Urge modificar la Ley Electoral para regular las elecciones de síndicos
Álvaro Aragón Ayala
El plebiscito que se desarrolla en la Villa Gustavo Díaz Ordaz, El Carrizo, Ahome, para la elección de síndico municipal, y los procesos que se realizan en El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Culiacán y Mazatlán, reflejan la necesidad de que se incluya en la Ley Electoral de Sinaloa artículos para regular este tipo de consultas o elecciones para darles un real contenido democrático.
El proceso de elección de síndicos mediante consultas populares o plebiscitos, mecanismos no regularizados por la Ley Estatal Electoral, coloca en la indefensión o en ruta de la competencia desigual, marginal, a los ciudadanos que de manera independiente o libre participan en este tipo de procesos políticos sin la bendición oficial.
Un análisis sobre las elecciones de síndicos que se celebran, este mes de febrero, en los municipios de Ahome, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, Culiacán y Mazatlán, ofrecen la lectura de la necesidad de incorporar a la Ley Electoral de Sinaloa cláusulas específicas para regular la elección de síndicos, las cuales, a su vez, puedan dar origen a la elaboración de un Reglamento para la Elección de Síndicos en Sinaloa.
El plebiscito es un mecanismo de participación mediante el cual se abre a la ciudadanía, en apego a la Ley de Gobierno Municipal, una convocatoria para el registro y elección de síndicos. Los vacíos en la LGM facilitan la injerencia de las autoridades municipales en la nominación de candidatos con “línea” y apoyo de programas y dinero del erario público.
La Ley de Gobierno Municipal no impone topes en los gastos de las campañas para síndicos y no especifica qué clase de actividades puedan dar origen a la cancelación del registro de los candidatos. Las regulaciones de los plebiscitos recaen en las Comisión de Gobernación Municipal, en los comités para la elección de síndicos y en los regidores.
Cada municipio tiene sus características. En Ahome, el plebiscito que se desarrolla en la sindicatura Villa Gustavo Díaz Ordaz, El Carrizo, desató pasiones políticas y polémicas. Representantes de mermados grupos priistas aliados con Morena van a la “cargada” con Sandra Manuela Leyva Meza. Sus activistas y pregoneros son los encargados de vestirla con el ropaje oficial. Sandra es una ama de casa que, de la mano de su esposo, el ex síndico Víctor Sauceda, surgió como una opción política.
En la competencia emergió Isidro Emiliano Alcaraz Barreras, abogado dedicado al comercio. La presencia de Alcaraz incomodó a tirios y troyanos porque con su participación podría derrumbar el proyecto oficial. El equipo de activistas de Alcaraz es el que más ha sido fustigado para reducir su margen o área de proselitismo político.
Otra que ingresó a la disputa por la sindicatura, es la abogada Georgina Elena Lozano Aragón, dedicada también a la actividad comercial y empresarial. Con el toque de candidata independiente o de candidata del pueblo, Georgina Lozano se abre camino con redes ciudadanas y reuniones con vecinos del Valle. Con toda una vida en las lides políticas y sociales, Lozano Aragón aparece como una alternativa viable.
En la Villa Gustavo Díaz Ordaz, El Carrizo, Ahome, la polémica se centró en la capacidad o la incapacidad legal que tienen los particulares para organizar debates entre los tres contendientes a la sindicatura, el “golpeteo político” y en las fricciones entre los grupos que tradicionalmente ejercen el control político de esa zona.
En Ahome, dos regidores pasistas presentaron un escrito sugiriendo a la Comisión de Gobernación la cancelación temporal de las Ferias del Bienestar por consideran que podrían orientar el voto a favor de tal o cual candidato. El alcalde Gerardo Vargas Landeros tomó la decisión de posponer los actos para después del día 7 de febrero. Las elecciones de síndicos se desarrollarán el domingo 6.
En El Fuerte toda la estructura municipal apoya a los candidatos a síndicos del alcalde Gildardo Leyva. Chorros de recursos de la comuna son suministrados a los aspirantes designados por el presidente municipal, marcando una desigual competencia por las sindicaturas. El escenario es mucho peor en Sinaloa de Leyva: la “intolerancia” del alcalde Rolando Mercado impidió el registro de candidatos a síndicos no oficiales. En la justa solo aparecen los aspirantes “bendecidos” por el munícipe.
En Culiacán, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro se mueve con mucho tiento. No sobresalen “voceros” de candidatos oficiales. La contienda para síndicos tiene un tinte democrático, en tanto, en Mazatlán, el alcalde Guillermo -El Químico- Benítez nombró directamente a sus candidatos a síndicos y los apoya abiertamente con recursos económicos y con el envío de personal del ayuntamiento a participar en labores de proselitismo.
El diagnóstico de los procesos electorales revela competencias desiguales, la no celebración plebiscitos imparciales y objetivos y el acotamiento de la expresión y representación de las minorías y los derechos del ciudadano para intervenir sin presiones en el proceso de integración de las sindicaturas.
El municipio concebido como un orden de gobierno se entiende como el nivel primario de la organización estatal e incluso nacional. Debe ser una expresión concreta de la realización de la democracia. En él está el espacio político inmediato en el que los ciudadanos ven protegidos sus intereses de manera directa y se encuentran reflejados en su inclusión política.
Es urgente, ya, entonces incluir en la Ley Electoral de Sinaloa cláusulas que permitan darle viabilidad democrática a las elecciones de síndicos y que ese articulado de nacimiento a un Reglamento para la Elección de Síndicos Municipales para que sea el Instituto Estatal Electoral quien regule los plebiscitos a fin de darles un contenido democrático y generar desde el ámbito de las sindicaturas una verdadera representación de las demandas ciudadanas.
Es prioritario que se regulen los gastos de campaña, que se transparente el origen de los recursos que se invierten en estos procesos, que los alcaldes no se involucren en los plebiscitos, que se fijen normas para el debate civilizado entre los contendientes y acabar con las estructuras que incentivan las prácticas autoritarias.
