Las denuncias internas como derecho a la información en casos de salud pública
Julieta del Río Venegas
En un mundo corporativo cada vez más interconectado con la sociedad, los whistleblowers —o denunciantes internos— emergen como figuras clave para exponer irregularidades que trascienden los muros de una empresa y afectan el bien común. Estos individuos, a menudo empleados o excolaboradores, arriesgan su estabilidad laboral y personal para revelar prácticas negligentes, corruptas o éticamente cuestionables. En México, donde la transparencia y el derecho a la información son pilares constitucionales, las denuncias internas representan no solo un mecanismo de control ético, sino una extensión del derecho humano a conocer hechos que impactan la salud pública y la seguridad colectiva. Un caso emblemático es el de Philips México, donde ex empleados han alzado la voz sobre fallas en equipos médicos, poniendo en evidencia cómo la negligencia corporativa puede comprometer la vida de pacientes.
El concepto de whistleblower, popularizado en contextos internacionales como el escándalo de Enron o las revelaciones de Edward Snowden, se ha consolidado en México a través de marcos legales como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. Estas normativas protegen a los denunciantes y fomentan canales internos para reportar anomalías, reconociendo que la información sobre riesgos sociales —como en el sector salud— no es un lujo, sino un derecho. En casos de trascendencia social, como los relacionados con productos defectuosos que afectan a miles, las denuncias internas se convierten en un puente entre el interés privado y el público, obligando a las empresas a rendir cuentas y a las autoridades a intervenir.
Un ejemplo reciente y alarmante se centra en Philips México, filial de la multinacional neerlandesa dedicada a la innovación en salud. Según reportajes investigativos, ex empleados han denunciado negligencia en el manejo de ventiladores defectuosos distribuidos durante la pandemia de Covid-19, lo que ha escalado a un conflicto legal y ético con implicaciones para la salud de pacientes mexicanos. La periodista Frida Mendoza, en su trabajo publicado en EMEEQUIS bajo el título “El mundo oscuro de Philips: ex empleados revelan negligencia, corrupción y abusos”, ha dado un seguimiento exhaustivo a este tema, recopilando testimonios directos que iluminan las sombras de la operación corporativa. Mendoza, con su rigor periodístico, ha documentado cómo la falta de acción ante alertas internacionales ha dejado en el limbo a miles de equipos potencialmente peligrosos, y su cobertura merece reconocimiento por visibilizar un problema que afecta directamente al sistema de salud nacional.
De acuerdo con los testimonios recopilados por Mendoza, figuras como Luis Juárez, ex gerente comercial de Philips México con más de 10 años en la empresa, y Mario, otro ex colaborador del área comercial, han actuado como denunciantes al exponer irregularidades internas. Juárez relata cómo, tras intentar abordar anomalías en el cumplimiento de acuerdos y el manejo de ventiladores E30 —donados en grandes cantidades durante la pandemia—, fue despedido abruptamente en marzo de 2025 sin explicación clara. Estos ventiladores, junto con otros modelos como Trilogy 100 y DreamStation, fueron objeto de recalls por la FDA en 2021 debido a la degradación de una esponja interna (PE-PUR) que libera partículas tóxicas, potencialmente causantes de asfixia, daños respiratorios o incluso cáncer. En Estados Unidos, se recolectaron más de 105,000 equipos y se reportaron 385 muertes asociadas, contrastando con la inacción en México, donde se estima que hay alrededor de 4,000 ventiladores afectados en hospitales públicos y privados.
Mario complementa esta narrativa al describir una “falta de conocimiento y negligencia” en el liderazgo regional, donde alertas de la matriz global se ignoraban por burocracia y hermetismo. “No era una prioridad de la compañía hacer la recolección”, afirma, destacando cómo oficios de hospitales en estados como Durango, Coahuila y Sonora quedaban sin respuesta. Juárez añade que se les instruía “dar largas” a distribuidores como Healthcare Systems, con quien Philips mantenía una relación exclusiva de más de 20 años, terminada unilateralmente en 2023. Este diferendo derivó en un acuerdo de mediación privada, pero según notas periodísticas recientes, Philips ha obstaculizado su cumplimiento, lo que llevó a resoluciones judiciales en favor de la distribuidora mexicana por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX el 29 de agosto de 2025.
Estas denuncias internas no solo revelan posibles conflictos de interés —como el favoritismo hacia nuevos distribuidores ligados a ex empleados de Philips—, sino que subrayan un riesgo social mayor: la salud de pacientes en el limbo. Hospitales han reportado retirar equipos por iniciativa propia, pero sin sustitución, lo que afecta la capacidad de atención médica. En este contexto, los denunciantes como Juárez y Mario ejercen su derecho a informar, alineándose con el artículo 6 de la Constitución mexicana, que garantiza el acceso a información de interés público. Sin embargo, enfrentan represalias, como despidos injustificados y bloqueos a canales internos de denuncia, lo que resalta la necesidad de fortalecer protecciones laborales y mecanismos anónimos en empresas multinacionales.
El caso Philips ilustra cómo las denuncias internas pueden catalizar cambios: desde demandas colectivas en otros países hasta intervenciones regulatorias en México, donde la Cofepris ha sido criticada por su pasividad. Frida Mendoza, a través de su periodismo tenaz, ha mantenido vivo este tema, entrevistando a afectados y exponiendo la brecha entre la respuesta global y la local. Su trabajo no solo informa, sino que empodera a la sociedad para exigir accountability.
En conclusión, fomentar la cultura de whistleblowers en el ámbito empresarial es esencial para salvaguardar derechos colectivos como la salud y la información. Empresas como Philips deben priorizar la transparencia sobre el hermetismo, y las autoridades, garantizar sanciones efectivas. Solo así, las denuncias internas dejarán de ser actos heroicos aislados para convertirse en norma, protegiendo no solo a los denunciantes, sino a la sociedad entera.
