Reforma judicial: el sistema de justicia quedó expuesto a control político, advierten expertos
Daniel Flores
La polémica reforma judicial dejó varias lecciones negativas para el país; una de las principales fue la apertura de nuevas rutas de control político y económico en el sistema de justicia mexicano.
Así lo alertaron especialistas en materia electoral y académicos, quienes hicieron un balance del proceso electoral que culminó en junio con la designación de 881 nuevos cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), en cumplimiento de la reforma constitucional.
En un conversatorio celebrado en la Universidad Iberoamericana, especialistas de diferentes sectores dieron a conocer los alcances que tuvo esta propuesta del Ejecutivo federal que escaló al Congreso de la Unión y terminó por convertirse en una enmienda constitucional y que dio inicio a la primera elección judicial en el país.
Uno de los puntos más importantes que se abordaron fue el deterioro del sistema judicial mexicano a raíz de esta reforma, así como las nuevas rutas de control político generadas por los actores que próximamente asumirán cargos como jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con integrantes del Observatorio IBERO, el proceso para sustituir a impartidores de justicia mediante el voto popular provocó la pérdida de independencia en este poder y otros problemas que saldrán a mediano plazo.
Para Ana Laura Magaloni, coordinadora del Observatorio de esta universidad, quienes impulsaron esta modificación en la Constitución Política contaban ya con cierto control político del sistema judicial por medio de la Suprema Corte de la Nación y el Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, la especialista detalló que el empuje que le dieron a esta reforma constitucional lo hicieron sin tener en cuenta lo que esto significaría para la impartición de justicia, por ejemplo, en el rezago que se generó en la resolución de conflictos que se atienden de forma diaria.
Esto se suma a la presión que se ha registrado en el Poder Judicial de la Federación donde en los últimos meses, personal se ha manifestado en diferentes ocasiones en rechazo a la reforma judicial y, recientemente, en contra del proceso electoral, pues acusaron que esto no resolverá los problemas que se tienen para el acceso a la justicia.
“Esta miopía política ha ampliado la distancia entre la ciudadanía y el sistema de justicia”, sostuvo Ana Laura Magaloni.
La académica lamentó que la reforma haya confirmado los temores sobre una mayor pérdida de imparcialidad judicial, al tiempo que denunció la escasa participación ciudadana en el proceso de elección de jueces, marcado además por el uso de “acordeones” o listas predefinidas de candidatos.
Además, los múltiples señalamientos realizados de principio a fin en contra de este proceso, que culminó el pasado 1 de junio con la elección de cientos de jueces, magistrados y ministros, reflejan la alta expectativa que la ciudadanía tiene sobre quienes asumirán estos cargos.
Daniel Moreno, periodista y analista político dijo que hubo un sesgo en todo este proceso electoral, además de una carrera dispareja para el grueso de los aspirantes, pues señaló a varios gobernadores de Morena de jugar un papel clave en los meses anteriores al impulsar ciertos cuadros que se postularon para desempeñarse como jueces y magistrados.
Incluso, detalló que se presentaron quejas debido a que varios gobernadores del partido oficialista utilizaron equipos jurídicos para el beneficio de ciertos perfiles que hicieron campaña además de movilizar recursos y estructuras para dar visibilidad a varios candidatos.
Mientras tanto, en su participación, Gabriela Warkentin advirtió que la elección judicial ha reintroducido viejas prácticas clientelares del sistema electoral, y anunció que el Observatorio enfocará sus siguientes investigaciones en el análisis de las dinámicas estatales, para documentar cómo se territorializa el control del Poder Judicial.
Quedan asuntos pendientes con magistrados y jueces
A unas semanas de que abandonen sus puestos de trabajo, decenas de magistrados y jueces aún se encuentran en espera de que sean notificados de la liquidación que les corresponde por ley.
En algunos casos, los juristas mencionaron a Reporte Indigo que se trata de indemnizaciones que corresponden a cientos de miles o incluso millones de pesos, ya que varios de ellos cuentan con hasta 15 o 20 años de servicio en varios circuitos judiciales a nivel nacional.
“De principio a fin, el proceso estuvo viciado. Ahora, a unas semanas de que ingresen los nuevos juzgadores, no se nos ha notificado nuestra baja ni, mucho menos, se nos ha informado sobre la liquidación que nos corresponde por ley”, sostuvo un magistrado de circuito en Puebla, quien solicitó omitir su nombre.
