El regreso a clases y el termómetro de la clase media
Milagros Oreja
El regreso a clases siempre fue un termómetro económico de las familias mexicanas. No es solo una fecha marcada en el calendario escolar, sino el momento en que se cruzan tres variables centrales de la vida cotidiana: el ingreso disponible de los hogares, la capacidad del Estado para ofrecer apoyos y la dinámica de precios que impone la inflación.
Cada agosto, el gasto en útiles, uniformes, cuotas y actividades escolares funciona como una radiografía inmediata del poder adquisitivo. Y lo hace con un rasgo ineludible: no es un consumo voluntario ni postergable, sino uno obligatorio que revela con nitidez cómo llegan las familias al segundo semestre del año.
Este 2025 lo confirma con fuerza. La educación básica ya no se mide únicamente en libretas y uniformes, sino en la capacidad de los hogares para reordenar su consumo y resistir el alza de precios.
De acuerdo con un sondeo realizado en agosto de 2025 por Polister Encuestadora, 61.2% de los padres en Ciudad de México afirmó que reducirá sus compras escolares este ciclo, mientras que 27.2% dijo que comprará lo mismo que en años anteriores y apenas 9.4% planea aumentar su gasto.
La presión inflacionaria ya se había hecho sentir durante las vacaciones: 80.6% de las familias percibió que las actividades y salidas para los niños aumentaron mucho de precio, y más de la mitad (56.9%) optó por no destinar recursos a actividades pagadas para sus hijos. Entre quienes sí pudieron hacerlo, 36.4% gastó más de 2,000 pesos por niño, 28% entre 500 y 1,000, y 24.3% entre 1,000 y 2,000.
La percepción de un encarecimiento generalizado es abrumadora: 85.8% de los padres anticipa que los útiles y uniformes estarán más caros que en 2024. Esa expectativa no es solo percepción: cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) confirman que el gasto promedio por alumno para el ciclo escolar 2025–2026 alcanzará 10,916 pesos, un incremento de 12.66% respecto a 2024. La lista de útiles subió 16.66%; los artículos de limpieza escolar 15.10%; los uniformes y calzado 10%; y las cuotas escolares 12%.
En paralelo, el gobierno federal insiste en que nunca antes se habían destinado tantos recursos para garantizar la educación pública: becas Benito Juárez, apoyos alimentarios, entrega de útiles y uniformes gratuitos en algunos estados. Estas políticas son un alivio real para sectores vulnerables, pero el regreso a clases muestra un ángulo incómodo al respecto: la presión inflacionaria golpea con más fuerza a quienes no acceden a esos apoyos, en especial a la clase media.
Este contraste no desconoce el enorme aporte de las políticas sociales, aunque muestra con nitidez dónde se topan con sus fronteras. Las becas y programas focalizados atienden necesidades inmediatas, pero no alcanzan a quienes, sin ser pobres, tampoco tienen margen para absorber con holgura un gasto escolar que crece año con año. La experiencia de estas familias se traduce en recortes, reutilización de materiales y decisiones difíciles sobre qué sí y qué no pagar.
En este escenario, el regreso a clases se convierte en un termómetro no solo económico, sino también social y narrativo. Permite observar cómo las familias ajustan su consumo, cómo se distribuyen los efectos de las políticas públicas y cómo se perciben las promesas oficiales de acceso educativo. La escuela pública, presentada como derecho universal, aparece en la práctica atravesada por desigualdades de acceso indirecto por la dificultad de costear todo lo que la acompaña.
Más allá de la temporada escolar, lo que revelan estos datos es un indicador de confianza. Cada libreta comprada o aplazada, cada cuota escolar pagada con esfuerzo, cada actividad cancelada durante las vacaciones refleja no solo la capacidad económica de los hogares, sino su lectura sobre el futuro. Allí se condensan las tensiones centrales de la economía mexicana: quién paga, quién recibe apoyos, quién se ajusta y quién resiente más la inflación.
Por eso, más que reducir la discusión al costo de los útiles, el reto es abrir un debate amplio sobre cómo diseñar políticas que acompañen también a la clase media, sector que suele cargar con el costo invisible de los aumentos. Si el regreso a clases es un termómetro, lo que hoy marca es una economía donde las familias deben renunciar, recortar o endeudarse para sostener la educación básica.
Y esa señal debería ser tomada como una advertencia sobre la necesidad de construir políticas educativas y económicas que garanticen equidad no solo en el acceso a la escuela, sino en la posibilidad real de sostenerla sin que cada agosto se convierta en un ejercicio de resistencia.
