Estados Unidos siembra terror entre los inmigrantes

Jorge Faljo

La deportación del inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego a fines de marzo a su país de origen es el eje de un enfrentamiento mayúsculo en Estados Unidos entre el poder ejecutivo, es decir Donald Trump y el poder judicial, encabezado por la Suprema Corte. 

Estados Unidos, como otros gobiernos más o menos democráticos, tiene un sistema constitucional en el que el presidente se encarga de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. Este, el poder legislativo, tiene la facultad de aprobar leyes y supervisar al ejecutivo. Y el poder judicial interpreta las leyes y puede revisar las acciones del ejecutivo para asegurar que se conduce en el marco de la ley. Los tres poderes interactúan de una manera que se ha considerado, hasta la fecha, un exitoso sistema de vigilancia y contrapesos que asegura que ninguno de los tres poderes se exceda en sus funciones. 

El caso Abrego pone a prueba el equilibrio entre poderes y puede desembocar en algo mayúsculo: un conflicto constitucional que destruya la esencia misma del sistema. Kilmar Abrego es un ciudadano salvadoreño de 29 años que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2012. Ante el departamento de migración norteamericano declaró que su madre y hermanas hacían “pupusas” en casa, un plato típico a base de maíz, y él se encargaba de distribuirlas. Sin embargo un grupo criminal los extorsionaba y amenazó con reclutarlo a la fuerza. 

Así que a los 16 años su familia lo impulsó a escapar. Kilmar cruzó la frontera norteamericana caminando desde México. Tras 14 años en Estados Unidos formó una familia con dos hijos de su pareja y el tercero de ambos. Trabajó en construcciones y al ser deportado estaba inscrito en un programa sindical de aprendizaje para trabajar en el sector metalúrgico. No hay registro de que haya cometido alguna infracción o delito. Sin embargo su esposa registró dos incidentes de violencia doméstica que más adelante, tras recibir terapia de pareja, dijo que era un asunto resuelto. Ella describe a Kilmar como un padre y compañero amoroso. 

En 2019 fue arrestado por “apariencia sospechosa”; estaba con tres individuos, dos de ellos con tatuajes que parecían indicar su pertenencia al grupo criminal MS-13 y con antecedentes penales. Kilmar alega que estaban juntos por casualidad, en espera de un posible empleador por día. A partir de ese arresto se le sigue un proceso de deportación formal ante el que solicitó asilo por el temor a ser asesinado si regresa a El Salvador. Un juez ordenó a las autoridades que no lo deporten a El Salvador. Además su familia de origen ahora vive en Guatemala a donde escapó por las mismas razones que Kilmar. 

A pesar de la orden del juez Kilmar fue arrestado con otros venezolanos acusados de ser parte de la organización criminal Tren de Aragua. Todos fueron enviados a la famosa prisión de alta seguridad en El Salvador. Todos tenían derecho a un proceso legal.  

Sin embargo la deportación de Kilmar es especial en tanto que en su caso no solamente se viola el derecho al proceso legal sino que se actuó en contra de una protección formal, emitida por un juez, para que no fuera enviado a El Salvador. Un funcionario del departamento de inmigración norteamericano (ICE) dijo en declaración jurada que lo ocurrido había sido un error administrativo. Con ello niega que ocurriera un desacato intencional a la orden judicial. 

No obstante la admisión de un error por parte de la administración norteamericana insiste en la acusación no probada de que es un criminal, y parte del argumento es que tiene unos pequeños tatuajes en los dedos de una mano que así lo demostrarían. Los investigadores de las bandas criminales dicen que esos tatuajes no tienen relación con alguna pandilla. 

Una juez norteamericana ordenó que Kilmar sea regresado a Estados Unidos, pero Trump dice que ahora se encuentra en manos de un país soberano que toma sus propias decisiones. Trump incluso invitó a Bukele, el presidente de El Salvador, a la Casa Blanca donde su invitado declaró que no estaba dispuesto a sacar a criminales de sus cárceles.  

Importa señalar que la mayoría de los retenidos en la cárcel de alta seguridad de El Salvador son acusados con base en sus tatuajes, en la mayoría de los casos muy ostentosos, cubriendo buena parte del cuerpo y cara, como una especie de prueba de culpabilidad. Así que en defensa de la soberanía de El Salvador, frente a un sonriente Trump dijo que no lo regresaba. El objetivo principal de la visita de Bukele fue afinar un acuerdo con el que el gobierno norteamericano podrá enviar sospechosos a sus cárceles a cambio, en principio de 15 millones de dólares. 

Con una sorprendente rapidez la Suprema Corte norteamericana tomó el caso en sus manos y por decisión unánime de sus nueve jueces, varios de ellos designados por Trump declaró que Kilmar Abrego debe ser regresado a Estados Unidos y retomar el proceso formal migratorio en el que se encontraba y que deberá ser finalmente decidido por un juez. La juez que originalmente demandó su regreso instruyó a la administración a darle cuentas diarias de los trámites que seguía para regresarlo. Todo con resultados infructuosos. 

El gobernador de Maryland viajó a El Salvador y tras un primer rechazo consiguió hablar con Kilmar. Otros congresistas también fueron a verlo pero se les negó el acceso porque no era una delegación oficial. Dada esta presión Kilmar, originalmente encerrado con otra veintena de prisioneros en condiciones muy estrechas, fue trasladado a otra cárcel en mejores condiciones. 

Trump sigue su estrategia usual, actúa de manera ilegal y desafiante y espera a ser demandado, luego emplea recursos dilatorios lo más posible. El viernes Trump dijo que el regreso de Kilmar no le molestaría, pero que no le ha pedido a Bukele que lo regrese y que deja el asunto en manos del Departamento de Justicia. Se lava las manos ante la posibilidad de tener que rendirse ante el poder judicial pero no cumple la instrucción. 

Incluso si pierde, Trump ya ganó al infundir un terror que se suma a otras amenazas. Como suspender un permiso que concedió Biden a cerca de 700 mil inmigrantes venezolanos, o militarizar la frontera con México, con lo que al cruzar la línea divisoria se estaría invadiendo una base militar, algo mucho más castigable que el mero cruce ilegal. O proponer que nacer en Estados Unidos no da derecho a la ciudadanía. O el reciente arresto de una juez federal porque supuestamente ayudó a escaparse a un inmigrante que iban a arrestar en la misma corte. 

También ha causado estupor que Trump hable de enviar a El Salvador a “criminales locales” refiriéndose a ciudadanos norteamericanos. Preocupa que cientos de miles de inmigrantes, indocumentados o no, incluso ciudadanos, puedan ser desaparecidos y enviados a prisiones donde estarían totalmente incomunicados y sin derecho a defensa alguna. 

¿Hacia dónde dirige Trump a Estados Unidos?