Aranceles y subsidios; solo parches, no solución
Jorge Faljo
Recientemente se decretaron y entraron en vigor aranceles de 156 a 210 por ciento a las importaciones de azúcar procedentes de países con los que no tenemos tratado comercial. El decreto señala que la agroindustria azucarera enfrenta una sobre oferta en el mercado nacional que, al reducir su precio, pone en riesgo la rentabilidad y viabilidad de toda la cadena productiva; afirma, además, que el gobierno tiene la obligación de generar estabilidad en los sectores de la industria nacional y eliminar distorsiones en el comercio. Una perspectiva que bien podría ser aplicable a otros sectores.
En respuesta las principales organizaciones de cañeros e industriales del sector expresaron su agradecimiento “en representación de más de 12 millones de personas”.
El problema de fondo no es nuevo. En febrero de 2021 un comunicado del SAT (Servicio de Administración Tributaria) informó que la Administración General de Aduanas había reforzado el combate al contrabando técnico de azúcar que evadía el pago de contribuciones. Combate que al parecer no fue exitoso si consideramos que en octubre de 2024 el gobierno advirtió que introducir azúcar aparentando otra mezcla es contrabando técnico. Es decir que la mala práctica continuaba hace poco más de un año.
Según la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera, Claudia Fernández, en años recientes hubo un incremento importante de importaciones ilegales, tanto contrabando bronco de azúcar que entra por la frontera sur como contrabando técnico de azúcar disfrazada de jarabe o mezclada con otras substancias. Mencionó en particular a Guatemala y Brasil como lugares de origen.
Desde la perspectiva de los productores cañeros los aranceles no resuelven el problema inmediato. Productores de al menos nueve estados se movilizaron el 10 de noviembre en varias carreteras federales, y en la CDMX cercaron las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural hasta pactar la instalación de una mesa de trabajo para elaborar un plan de rescate.
Entre las peticiones de los cañeros se encuentra recibir un apoyo de 300 pesos por tonelada de caña para, dijeron, compensar la caída de los precios debida a la libre importación de azúcar y jarabe de maíz. La negociación se dará a partir del 19 de noviembre.
En un asunto similar, octubre destacó como el mes de las movilizaciones de los productores de maíz; en múltiples estados hicieron caravanas de maquinaría, bloquearon caminos y tomaron casetas de peaje. Criticaban que más de la mitad de los granos básicos que se consumen en México sean importados y que ese exceso de importaciones baratas ahoga la producción interna. Sus demandas son: sacar los granos del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, un precio de garantía de 7,200 pesos por tonelada universal, efectivo para todos los productores, además crédito accesible y un entorno favorable a la rentabilidad de la producción. En suma, piden soberanía alimentaria y efectiva rectoría del estado.
Otros agricultores se unieron y enfatizaron su protesta tirando al suelo productos como ajos, cebollas y limones.
A final de cuentas los productores de Jalisco, Michoacán y Guanajuato consiguieron un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz y, de momento, las protestas se han desactivado.
Hablando de importaciones hay que recordar la entrada de ganado procedente de Centroamérica, entre ellas cientos de miles de cabezas de manera ilegal, y diseminaron la plaga de gusano barrenador en México. Un serio problema que originó el cierre de la frontera norteamericana de ganado en pie mexicano y que ha golpeado duramente a los ganaderos del norte del país.
Entre los múltiples tipos de contrabando destaca el llamado huachicol fiscal. Se calcula que en 2024 entraron alrededor de 18 mil millones de litros de gasolina y diésel sin pagar impuestos; otros dicen que cerca de la tercera parte del consumo nacional de combustibles es de contrabando.
La Cámara Nacional de la Industria del Calzado afirma que el contrabando de calzado se multiplicó por 20 en los últimos tres años y que decenas de millones de pares de zapatos entraron de manera ilegal.
En septiembre el gobierno de México planteó ante el legislativo una revisión integral de su política de importaciones procedentes que impondría aranceles que van del 10 al 50 por ciento, a cerca de 1,400 productos procedentes de países con los que no tiene tratado comercial; es decir en su mayor parte del sureste asiático. La iniciativa señala como objetivos “fortalecer la economía nacional e impulsar una política industrial que reduzca nuestra dependencia del exterior”
A partir de este breve recuento se configuran tres elementos a destacar. Dicho gruesamente, casi todo es más caro en México que en el exterior. Las aduanas nacionales son muy porosas; la mayor parte del contrabando simplemente las traspasa. Se reacciona para tapar el pozo cuando ya el niño se encuentra semi ahogado.
Millones de productores en particular pequeños y medianos orientados a producir para el mercado interno, se encuentran al borde o en plena insolvencia. El México de los de abajo, la mayoría del país, hace agua por los múltiples agujeros del exceso de importaciones, en buena medida ilegales.
El contrabando no es sino la señal extrema de un problema mayor. Los graves daños a la agricultura y a la manufactura orientadas al consumo interno (granos, calzado, textiles, electrodomésticos, muebles y demás) no tiene como problema de fondo que en el exterior sean más baratos sino que México es un país caro, muy caro. Eso hace que importar sea muy buen negocio.
Y somos un país caro por decisiones de política; por una estrategia que se esfuerza continuamente por abaratar las importaciones y lo presume pregonando erróneamente que un peso fuerte es señal de salud económica.
En lo que va de este año el dólar se ha abaratado en alrededor de 13 por ciento. No es una tendencia novedosa. La estrategia económica está centrada, desde hace décadas, en la atracción de capitales externos; algunos productivos, otros que simplemente compran el patrimonio ya existente (banca, acero, cerveza y demás).
Durante décadas se ha desnacionalizado el aparato productivo vendiéndolo al exterior. A lo cual se le suma la entrada de capitales especulativos que inflan el valor del peso y, en particular la bolsa de valores. Se crea una apariencia de modernidad y bonanza financiera de la cual se enriquecen muy muy pocos. Sin embargo, en paralelo hay una erosión constante de la producción orientada al consumo interno y a la que se asocia la mayor parte del empleo formal e informal.
Únicamente cuando los más dañados tienen la capacidad de quejarse y protestan, con frecuencia de maneras muy molestas para todos los demás, se les presta atención; se entran en procesos de diálogo que culminan en parches, subsidios y aranceles, aplicados tardíamente a las llagas abiertas. Calman la situación de momento, pero no son solución de fondo; la inequidad avanza y se siente.
