Sinaloa: Universidad de la Policía y sus retos

Alfonso Carlos Ontiveros Salas

Sinaloa se privilegia de contar con una Universidad encargada de promover y formar a los policías de Sinaloa

Los estados de fuerza policiales son un imperativo en el Estado y los municipios, pero el número de agentes ha descendido peligrosamente al grado de no tener el mínimo requerido considerando el número de habitantes.

La federación, los estados y municipios no pueden depender de la fuerza armada militar porque su misión no es la de realizar labores de policía, pues que la custodia de la soberanía y las instituciones nacionales, es su prioridad. Por ello, es urgente reorganizar la policía civil y regresar a la milicia a sus funciones constitucionales.

Es un imperativo, también, no sólo reorganizar el estado de fuerza policial, sino que la policía debe ser adiestrada para enfrentar todo tipo de delitos y fomentar urgentemente la carrera policial.

Bajo esta premisa y a manera de recomendación, le diría al Rector de la UNIPOL, que promueva una iniciativa de reforma constitucional para que se suprima el servicio público de seguridad pública y tránsito al municipio y se le reincorpore al estado.

Dicha iniciativa, debe partir de la estrategia de crear 32 grandes agrupamientos policiales y que la estructura física municipal destinada a los tribunales de barandilla y policía, sean destinados al control estatal para el resguardo de la seguridad ciudadana.

Las instituciones de policía bajo esa nueva reorganización, sean destinados ya que de ser así, se traducirá en mayor eficiencia y confiabilidad en la función. La sociedad es lo que viene demandando desde hace mucho tiempo.

Los elementos policiales deberán cursar la carrera policial y sujetos también a procesos de capacitación obligatorios para profesionalizar su desempeño. El salario y prestaciones deberán dirigirse a la dignificacion de la función y de las familias policiales.

La iniciativa, deberá proponer también, que la titularidad de los mandos de las instituciones policiales se nombren por el voto popular de los habitantes de cada entidad federativa. La elección deberá ser organizada y realizada por el Instituto electoral respectivo. La vigencia del nombramiento deberá proponerse con una duración de tres años con posibilidad de reelegirse por una sola ocasión.

Los cambios para mejorar, son necesarios. Las instituciones policiales serán las que impongan el cambio esperado desterrando la inseguridad y la violencia, y la proscripción de la corrupcion.

La iniciativa recomendada es posible, voluntad política la habrá y los cambios que esa medida propiciará alentará sin duda, la confianza ciudadana. Es cuestión de que se den los primeros pasos y las respuestas de aprobación vendrán en cascada.

La Guardia Nacional, dejaría  de existir ya que se fusionaría a la Secretaria de la Defensa Nacional de la que depende y la policía federal sería la de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por su parte, las fiscalías conservarían a sus policías investigadoras.

Reorganizar el escenario policial nacional es una necesidad para comulgar con la constitucionalidad del poder policial al mando civil.

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