‘Aborto seguro’ en México: grandes pendientes, mínimos recursos

Linaloe R. Flores

Con 24 entidades federativas con despenalización, otras con resistencia legal pese a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y un gasto que no supera los 15 millones de pesos en una década, México llegó a la conmemoración internacional del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible.

Este panorama es resultado de una lucha social de por lo menos tres décadas. Poco a poco, las entidades federativas de México rompieron estructuras legales que castigaban la acción de abortar de manera penal y empezaron a destinar dinero federalizado para garantizar atención médica ante la decisión de abortar antes de los tres meses de gestación.

El parteaguas histórico ocurrió en 2007 cuando la otrora Asamblea Legislativa del Distrito Federal (hoy Congreso de la CDMX) aprobó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación en la capital del país. El 25 de septiembre de 2019 ocurrió otro hito: Oaxaca despenalizó. Dos años después se unieron Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Quintana Roo (2022), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022) y Aguascalientes (2023).

La última estampa que se añadió al paisaje verde de México fue la despenalización en Campeche, Yucatán (de manera parcial) y Tabasco, ocurrida este año. Además, la SCJN declaró la inconstitucionalidad del aborto como delito en Chihuahua.

Pese al avance legislativo, la cantidad erogada en “aborto seguro” en la pasada década es de las más bajas del Estado mexicano. No representa ni siquiera el 1 por ciento de lo que costó Playa Espíritu, el complejo en Mazatlán, Sinaloa, concebido para atraer inversiones, pero que no logró vender ninguno de sus 5 mil lotes. Es el 1.15 por ciento de lo que costó la Estela de Luz en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Es un monto que alcanzaría para habilitar una oficina pequeña de gobierno que, según costos revisados en Compras MX, costaría entre 10 y 20 millones de pesos.

Según una búsqueda de Reporte Índigo en los contratos históricos en los antiguos Portal de Obligaciones y Transparencia y CompraNet (hoy Compras MX) que en su título tienen los términos “Interrupción Legal del Embarazo” “aborto” o “aborto seguro”, entre 2015 y 2025, la mayor parte del gasto se ha ido en campañas mediáticas, infraestructura hospitalaria, adquisición de equipo médico y capacitación de personal.

La trayectoria de estas erogaciones en el sector Salud da cuenta que el concepto de “aborto seguro” no se mencionó en el argot de las compras públicas antes de 2021.

Ese año, la SCJN dictaminó que ninguna mujer en México fuera a prisión por abortar; además, le ordenó a Coahuila, donde se había presentado una acción de inconstitucionalidad, a cambiar su Código Penal. Ese fue el primer paso para que las demás entidades retiraran de sus marcos jurídicos las penas por interrumpir el embarazo.

También en 2021, la Secretaría de Salud emitió por primera vez una política pública para el “aborto seguro” a través del Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ese organismo contribuyó con el gasto en esta década con dos campañas en radio. Una se difundió en 2021 y costó 344 mil 657 pesos y la otra al siguiente año por 219 mil 185 pesos.

Pocas inversiones públicas en aborto seguro: sólo tres estados reportan gastos entre 2015 y 2025

Ayer domingo 28 de septiembre, mujeres en lo individual, colectivos feministas y personas con capacidad de gestar, conmemoraron el Día por el “Aborto Seguro”. Las exigencias volvieron a ser, como en los años pasados, intervenciones seguras y gratuitas, así como la despenalización en todos los códigos penales y estatales del México.

En esta conmemoración aún pesa el dato de que en la pasada década la clandestinidad del aborto se consolidó como la tercera causa de muerte de las mujeres embarazadas con más de 30 defunciones cada año.

Es la marea verde que aún no logra un trasfondo de erogaciones públicas consistentes. De los estados que han aprobado la ILE, solo Oaxaca, Colima y Aguascalientes aparecieron con gastos relacionadas con el aborto seguro de 2015 a 2025 en la revisión de este medio.

En Oaxaca el gobierno gastó 339 mil 984 pesos en un contrato que duró del 3 de agosto al 31 de diciembre de 2022 en capacitación de personal con la empresa Mofag A.C, para garantizar este derecho en adolescentes y víctimas de violencia sexual. Luego, pagó por otro curso similar para fortificar lo aprendido con Hermas, Valores y Negocios, del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022.

En Colima, en 2021, el gobierno invirtió 51 mil 120 pesos en la rehabilitación e instalación de infraestructura para espacios de aborto seguro en el Hospital Regional Universitario.

Aguascalientes, por su parte, compró equipo médico y de laboratorio para un programa de aborto seguro por 159 mil 458 pesos en 2022.

La mayor parte de erogaciones la hizo la Secretaría de Salud.