¿Por qué podría venir una reforma fiscal?
Enrique Quintana
Es probable que en esta misma semana quede aprobada la Ley de Ingresos de la Federación para 2026 en la Cámara de Diputados.
El plazo legal que hay es hasta el próximo lunes 20, pero quizá no lleguen al límite. Luego, la Cámara de Senadores tiene como fecha tope el 31 de octubre para aprobarla también.
El proyecto que ya se discute establece que, por primera ocasión en la historia, el sector público federal tenga en 2026 un ingreso nominal superior a los 10 billones de pesos (10.2).
El 57.2 por ciento de esos ingresos provendrá de la recaudación de impuestos; el 16 por ciento de la venta de bienes y servicios, sobre todo por parte de Pemex y CFE; el 6.3 por ciento de las cuotas y aportaciones a la seguridad social; el 1.5 por ciento del cobro de derechos; el 2 por ciento de los llamados “aprovechamientos”, como multas y reintegros; 2.3 por ciento de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (renta petrolera para el Estado), y otro 14.4 por ciento corresponde a ingresos derivados de financiamientos: es el déficit.
Como ve, la parte principal de los ingresos corresponde al cobro de impuestos.
Para que exista un gasto público que pueda financiarse sin incurrir en exceso de endeudamiento, debe haber un aumento en la captación tributaria a lo largo del tiempo.
La propia Ley de Ingresos aprobada por los diputados contiene una estimación de los ingresos tributarios para los siguientes años y señala que éstos se mantendrán constantes en 14.9 por ciento del PIB, desde 2027 hasta 2031.
El documento de Criterios Generales de Política Económica señala que el déficit público, en su acepción más amplia (Requerimientos Financieros del Sector Público), bajará a 4.1 por ciento del PIB en 2026 desde el 4.3 por ciento de este año; a 3.5 por ciento en 2027, y a 3.0 por ciento de ese año en adelante.
Pero, el gasto neto del sector público subiría a 26.1 por ciento del PIB en 2026 (desde 25.5 por ciento en 2025), para luego bajar a 25.4 por ciento en 2027 y 24.9 por ciento en los siguientes años.
Las cifras anteriores se estiman considerando un crecimiento del PIB de 2.3 por ciento en 2026 y de 2 por ciento de 2027 en adelante.
Ya no le canso con más cifras.
Estas previsiones suponen que, a partir de 2027, el gobierno federal ya no tendrá que aportar recursos a Pemex.
Pero una cosa son los buenos deseos y otra, la realidad.
Si la economía no crece de acuerdo con lo previsto, o si surgen necesidades financieras no contempladas, se ve muy difícil que las cuentas cuadren.
Ello obligaría a un mayor endeudamiento en la segunda parte de esta administración, lo que podría repercutir en una baja en la calificación de la deuda soberana, con todos los riesgos que ello implica.
Para evitarlo, la única opción sería la generación de más ingresos tributarios.
Cambios como la reforma judicial o a la Ley de Amparo pueden propiciar que haya más pagos de créditos fiscales hoy en litigio y un mayor cumplimiento en el futuro. Pero hay un límite, después del cual ya no se podrán obtener más recursos a través de esos expedientes.
Descarte usted que durante 2026 se vaya a proponer dicha reforma, pues de aprobarse el próximo año se empezaría a aplicar en 2027.
Como ese año es electoral, tendría una repercusión en las votaciones que seguramente no aceptaría la administración actual.
Creo que se debatirá, probablemente, en la segunda mitad de 2027, luego de la instalación de la próxima legislatura, apostando a que Morena y sus aliados mantengan la mayoría en la Cámara de Diputados.
¿Qué contendría una hipotética reforma fiscal?
Me parece que sería una mezcla de medidas que incrementen los ingresos públicos en, al menos, 2 puntos del PIB; es decir, en algo así como poco más de 800 mil millones de pesos en 2028.
Para no perder respaldo político, lo más probable es que el gobierno apueste por generar esos nuevos ingresos gravando más a los segmentos socioeconómicos más elevados.
No descarte aumentos de las tasas impositivas de los segmentos más altos y recortes en las deducciones permitidas, con el objeto de que el resultado sea un pago mayor por parte, digamos, del 20 por ciento de la población con mayores ingresos.
Tal vez parezca que nos adelantamos mucho con estas previsiones, pero más vale advertir con tiempo lo que puede venir.
