Corrupción, crimen organizado y gestión gubernamental en México (2018–2024): anatomía de un estado capturado
Eduardo Gomez de la O
I. INTRODUCCIÓN: LA PROMESA DE LA REGENERACIÓN MORAL
En diciembre de 2018, México despertó con la esperanza de una transformación. El arribo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia significó, para millones de ciudadanos, la posibilidad de un cambio profundo en el modo de gobernar. La bandera del nuevo gobierno fue la lucha contra la corrupción, un mal histórico que había minado la confianza en las instituciones, deteriorado los servicios públicos y frenado el desarrollo económico. Bajo el lema de “no robar, no mentir, no traicionar”, se inauguró una era que se presentaba como el fin de la vieja política.
Sin embargo, con el paso de los años, la promesa de regeneración moral se fue desdibujando. Lo que comenzó como una cruzada contra los excesos del pasado se transformó en un sistema que, aunque en apariencia distinto, reprodujo muchos de los vicios que decía combatir. La concentración del poder en la figura presidencial, la opacidad en el gasto público y la utilización política de los programas sociales marcaron el rumbo de una administración que, lejos de erradicar la corrupción, la redefinió y la centralizó.
El discurso anticorrupción convivió con una realidad contradictoria: el aumento de las adjudicaciones directas, el debilitamiento de los órganos autónomos y la infiltración del crimen organizado en diversas estructuras del Estado. México, en vez de erradicar el problema, pareció reconfigurarlo bajo nuevas formas, más sofisticadas y más difíciles de rastrear.
II. CORRUPCIÓN Y CAPTURA DEL ESTADO
El fenómeno de la corrupción durante el periodo 2018–2024 debe analizarse no solo como una serie de actos aislados, sino como un proceso sistémico que abarcó desde la planeación del gasto hasta la ejecución de los proyectos públicos. El modelo de gestión instaurado por el gobierno federal se basó en la concentración de decisiones estratégicas en la presidencia, desplazando los mecanismos técnicos de evaluación y supervisión que garantizaban la transparencia.
Uno de los ejemplos más ilustrativos fue el caso de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana). Nacida con la misión de garantizar el acceso a alimentos básicos y mejorar el ingreso de los productores rurales, esta institución se convirtió en un emblema del fracaso administrativo. Entre 2019 y 2023, se documentó el desvío de más de 15 mil millones de pesos a través de contratos fraudulentos, empresas fantasma y sobreprecios en insumos. Las auditorías de la ASF revelaron que los mecanismos de control interno fueron ignorados o suprimidos deliberadamente, mientras los responsables permanecían en sus cargos o eran trasladados a otras dependencias.
El caso Segalmex fue una síntesis del nuevo rostro de la corrupción: no la del político que roba en solitario, sino la del aparato que desvía recursos con respaldo institucional y protección política. La impunidad no fue una consecuencia fortuita, sino parte integral de la estructura de poder.
A ello se sumaron los escándalos en Pemex y la CFE, donde los procesos de licitación se sustituyeron por adjudicaciones directas en nombre de la “austeridad republicana”. El argumento de reducir costos administrativos se tradujo en una reducción de la competencia y un aumento de los sobreprecios. Según estimaciones del IMCO, entre 2018 y 2024 las adjudicaciones directas representaron en promedio el 78% de las compras públicas, generando pérdidas de eficiencia equivalentes a alrededor de 600 mil millones de pesos en ese periodo.
III. EL CRIMEN ORGANIZADO COMO ACTOR POLÍTICO Y ECONÓMICO
Mientras el gobierno central concentraba el poder, en las regiones el crimen organizado se consolidaba como un actor político y económico. Las organizaciones criminales no solo dominaron el tráfico de drogas, sino también sectores productivos legales: agroindustria, transporte, minería y construcción. En varios estados, los cárteles comenzaron a imponer “cuotas” a empresas privadas, controlar licitaciones municipales y financiar campañas electorales locales.
Este proceso de captura territorial del Estado tuvo consecuencias devastadoras. En estados como Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas, las estructuras criminales controlaron parte del gasto público mediante empresas de fachada. En otros, como Sonora o Tamaulipas, el crimen influyó directamente en las designaciones de mandos policiales y funcionarios. La frontera entre la autoridad legítima y la autoridad criminal se desdibujó, instaurando lo que varios analistas denominan una “cohabitación criminal del poder”.
El gobierno federal, lejos de confrontar este fenómeno, optó por una estrategia de contención pasiva, resumida en la frase “abrazos, no balazos”. Si bien el objetivo era reducir la violencia directa, en la práctica se tradujo en tolerancia y expansión del poder criminal. Las regiones donde se aplicó este enfoque fueron las mismas donde se registró el mayor crecimiento de homicidios, desplazamientos forzados y control económico de sectores clave.
IV. CRONOLOGÍA DE LOS PRINCIPALES CASOS DE CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN CRIMINAL (2018–2024)
Total estimado de daño económico directo (2018–2024): más de 377,000 millones de pesos. A ello se suman costos indirectos en inversión, productividad y seguridad que podrían superar el 1.5% del PIB anual.
V. EL COSTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL DETERIORO INSTITUCIONAL
La corrupción y la infiltración criminal no solo generan pérdidas fiscales; alteran de manera estructural el funcionamiento de la economía. Durante el sexenio, los costos de transacción para empresas aumentaron entre 12% y 18% por efecto de sobornos, extorsiones o retrasos administrativos. Al mismo tiempo, la confianza empresarial cayó a su nivel más bajo en una década.
Las pérdidas indirectas se manifestaron en la contracción de inversiones y el estancamiento del empleo formal. De acuerdo con el Banco Mundial, México perdió cerca de 1.7 puntos porcentuales del PIB anual como resultado de la corrupción y la inseguridad. El impacto fue más severo en las pequeñas y medianas empresas, donde los pagos ilegales, el cobro de piso y la falta de protección institucional generaron una mortandad empresarial sin precedentes.
El sector salud ilustra el efecto social más doloroso de la corrupción. El desabasto de medicamentos, la suspensión de tratamientos y la improvisación en las compras públicas obligaron a millones de familias a gastar sus propios recursos. Entre 2018 y 2024, los mexicanos desembolsaron más de 369 mil millones de pesos en medicamentos y servicios médicos privados, cifra que representó una transferencia de riqueza desde los hogares hacia el mercado farmacéutico.
VI. LAS CONDICIONES INSTITUCIONALES QUE PERMITIERON LA CORRUPCIÓN Y LA INFILTRACIÓN CRIMINAL
El debilitamiento de las instituciones de control fue deliberado. La Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control fueron desplazados de los procesos críticos de supervisión. La narrativa del gobierno insistía en que la “honestidad personal del presidente” era suficiente garantía de transparencia, mientras las estructuras administrativas perdían independencia.
La eliminación de fideicomisos, la centralización de recursos en la Tesorería de la Federación y la política de austeridad concentraron el poder presupuestal sin mecanismos de contrapeso. El resultado fue un modelo de gobernanza donde el control político sustituyó al control técnico.
A nivel local, la captura de gobiernos municipales por el crimen organizado se facilitó por la falta de profesionalización policial, la precariedad de las finanzas estatales y la impunidad judicial. De acuerdo con estimaciones del CIDE y México Evalúa, solo uno de cada diez delitos relacionados con corrupción o delincuencia organizada derivó en una sentencia efectiva entre 2018 y 2023.
VII. IMPACTOS A LA ECONOMÍA, LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y LAS FAMILIAS
El vínculo entre corrupción y crimen organizado afectó de manera transversal al aparato productivo. En el sector energético, los robos de combustible y las redes de facturación falsa provocaron pérdidas anuales superiores a los 90 mil millones de pesos. En el campo, los productores enfrentaron extorsiones, contrabando de ganado y bloqueos fronterizos que impactaron su competitividad. En la construcción, las empresas denunciaron adjudicaciones discrecionales y cobros ilegales para participar en proyectos públicos.
Para las familias, los efectos fueron palpables: encarecimiento de productos básicos, deterioro de servicios públicos, aumento del gasto de bolsillo en salud y educación, y un sentimiento generalizado de desprotección. La corrupción dejó de ser un tema moral para convertirse en una causa directa de empobrecimiento.
VIII. REFLEXIÓN FINAL: MÉXICO ANTE EL RIESGO DE LA CAPTURA TOTAL
El periodo 2018–2024 dejó una lección amarga: la corrupción no se erradica con discursos ni con símbolos, sino con instituciones fuertes, controles técnicos y ciudadanía vigilante. La llamada “Cuarta Transformación” no logró romper con el pasado; más bien, lo adaptó a un nuevo esquema de centralización y lealtad política. El crimen organizado encontró en esa fragilidad una oportunidad para expandir su influencia y consolidar una forma de poder paralela que hoy amenaza la estabilidad democrática.
Si la administración actual no asume la gravedad del fenómeno, México podría ingresar a una etapa de captura total del Estado, donde la corrupción y el crimen actúen no como excepciones, sino como reglas de funcionamiento.
La reconstrucción requiere recuperar los equilibrios perdidos: transparencia, independencia judicial, fortalecimiento de órganos autónomos, protección a denunciantes y sanción real a los responsables.
El costo de no hacerlo es incalculable. Porque cada peso desviado, cada contrato amañado y cada comunidad sometida al miedo representan no solo una pérdida económica, sino una erosión profunda del alma institucional del país.
El desafío no es únicamente administrativo, es existencial: o México reconstruye su Estado, o su Estado terminará siendo administrado por quienes lo corrompen.
*Presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público AC.
