Jesús Madueña en defensa de los jubilados de la UAS
Álvaro Aragón Ayala
El estado mexicano-sistema-gobierno se opone a que la Universidad Autónoma de Sinaloa aplique su presupuesto a la jubilación dinámica bajo el argumento de que no le corresponde pagarla y la conduce a la quiebra y ante la demanda de recursos adicionales para atacar la crisis en la institución, la Secretaría de Educación Pública proyectó la cancelación o prohibición de la prestación de retiro, pero después, dejando abierta la posible abolición del beneficio jubilatorio, planteó dos alternativas: la implementación de la jubilación complementaria o ajustarla al tabulador del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por considerar que se perjudicaría el ingreso de miles de familias –la UAS sostiene a más de 5 mil 800 jubilados-, el Rector Jesús Madueña Molina rechazó la desaparición de la jubilación y propuso a la SEP un proyecto encaminado a proteger a los trabajadores en retiro: La Reingeniería Integral que incluye la creación de un Fideicomiso Pro-Jubilación Dinámica, constituido con aportaciones de los empleados activos y jubilados. La fórmula del Rector la respalda el SUNTUAS, académicos y administrativos, y la comunidad universitaria a través de una Consulta.
A raíz del choque entre el plan de la cancelación de la jubilación de la SEP y el proyecto del Rector Jesús Madueña, el gobierno federal abrió una mesa de negociación en la que participa la Universidad, la Subsecretaría de Educación Superior, con Ricardo Villanueva Lomelí a la cabeza, y autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Como problema marginal, un grupo fracturado o reducido de jubilados, se oponen a ambos planes, al de la SEP y al del Rector, y le apuestan “por sus pistolas” a que el gobierno federal les siga entregando o pagando íntegramente, sin aportan ni un centavo, la jubilación dinámica alegando que “es un derecho adquirido”.
La Consulta Universitaria arrojó un sí a la Reingeniería Integral y el SUNTUAS, en el marco de sus facultades, trabaja en las adecuaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y a la integración del Fideicomiso Pro-Jubilación. El Rector Jesús Madueña insiste en proteger a los jubilados. Sin embargo, la reducida corriente “opositora” manda mensajes en el sentido de querer dictar la agenda de la Universidad e intentar tomar por asalto la institución, alegando que es suya, de su propiedad, que ellos la construyeron. Falso. La UAS es una institución del Estado Mexicano con autonomía académica y administrativa, garantizada por la Constitución que le permite gobernarse a sí misma.
En el Contrato Colectivo de Trabajo queda muy claro el estatus de patrón de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la calidad de empleados de los trabajadores sindicalizados y de confianza. La nueva Ley Orgánica de la Universidad no reconoce a los jubilados como miembros de la comunidad universitaria. El derecho laboral es muy específico: cuando un trabajador se jubila el patrón no tiene ninguna obligación de sostenerlo económicamente. Corresponde, en este caso, al Instituto Mexicano del Seguro Social cubrirle su pensión/jubilación, no a la UAS porque la institución no fue creada para pagar prestaciones sociales.
Sin embargo, en la Universidad, en el año de 1979, al margen de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de prestaciones sociales de 1943 del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus reformas de 1973, se creó la jubilación dinámica, sin la aprobación de los gobiernos federal y estatal, principales fuentes de financiamiento de la Casa Rosalina. Así, la Universidad se convirtió en la caja de pago de las prestaciones de retiro. Por disposición de dos cláusulas extralegales del Contrato Colectivo de Trabajo los jubilados siguieron pegados a la nómina de la Universidad, aun cuando cobran también su pensión en el IMSS.
En tanto que la UAS atraviesa por una aguda crisis económica que la conduce a la bancarrota derivada del pago de la jubilación dinámica sin sustento de financiamiento, el gobierno federal cede espacios a la negociación, pero se cierra en el no pago a quienes no quieren aportan ni un centavo para garantizar la prestación sin causar daños a la economía de la Universidad. La SEP recomendó dejar sin la jubilación a aquellos que no quieran incorporarse al Fideicomiso bajo el concepto de que la jubilación, además de ser una “prestación extralegal”, no la cubre la UAS, sino los gobiernos federal y estatal.
Incluso, como última opción para impedir el cierre de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el gobierno federal -entiéndase SEP y SHyCP-, con base a un reciente estudio actuarial y al resultado de once auditorías practicadas a la institución, se declaró listo para decretar la quiebra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para que, con esta resolución o decreto, la UAS pueda solicitar la terminación o cancelación del Contrato Colectivo de Trabajo, o solicitar su reforma, y echar fuera de la nómina de la Casa Rosalina a todos los jubilados.
Pero el Rector Jesús Madueña Molina decidió tomar la ruta más difícil: proteger a los jubilados, a todos, pese a que una fracción fracturada insiste en desafiar al gobierno federal y optar por la presión, coacción que despierta el enojo del gobierno federal que advierte que, de persistir la negativa, ese reducido grupo van a quedar fuera de los beneficios del Fideicomiso Pro-Jubilación o bien el propio gobierno va a declarar en bancarrota a la UAS para desaparecer la prestación y quitarle esa carga financiera. Hasta ahora, la Universidad aplica anualmente 2 mil 400 millones de pesos al pago de la jubilación que significa el 35 por ciento de su presupuesto.
