizar estructuras municipales, capacitar cuadros, sostener comités, generar cercanía con la ciudadanía. Son recursos públicos, no un botín partidista. Sin embargo, en el caso del Partido Verde en Sinaloa, el dinero parece haberse convertido en una caja negra, hermética, silenciosa y opaca.
Los comités municipales —los mismos que deberían ser el músculo territorial del partido— denuncian que los apoyos no llegan, que la operación política se sostiene más en discursos que en recursos, y que la promesa de “territorializar” al partido quedó reducida a un eslogan vacío. Veinte municipios, una geografía compleja, y un financiamiento millonario que no se refleja en la base.
Más grave aún es el tema de los compromisos políticos incumplidos. Candidatas y candidatos que pusieron el rostro, el tiempo, el capital social y, muchas veces, el dinero propio, hoy siguen esperando los cargos prometidos, los espacios ofrecidos, el reconocimiento mínimo por haber defendido una camiseta que ahora parece haberlos olvidado. En política, traicionar la palabra empeñada no sólo es inmoral: es estratégicamente suicida.
Porque un partido no se construye solo con logotipos verdes y discursos ecologistas; se construye con lealtades correspondidas, con estructuras cuidadas y con reglas claras. Cuando las promesas se rompen, la reputación se erosiona, y ningún millón mensual alcanza para comprar credibilidad perdida. No se trata de negar el buen desempeño electoral del Partido Verde ni su capacidad de crecer en las urnas. Se trata de cuestionar si ese crecimiento está siendo acompañado de transparencia interna, de rendición de cuentas y de un manejo responsable del recurso público. El dinero, por sí solo, no genera legitimidad; al contrario, cuando se administra con discrecionalidad, acelera el desgaste político.
GOTITAS DE AGUA:
Hoy la pregunta es inevitable y necesaria: ¿Dónde está ese millón y fracción de pesos que llega cada mes? ¿Quién decide cómo se reparte? ¿Bajo qué criterios se justifica su gasto? ¿Y por qué, si hay tanto recurso, hay tantos militantes esperando respuestas?
Un partido que administra millones sin explicarlos y promete cargos que nunca llegan no está construyendo futuro: está cavando su propia fosa política mientras el tucán vuela sobre una base cansada de mirar al cielo y no recibir nada.
