Los funcionarios electorales y los partidos devoran miles de millones. ¿Se les acabó?
La Reforma Electoral que se comenzará a discutir y a crear en las próximas semanas y meses también deberá contemplar el ahorro en los costos y evitar el despilfarro del sistema para evitar el derroche de miles de millones de pesos en cada ciclo de elecciones en el país.
“El tema es lo que representa el costo de las elecciones para el pueblo”, reconoció ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum, cuestionada sobre si se propondrá la posible desaparición de los Organismos Públicos Electorales, es decir, los órganos locales para las elecciones.
“Por supuesto que todos queremos democracia, es la representación del pueblo, para qué queremos tantos institutos locales, si ya hay casillas únicas, si ya la fiscalización se hace de manera centralizada, qué caso hay, lo pongo como pregunta”, añadió la mandataria en su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Con la desaparición de los organismos electorales estatales tendría como beneficio adicional la reducción de por lo menos 8 mil millones de pesos de financiamiento a los partidos políticos en el ámbito de los estados, cantidad que en los comicios de 2024 se destinó para ese propósito.
Segunda parte del “Plan B” de AMLO
La Reforma Electoral que surja de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada oficialmente este lunes con Pablo Gómez al frente, “tendrá como objeto convocar al pueblo a expresarse sobre la Reforma Electoral conveniente para México y realizar estudios sobre ese mismo tema”.
“No se trata solo de la estabilidad política; antes la hubo, pero no había voto libre y abundaba la represión y la corrupción. Se trata de forjar un sistema en el que todos y todas ejerzamos nuestros derechos en libertad y en democracia, y se reconozca como el poder del pueblo”, dijo hoy el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Palacio Nacional.
De acuerdo con Gómez, considerando que, en años recientes se ha reformado la Constitución de la República con el objeto de reconocer nuevos derechos, tanto sociales como políticos, para fortalecer la soberanía nacional y la rectoría del Estado en sectores estratégicos, en consecuencia se han emitido numerosos Decretos legislativos “mientras se ha abierto un proceso de modificación de la estructura y el objeto del gasto público”.
Es decir, en el corazón de la Reforma Electoral estará también la búsqueda del “Plan B” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que redujo algunos costos del Instituto Nacional Electoral (INE) pero no pudo llevar a cabo la cirugía mayor que proponía en su momento en 2022, con ahorros aún mayores.
En diciembre de aquel año, López Obrador aseguró que con la aprobación del Plan B de la Reforma Electoral sí se logró reducir el gasto del INE, ya que contempla un ahorro de 3 mil 500 millones de pesos. “Algo es algo”, dijo, pues con la reforma a la Constitución que planteó originalmente y que fue rechazada por la oposición en la Cámara de Diputados, el ahorro habría sido de hasta 25 mil millones de pesos.
¿Un nuevo instituto electoral?
En 2024, cuando presentó una batería de reformas conocida como el “Plan C”, se incluía nuevamente una Reforma Electoral, donde se proponía un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, que asumiría las funciones de los 32 instituto electorales estatales en las entidades federativas.
Esta reforma tendría en lo inmediato dos efectos esenciales si se conserva su espíritu: reduciría en casi 30 mil millones de pesos el financiamiento de los 32 institutos electorales de los estados, cuyas tareas serían asumidas por el nuevo órgano electoral nacional y rompería con los cacicazgos que controlan los comicios en las regiones del país.
En México, el costo de las instituciones electorales por persona equivale a 9.07 dólares (unos 168 pesos mexicanos), por lo que tiene uno de los sistemas electorales más caros del mundo, superior al de países como Brasil, Canadá, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Chile y Nicaragua.
Los procesos electorales en México son cada día más caros. De los 11 mil millones de pesos que costaron los comicios presidenciales del 2006, el financiamiento llegó a los 36 mil millones de pesos en las elecciones presidenciales del 2024. Pero en los años intermedios hubo gastos exageradamente altos, como los del subsidio de la estructura electoral en 2021, que superó los 30 mil millones de pesos.
Y es que para las elecciones de 2024, el financiamiento público ascendió a 72 mil 294 millones de pesos para partidos políticos y el funcionamiento del aparato electoral. Para 2025 la reducción en el gasto electoral fue apenas menor en 5 mil millones de pesos, pero aún así rebasará la cantidad de 30 mil millones de pesos.
Una Reforma Electoral contra el despilfarro
En la reforma propuesta del “Plan B”, otro de los objetivos era reducir el despilfarro de la “élite dorada” electoral. AMLO presumió en 2022 que con esa primera reforma se redujo el gasto del INE “porque habían muchas oficinas duplicadas y se hizo un ajuste, una integración y otros gastos”.
Otro logro es que se redujo sustancialmente a los trabajadores, los vocales, de juntas locales y distritales, “quienes 365 días gozaban de becas sustantivas”, dijo en aquel momento el entonces Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.” “Las locales pasarán de cinco a tres vocales, recibían un pago mensual de 50 a 70 mil pesos, incluso en tiempos donde no había elecciones. Y los vocales distritales pasan de cinco a uno, también tenían salarios de 45-70 mil pesos”, enlistó.
Esta reforma, incluso aunque apenas logró ajustar leyes secundarias, destacaba que “otro de los efectos negativos de la alta burocratización del INE es su pésima administración” y que se despilfarran recursos mediante el pago de rentas, la compra permanente de material para urnas de mala calidad, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles…”.
¿Y los partidos?
El año pasado, 33 órganos electorales tuvieron un presupuesto conjunto de 49 mil 838 millones de pesos, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reportó un financiamiento de 3 mil 622 millones de pesos. Los partidos políticos nacionales y locales, por su parte, disfrutaron de un total de 18 mil 834 millones de pesos.
La iniciativa de AMLO de 2024 proponía reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos y elimina el financiamiento para actividades partidistas específicas. De esta forma, generaría ahorros superiores a los 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030. Es una opción que la reforma de Sheinbaum podría mantener.
El total de financiamiento federal y estatal a los organismos electorales y a los partidos políticos tuvo un costo de 60 mil 282 millones de pesos en los comicios del 2024, incluyendo los 10 mil 444 millones de pesos de financiamiento federal a los partidos políticos y los 8 mil 836 millones de pesos de financiamiento estatal a los partidos locales.
La propuesta de AMLO de 2024 proponía disminuir hasta en un 50 por ciento el financiamiento a los partidos políticos. Y es que la aceptación de estas organizaciones entre la población va en caída libre.
Una de las más recientes encuestas, la que realizó en los últimos días de mayo la consultora Enkoll refleja que mientras Morena capta el 51 por ciento de las simpatías entre los ciudadanos, sus rivales del PAN apenas llegan al 13 por ciento de aceptación; Movimiento Ciudadano marca un 7 por ciento de preferencias, mientras que el PRI apenas alcanza el 6 por ciento del respaldo de la gente.
Y los dos partidos que regularmente se amparan en su alianza con Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, apenas tienen el 2 por ciento de respaldo. La mala noticia para todos ellos es que el 17 por ciento de los ciudadanos encuestados se declararon apartidistas.
