Grave infiltración del crimen en elección judicial, advierte Ricardo Anaya
Rubén Arizmendi
El senador Ricardo Anaya Cortés calificó como “inaceptable y gravísimo” que, entre los aspirantes a jueces y magistrados, a elegirse el próximo 1 de junio, figuren personas vinculadas al crimen organizado, incluyendo presuntos cercanos a líderes del narcotráfico como el Z-40.
“Esto es un absoluto cochinero, una simulación que puede terminar muy mal. Vamos a tener como jueces a quienes hace apenas unos años eran abogados de narcotraficantes y, por supuesto, esto es gravísimo”, declaró el legislador panista.
Detalló que, además de exdefensores de criminales, entre los candidatos sorteados en las llamadas “tómbolas” se encuentran también un ministro de culto de la Iglesia de la Luz del Mundo, quien ha defendido públicamente al líder acusado de abuso sexual infantil, así como un exjuez penal destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por abuso sexual.
Según el senador por Querétaro, estas designaciones son resultado de la estrategia de Morena para tomar control absoluto del Poder Judicial.
“Se apropiaron de los Comités de Evaluación, y ahora todo se les está saliendo de las manos. Morena tendrá que aclarar si esto forma parte de un acuerdo con los criminales”.
Fue enfático al asegurar que México podría estar ante una “narcoelección judicial”. “Cuando se postulan personas directamente vinculadas al narcotráfico, no hay otra forma de describirlo. Imaginen que quienes dictarán sentencias a los capos del crimen organizado son sus antiguos abogados, personas que estaban en su nómina. Esto es desastroso para la justicia del país”.
Criticó también la incongruencia de Morena, cuya bancada —según dijo— ahora denuncia un problema que ellos mismos provocaron. “Más allá del ridículo en el que han quedado, esto puede causarle un daño brutal a México”.
En otro tema, Anaya externó su preocupación por los conversatorios en el Senado en materia de telecomunicaciones, al asegurar que podría tratarse de un “madruguete” legislativo. “Tenemos la sospecha fundada de que, aprovechando el momento político y pretextando las decisiones de Trump, se pretende introducir una ley completa de telecomunicaciones y radiodifusión para fortalecer el control gubernamental”.
