Sinaloa: desaparece la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje Número 35
Alfonso Carlos Ontiveros Salas
Sorpresivamente se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación la fusión de diversas Juntas Federales Especiales de Conciliación y Arbitraje.
La Especial Número 35 de Sinaloa se fusiona a la 19 de Guadalupe, Nuevo León ¿Qué tratamiento tendrá el altísimo rezago que tenía la Junta para dar certidumbre a los derechos de trabajadores y patrones en los procesos no resueltos?
La publicación oficial solo refiere la fusión de las Juntas pero no la situación en que quedarán los procesos laborales en trámite. Por lo pronto ayer causó conmoción en el personal de la Junta que suspendieron todas las audiencias programadas y los litigantes preocupados por desconocer los medios de desahogo de las diligencias ya que en este sistema laboral no está regulado el sistema en línea para los juicios laborales o el desahogo de pruebas vía zoom.
El personal seguro que alguna parte será indemnizada y otros reubicados en las Juntas Especiales que seguirán operando si ese fuera el deseo para no perder el trabajo.
La medida no fue lo más acertada. Desde que inició la reforma laboral de los juicios orales con la desaparición de las Juntas de Conciliación y la creación de los Juzgados Laborales inmersos en los poderes judiciales, no se instrumentó un sistema de supervisión para que el rezago de expedientes en los tribunales que desaparecían, se hiciera efectivo. Las Juntas quedaron a la deriva y no hubo autoridad que escuchara los reclamos de los litigantes.
Este suceso que ahora afecta a trabajadores y patrones, en ningún momento fue de interés para los Colegios de Abogados ya que fueron totalmente indiferentes en intervenir para buscar soluciones inmediatas a un rezago de expedientes que causaba malestar observar que ante la falta de archiveros se manejaban en el piso estibados empolvados cual si fueran ladrillos de albañil.
Pagar a las defensas gastos de traslado a Guadalupe, Nuevo León, será difícil para la economía de los trabajadores con el riesgo de que sus juicios sean abandonados por falta de recursos económicos para darles seguimiento. Para los patrones será un motivo seguramente para conciliar con sus demandantes por el alto costo que les representará los traslados al nuevo domicilio donde se radicarán los juicios en su contra.
Hoy, es una nebulosa cuyo polvo, que no el de los expedientes, no deja ver con claridad qué acuerdos emitirá el Pleno de la Junta Federal o la Secretaría del Trabajo Federal para dar certidumbre a las confusiones que provocó esa sorpresiva disposición de las autoridades federales del trabajo.
Los abogados esperan por lo pronto definiciones de lo que obligadamente se les notificará el destino de sus asuntos y el personal temeroso de conocer cuál será la solución a sus condiciones laborales. Sólo es cuestión de esperar, cuánto tiempo. Justicia que se demora, deja de ser justicia.
