Gobernadores, sin pretexto para no brindar seguridad
Leticia Robles de la Rosa
Sin hacer cambio alguno, comisiones del Senado respaldaron los nuevos parámetros del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por primera vez, tendrá atribuciones para cancelar las aportaciones federales a los estados y municipios que no cumplan con las tareas de seguridad pública o desvíen los recursos que se les destinen para esa tarea.
El artículo 118 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que “cuando, como resultado de las visitas de verificación o revisión de gabinete, se detecte un incumplimiento, el Secretariado Ejecutivo podrá decretar la suspensión de las ministraciones subsecuentes, y deberá dar vista a la ASF sobre cualquier irregularidad detectada.
Dicha suspensión permanecerá vigente hasta que la instancia afectada aclare o subsane la acción u omisión que originó el incumplimiento, dentro del plazo establecido por el Secretariado Ejecutivo. Vencido el plazo, sin que se haya subsanado el incumplimiento que motivó la suspensión, someterán a la consideración del Consejo Nacional la cancelación del recurso y, en su caso, su restitución.
Para emitir una resolución de cancelación, el Consejo Nacional deberá garantizar el derecho de audiencia de la parte afectada. Sus resoluciones deberán estar fundadas y motivadas y serán definitivas e inatacables. Deberán indicar si la cancelación es por un periodo u objeto determinado, o bien, si comprende la totalidad de las ministraciones, en cuyo caso, de resultar procedente, deberán contener un pronunciamiento sobre su restitución”.
En el artículo 18 dispone que el Consejo Nacional tendrá las atribuciones para “resolver, previa garantía de audiencia, sobre la cancelación de la ministración de las aportaciones a las entidades federativas y a los municipios, por un periodo u objeto determinado, cuando incumplan lo previsto en esta Ley, los acuerdos generales del Consejo Nacional, los del Secretariado Ejecutivo o los convenios celebrados”.
También podrá “resolver sobre la restitución de los fondos a la Tesorería de la Federación cuando resulte aplicable la fracción anterior, en cuyo caso, deberán contemplar los rendimientos financieros efectivamente generados, con independencia de las responsabilidades que otras leyes establezcan”.
Los priistas Claudia Anaya y Miguel Riquelme, quien fue gobernador de Coahuila, fueron los únicos que se opusieron y argumentaron que la facultad para cortar los recursos es una grave decisión que debilita el federalismo.
Con estos cambios normativos que la mayoría impone, están construyendo una dictadura perfecta disfrazada de modernización, donde la vigilancia masiva y la militarización serán los instrumentos para silenciar a la disidencia y aplastar la esperanza”, dijo Riquelme.
¿Estamos conscientes de que estamos debilitando cada vez más las estructuras municipales y estatales, que son las estructuras policiales de carácter civil para atender como primer respondiente, como policías de proximidad, encargados de la protección ciudadana?”, añadió Anaya.
El nuevo sistema de seguridad pública incluye un entramado de investigación e inteligencia que incluye el Centro Nacional de Inteligencia; la Plataforma Central de Inteligencia y los grupos especiales de investigación e inteligencia, que tendrán acceso a toda la información de los ciudadanos, incluidas sus compras, placas de automóviles, atención médica, educación, actividades recreativas y solicitar la geolocalización de las personas, cuando se investigue un delito.
El morenista Manuel Huerta respondió que “sabíamos que iban a venir con el cuento del Estado espía. Deben entender que lo que va a acabar es el Estado espía y lo que nace es el Estado protector”.
En tanto, la morenista Martha Lucía Micher expresó que “no somos iguales. El gobierno de la 4T no utiliza los recursos públicos para espiar. No utiliza el aparato del Estado para perseguir opositores ni para intimidar a la sociedad civil y a periodistas, como sí lo hicieron el PAN y el PRI. Estamos construyendo un marco jurídico para que los servicios de inteligencia no se usen con fines políticos o personales”.
Criticó a quienes aseguran que el gobierno seguirá todas las actividades de los ciudadanos, porque “para eso es Facebook. Todo mundo lo tiene, de qué se burlan, de qué se asombran”.
