La elección judicial, una oportunidad criminal

Armando Vargas

A principios del 2024, algunos analistas advertimos que las elecciones de aquel año se convertirían en las más violentas de la historia. No somos aves de mal agüero. Vimos las estadísticas y consideramos el contexto criminal y el deterioro institucional. Finalmente ocurrió. El crimen organizado dejó un saldo nunca antes registrado de más de 500 víctimas de violencia político criminal, de acuerdo con Data Cívica.

La construcción del régimen criminal por la vía del voto

Las organizaciones delincuenciales dominan amplias parcelas del territorio nacional y establecen las reglas del juego. En muchos territorios las elecciones sirven para la construcción del régimen criminal . En las pasadas elecciones, las autoridades se hicieron de la vista gorda. A pesar de la debilidad de los comicios frente a la intromisión de poderes fácticos, avanzó la reforma al poder judicial y hoy estamos en campañas para elegir a jueces y magistrados.

Tal vez los promotores de la reforma vieron en esa debilidad la posibilidad de capturar al poder judicial y neutralizar los pesos y contrapesos. Pero pensar que el crimen no buscará lo mismo es ilusorio. No se planteó ninguna iniciativa para blindar las siguientes elecciones.

Capturando al poder judicial, el crimen organizado neutraliza todos los diques de contención. Habrá vía libre para la explotación de las economías locales y la violencia que eso puede implicar. En la actualidad, la impunidad ya tiene niveles descomunales. En casos como la extorsión, alcanza prácticamente el 100%.

El problema con la politización del poder judicial es que crea incentivos para la criminalidad. La actividad delictiva no solamente dejará de sancionarse, sino que puede incrementar en frecuencia e intensidad. Sí. Todavía más. Este no es un escenario lejano. Es un riesgo latente. Como a principios de 2024, hay varios motivos para advertirlo.

Tres motivos por los que se anticipa violencia en elecciones judiciales

Primero. Porque es posible. No sólo por los puestos judiciales que están en disputa. Ese no es el problema (para el ejercicio de la violencia. Sí es un problema para la impartición de justicia). Sino porque la debilidad de nuestro Estado de derecho permite la eliminación o imposición de candidaturas, el financiamiento ilícito de campañas, la movilización o desmovilización del voto y la intervención directamente en casillas.

Las elecciones de 2024 lo dejaron muy claro. Hablando de violencia, los protocolos fallaron y ninguna de las reformas locales al poder judicial contempla mecanismos nuevos para contener dicho problema. No olvidemos los asesinatos de personas candidatas en plenos actos de campaña y con protocolos activos.

Segundo. La lucha criminal produce incentivos para que las organizaciones delictivas intenten influir en las instituciones públicas para consolidar su dominio. A medida que aumentan los conflictos en frecuencia e intensidad, crece la probabilidad de que esto ocurra. En varias entidades con elecciones judiciales a nivel local existen múltiples disputas entre grupos criminales. Hay varios ejemplos. En Baja California, las facciones de lo que fue el Cártel de Sinaloa, Los Mayos y Los Chapos, el Cártel de Tijuana y el CJNG disputan plazas como Tijuana, Ensenada y Tecate.

En Quintana Roo, la entidad enfrenta la disputa entre el CJNG y el Cártel de Caborca en municipios como Benito Juárez, Chetumal y Lázaro Cárdenas. En Tabasco, vemos un enfrentamiento severo entre el CJNG y su otrora brazo armado, La Barredora, los cuales buscan el control de Cárdenas, Centro y Paraíso. entre otros.

Tercero. Como señalé antes, el control del poder judicial puede cerrar el ciclo de impunidad que facilita la explotación de mercados ilícitos. Cuantos más mercados ilegales coexistan en un territorio, mayor será la probabilidad de captura institucional. En áreas con una menor presencia de estos mercados, la violencia político-criminal es menos frecuente.

Existe una alarmante acumulación de mercados ilícitos en diversas regiones de varias entidades con elecciones al poder judicial. Por ejemplo, en Michoacán está la explotación de las cadenas productivas y el control del puerto de Lázaro Cárdenas, clave para la recepción de fentanilo y precursores químicos. En Tamaulipas, destaca el tráfico de armas, tráfico de precursores químicos, tráfico de migrantes o la pesca ilegal. En la CDMX, la extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y robo a transportistas, son mercados cada vez más disputados por las organizaciones criminales.

Estos factores no se presentan de manera aislada en cada una de las entidades. Al contrario. Están entrelazados. Esto incrementa los riesgos de captura judicial por parte del crimen organizado. Lo que se planteó de forma retórica como una oportunidad para mejorar y acercar la justicia al pueblo, puede convertirse en una oportunidad para consolidar el régimen criminal y en la mayor torpeza política de las últimas décadas.