Consideraciones políticas sobre la universidad
Humberto Muñoz García
Defender a la Universidad ante las amenazas externas, protegerla e cualquier intervención intramuros, es uno de los grandes retos. La Ley General de Educación Superior provee a las universidades públicas de los instrumentos legales necesarios para hacerle frente a cualquier acción que pretenda vulnerar sus autonomías
En los últimos tres años, el gobierno parece haberse tornado especialmente hostil con académicos, científicos, e instituciones. Los factores que influyen en el cambio de la universidad pública son de dos tipos: 1) externos, que derivan de las relaciones que mantiene la institución con el Estado, a través de los gobiernos federal y local, y con la sociedad; 2) los estímulos internos que surgen de la vida política en el campus.
La política educativa del Gobierno Federal, por ejemplo, impone formas de organización a las casas de estudio, vía el financiamiento, entre otras medidas. Por este, medio condiciona la marcha institucional y plantea retos que las universidades públicas tienen que enfrentar.
El segundo ámbito lo representan las relaciones y prácticas políticas que se llevan a cabo en las universidades. Lo político en el campus, y las políticas educativas del gobierno, están detrás del cambio institucional. La interacción de estas dos dimensiones, y el peso específico de cada una, es variable en el tiempo, según los intereses de los grupos que se expresen en cada caso, y puede llevar a reorganizar o desorganizar a las instituciones.
1.Las relaciones de la universidad con el gobierno se intentan que sean de convivencia. Sin embargo, en determinados puntos de la historia han sido de tensión, poniendo en juego la autonomía. Por ejemplo, el gobierno actual intentó “esquivar” la autonomía universitaria, en la iniciativa que planteó para la cancelación de la reforma educativa del sexenio pasado (2012-2018). Se dijo que dejarla de mencionar había sido un “descuido” y, en su aclaración, se pudo apreciar que a este gobierno no le cae bien el concepto, porque protege la facultad y responsabilidad que tienen las universidades de gobernarse a sí mismas, y porque las protege de interferencias externas en la vida institucional de las universidades públicas.
Además, en los últimos tres años, el gobierno ha sido verdaderamente hostil con académicos y científicos, y ha intervenido de mala forma, imponiendo autoridades, como en el CIDE, ignorando la autonomía. No entiende la importancia que tiene la educación universitaria para el desarrollo nacional en el Siglo XXI, para la formación de nuevos investigadores y la producción de conocimiento, lo que ocurre, principalmente, en las instituciones públicas.
Actualmente, se puede cuestionar sí el Gobierno tiene condiciones para formular y promover un cambio que haga avanzar el sistema de educación superior. Intensiones de colaborar para mejorarlo. Que se resuelva la crisis financiera en una decena de universidades estatales, que se ataquen las desigualdades en las capacidades intelectuales y científicas que tienen las universidades en el sistema educativo. Lo cual supone apoyar a las más débiles y, en cada una, atender sus particularidades con base en políticas que se desprendan de la nueva ley de educación superior.
La pandemia, aparte, ha jugado como factor externo afectando a la sociedad y a las universidades. Los efectos, posiblemente sean semejantes, pero de diferente intensidad en cada entidad federativa y en cada universidad. La pandemia ha influido en la vida académica institucional. En consecuencia, también en los actores universitarios, y en sus relaciones, en el marco cotidiano de la docencia y la investigación. El impacto se va a notar mejor cuando las instituciones vuelvan a abrir sus puertas.
2. Durante el confinamiento ha habido una relativa estabilidad política en las universidades. Posiblemente, esta sensación se va a modificar cuando se regrese a clases. Con el encierro en casa, los estudiantes y profesores pueden volver a la universidad con una visión de sus autoridades producida a partir de cómo actuaron al entrar a la crisis y durante el confinamiento. Sí hay desconfianza en ellas, es posible que surjan nuevas demandas a los rectorados que impliquen cambios a la organización y a la gestión de la academia. Las autoridades deberán actuar con sensibilidad para conducir la transformación de la universidad, y cuidar que la comunidad no se fracture, pendientes de los riesgos políticos que conlleva el cambio. Se pondrá a prueba la efectividad de los liderazgos y la disposición de dialogo entre comunidad y autoridades.
Se quedaron varios asuntos por resolver en el espacio institucional, que habrá que atender. Concretamente, las demandas de las compañeras universitarias, y posibles reclamos de maestros e investigadores por lo que toca a sus condiciones de trabajo.
Los jóvenes estudiantes son solidarios a lo que les ocurre a otros estudiantes movilizados. El caso del CIDE, otra vez, deja malestares y ejemplos que pueden abonar para que se produzcan otros movimientos. Posiblemente, además, habrá migraciones estudiantiles de las privadas a las públicas y una deserción muy costosa, socialmente hablando.
Finalmente, en el espacio universitario será necesario promover la gobernabilidad, y enfrentar incertidumbres e inseguridades de todo tipo que se filtrarán al campus. Requerirá flexibilidad y razonabilidad de las autoridades y de la comunidad para que logren acuerdos y pactos que fortalezcan a la academia y protejan a la universidad de cualquier intervención externa. Cohesión, coherencia para enfrentar contradicciones, capacidad política para desarrollar y defender a la universidad.
