Aprueban Ley de Inteligencia en Seguridad; oposición acusa que datos personales quedan vulnerables
Blanca Santos
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 368 votos a favor y 101 en contra la reforma a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública que tiene como objetivo principal establecer un sistema nacional unificado para recabar, procesar, analizar y compartir información de inteligencia con el fin de prevenir, investigar y perseguir delitos de alto impacto y con ello contribuir a la paz y seguridad en el país.
Con una corona funeraria colocada por el PRI con la leyenda “Murió la Democracia”, mantas colocadas por el PAN donde se leía no a la #Ley Espía, y otra manta puesta por el PT con los rostros del expresidente Felipe Calderón y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el logo del PAN y la leyenda “Narcos”, los legisladores comenzaron el debate que decayó entre gritos y descalificaciones.
Así, en una sesión maratónica de 20 horas donde se aprobaron el paquete de leyes en materia de seguridad pública, minutos después de las 6 de la mañana de este jueves y con la aprobación de una modificación de forma -que solo son correcciones de redacción- los diputados aprobaron en lo particular por 324 votos a favor y 117 en contra, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública que pasa al Senado para su revisión y eventual aprobación.
Esta Ley, que va de la mano con la General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que fue aprobada primero, establece la participación en el Sistema Nacional de la Secretaría de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), las Secretarías de Defensa y Marina, gobiernos estatales, municipales y entes privados, este último previo convenio.
Asimismo, se crea una Plataforma Central de Inteligencia interconectada con bases de datos de seguridad, fiscales y registrales. Se destaca que entre los principios rectores de esta Ley están el federalismo cooperativo, legalidad, derechos humanos, protección de datos personales, eficacia, confidencialidad, entre otros.
También se crea el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública, que será un órgano superior colegiado encargado de dirigir y tomar decisiones estratégicas del Sistema de Seguridad y el cual estará integrado por los titulares de diversas dependencias federales y operado por la Secretaría de Seguridad.
Sobre las funciones del CNI, tendrá a su cargo la operación de la plataforma, generará productos de inteligencia y tendrá coordinación con otras dependencias, asimismo propondrá estrategias y medidas para combatir amenazas a la seguridad.
En lo que respecta al uso de tecnología y protección de la información, los Sistemas cuentan con seguridad avanzada como encriptación y control de acceso, además de que la información que se manejará es confidencial y su uso indebido será sancionado.
Con discursos repetitivos llenos de reclamos y acusaciones entre el grupo mayoritario y la oposición que empobrecieron el debate durante la discusión de esta ley, los diputados de oposición señalaron el grave riesgo de permitir el acceso por parte de instancias de seguridad, a los datos personales de los ciudadanos con solo pedirlo por convenio.
¿Qué es la Ley de Inteligencia en Seguridad?
De acuerdo al documento aprobado, la autoridad podrá solicitar a las instituciones de seguridad pública y demás entes públicos y privados, se permita la interconexión de la Plataforma a sus sistemas de inteligencia en seguridad pública, así como el envío de información contenida en cualquier registro administrativo que contenga datos como:
Registros vehiculares y de placas, biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, de personas morales, catastros, registros fiscales, de armas de fuego y de aquellas aseguradas o decomisadas.
También registros de comercio, prestadores de servicios de seguridad privada, padrones de personas detenidas y sentenciadas, así como registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales y comerciales, registros en materia marítima y todos aquellos de los que puedan extraer indicios, datos e información para la generación de productos de inteligencia.
Mientras que, en el caso de personas de régimen privado o social, la interconexión y el envío de información deberá ser por tiempo y para un fin determinado; mientras que si quien lo solicita es la FGR, ésta se dará de acuerdo a los esquemas de intercambio de información criminal digital a través de la interconexión a sus bases de datos, documentación y datos relacionados a la identificación, evolución de las actividades y modos de operación de actividades criminales.
De igual forma, se enviarán requerimientos y suscribirán acuerdos y convenios de cooperación en materia de inteligencia transnacional para la seguridad pública, con gobiernos, instituciones y organismos regionales, y de otros países, esto es carta abierta al uso de datos personales desde el extranjero cuando así lo requieran.
Opisición califica espionaje de datos
En este sentido la oposición se pronunció y señaló su preocupación por dejar tan vulnerable la información de la ciudadanía; al respecto el PAN calificó esta ley como #LeyEspionaje. Acusaron ausencia de control judicial y aseguraron que la participación de actores privados y extranjeros, la concentración de poder en el Ejecutivo federal y la vigilancia masiva sin salvaguardas, son riesgosos y contrarios a la Constitución.
En su intervención la diputada Julia Licet Jiménez, refirió que con esta nueva Ley de Investigación e Inteligencia se legaliza un sistema de vigilancia masiva y permanente sin control lo que la hace incompatible con disposiciones constitucionales y convencionales en materia de protección de datos personales, ya que permite el Centro Nacional de Inteligencia propuesto podrá consultar y utilizar información biométrica, fiscal, médica, financiera, registral, telefónica y de geolocalización sin necesidad de orden judicial ni ningún tipo de consentimiento previo.
“Estamos en contra de que se legalice el espionaje sin un control judicial, esto abre las puertas a la persecución de cualquier ciudadano sin un debido proceso, pudiendo iniciar carpetas de investigación a cualquier persona que piense diferente al gobierno o que lo critique. Lo más grave es que toda esta información estará disponible para cualquier gobierno extranjero, se está permitiendo la interconexión con actores no estatales, nacionales e internacionales.
En conclusión, esta ley convierte la seguridad en excusa para construir un régimen de control autoritario y un gobierno espía. Morena no quiere un sistema de inteligencia, Morena quiere un sistema de obediencia, no a la ley espía”, aseveró la panista.
En tanto el diputado del PRI Jericó Abramo sostuvo que esta Ley está contribuye a crear el ambiente propicio para un Estado de excepción ya que se incorporaron elementos que están encaminados al autoritarismo extremo, por lo que se convierte en una herramienta más para el control social sin métodos de control y contrapesos.
“Esta ley significa la sistematización de toda la información de las autoridades del Estado mexicano y de las personas particulares, sistematización que estará a controles y sin justificación alguna a disposición de un Consejo Nacional que podrá tomar acuerdos sin la necesidad de reunirse. Eso es lo más grave de esta ley, sin la necesidad de reunirse, se le están dejando atribuciones totales a entes individuales”, advirtió.
