2025, Año Crítico: Reformas restauran el poder del estado, pero sin capacidad fiscal

Carlos Ramírez

El proyecto AMLO de restauración del viejo Estado posrevolucionario priista enfrenta más obstáculos que posibilidades

El saldo electoral –presidencial, legislativo y de gubernaturas– le dio a Morena y al proyecto lopezobradorista un margen holgado para dar el segundo paso a la restauración de régimen del Estado hegemónico que interrumpieron la crisis económica del régimen populista 1973-1982 y el largo ciclo neoliberal 1983-2018.

Sin embargo, las posibilidades de consolidación de la reforma estatista no dependen nada más de la voluntad legislativa de aprobación, sino que se requiere atender justamente los renglones críticos que provocaron la crisis económica del populismo y la entronización del neoliberalismo de mercado: la viabilidad económica del Estado.

Como en esos dos tropiezos de la vida política reciente, la viabilidad de la reconstrucción del Estado de la 4ª-T tendría que atender –y hasta ahora no se ven indicios de preocupación en la élite dirigente morenista– el punto central que derivó en el estallamiento de las dos crisis económicas: la debilidad fiscal del Estado. El populismo echeverrista financió el gasto adicional del Estado a través del gasto público y la emisión de dinero sin apoyo productivo y el populismo lopezportillista agotó los ingresos petroleros y acudió en 1981-1982 al endeudamiento de corto plazo y esas dos decisiones metieron al país en la dinámica de la inflación-devaluación y la desarticulación de toda la estabilidad nacional.

El sexenio de López Obrador y los primeros tres meses de la presidenta Sheinbaum Pardo han evitado la emisión de circulante que controla el Banco de México y han basado la expansión de gasto primero en el endeudamiento público creciente –60% del valor del PIB– y luego en la reasignación de gasto público para financiar programas sociales improductivos y quitándole –recortando– el gasto presupuestal a sectores importantes para destinarlos a subsidios populares.

Los desafíos del gobierno de la presidenta Sheinbaum para darle cauce y viabilidad a su proyecto de segundo piso de la 4ª-T estarán centrado en su primer año formal de gobierno –enero-diciembre 2025– en el financiamiento público: sin dinero nuevo –sin acudir a emisión artificial de circulante ni a deuda pública– estaría en ingresos fiscales sólo viables con una reforma fiscal a fondo para subir la carga fiscal de 16% a cuando menos 26%. Sin ese dinero fresco y sano, el financiamiento del gobierno de Sheinbaum estará en la reasignación del gasto a través de quitarles a unos para dárselos a otros y en el modelo franciscano de López Obrador de bajar los salarios públicos a su mínima expresión, aunque ambas decisiones serían insuficientes para atender el volumen de gasto nuevo que se necesita para la distribución del bienestar vía el gasto público.

Los doce desafíos para 2025 del gobierno de Sheinbaum están muy claros:

1. Restauración de la hegemonía económica, social y política del Estado. La crisis fiscal de las finanzas públicas en 1973-1982 y la desarticulación de la autoridad del Estado en organismos autónomos que respondían más a los intereses empresariales encontraron acomodo en la contrarrevolución neoliberal de Carlos Salinas de Gortari: menos Estado con menos compromisos sociales y más mercado con sectores sociales en la marginalidad y lejos del bienestar.
2. El modelo de organismos autónomos del Estado implicó el desensamblarse del aparato público que centralizó la dinámica nacional de la Constitución de 1917 a la reforma de rectoría del Estado de 1983. A menos intervención pública en la dirección política de la República con un estado desguanzado, menor autoridad política del Estado y mayor entrega de los instrumentos de poder a una burocracia dorada normalmente controlada por los intereses hegemónicos del sector empresarial por encima del Estado.
3. Crisis fiscal de finanzas públicas. Los presupuestos federales de 2019-2025 se han financiado con deuda pública y quitándoles a unos sectores para dárselos a otros, además de reducir la carga burocrática y bajar los salarios, aunque estas dos últimas decisiones tampoco han liberado fondos suficientes para el proyecto de reorganización del Estado. Lo paradójico de esta estrategia es que achica el Estado por razones presupuestales, pero lo agranda en gastos sociales que no dinamizan la economía y sólo financian la improductividad porque son dinero regalado sin multiplicación productiva.
4. Trump regresa a la hegemonía total: geopolítica, de seguridad nacional militar-nuclear y económica-productiva que desarticuló el poder de la empresa estadunidense con el desplazamiento internacional de plantas en inversiones. Trump viene por la rearticulación de la empresa productiva estadunidense, a costa de sacrificar –si es necesario– la existencia misma de la globalización del T-MEC.
5. Las metas macroeconómicas previsibles no alcanzan para dinamizar el proyecto de reconstrucción del Estado lopezobradorista a cargo de la presidenta Sheinbaum. Las previsiones han prendido los focos de alarma: PIB menor a 1% en 2025, quizá 1,5% en 2026 e incumplimiento por lo tanto de la meta promedio anual sexenal de 2.5%. La inflación no bajará de 4%. Y sin un pacto explícito con el sector privado, la inversión empresarial tendrá otro año más de atonía y la actividad productiva del Estado no alcanzará para dinamizar toda la economía.
6. Advertencias del FMI: la estructura de finanzas públicas es insuficiente, requieren de una reorganización total, comenzando por una reforma fiscal que amplíe el ingreso público que hoy está basado en la explotación de una baja base gravable y en deuda pública que se ha tratado de esconder.
7. Un tema central de la tarea en 2025 del Gobierno de Sheinbaum se localiza en el descrédito casi generalizado de la sociedad no morenista sobre la reforma judicial. La clave de esta reorganización está en la realización de elecciones de jueces, magistrados y ministros que eludan el intervencionismo político de Morena. Pero el principal problema, antes de la credibilidad, se localiza en que la elección requería de 15,000 millones de pesos para el INE, pero el gobierno solo le autorizó poco más de 6,000. La importancia de la elección radicaba en que se lograra una votación masiva. Sin un proceso electoral creíble, menos se podrá acreditar la elección imparcial de nuevos funcionarios judiciales. 
8. Abusos en mayoría calificada legislativa. El partido Morena se ganó a pulso la mayoría calificada en las dos cámaras –aún con abusos en la asignación de plurinominales– y tiene la mayoría abrumadora en las gubernaturas. Esta cómoda ventaja justifica la negativa a pactar con la oposición, pero deja el mensaje –sobre todo a nivel internacional– de una centralización autoritaria del poder basado en tener la mayoría y no la razón. Las reformas constitucionales pendientes para 2025 podrán sacarse si la oposición, pero a costa de seguir mostrando tendencias autoritarias excluyentes.
9. Desempleo e informalidad estructural creciente. La firma del Tratado de Comercio Libre, hoy conocido como T-MEC, multiplicó por 10 el comercio exterior de México y encontró puerta de salidas a las exportaciones, pero ante la ausencia de un programa audaz de desarrollo industrial y la notoria inexistencia de un acuerdo productivo con los empresarios, el saldo está a la vista: concentración en los empresarios de los beneficios del Tratado, pero a costa de 80% de marginación social, desempleo real de 12% e informalidad laboral en el 55% de los trabajadores.
10. Inseguridad y violencia criminal. Los gobiernos mexicanos han tenido una corresponsabilidad en la construcción y auge de los grupos delictivos y criminales. En la época del PRI, la policía tenía funciones más de control social y político que de combate a la delincuencia; los cárteles del narcotráfico surgieron al amparo de policías y del Estado hacia principios de los ochenta, justo en la dinámica de la separación de las estructuras policiacas del aparato central del Gobierno y del Estado; Fox, Calderón y Peña Nieto declararon una guerra desorganizada a las bandas que solo reconcentró el poder criminal; y López Obrador y ahora Sheinbaum le apuestan al modelo de gobernanza criminal que convierte a los grupos delictivos en aliados de los gobiernos locales y del Estado en el mantenimiento de la estabilidad territorial, aunque a costa del fortalecimiento de los propios grupos delictivos.
11. El Plan Nacional de Desarrollo como otro programa político superficial. En 2019, el presidente López Obrador recibió de la Secretaría de Hacienda el Plan Nacional de Desarrollo redactado en términos programáticos, pero prácticamente lo tiró a la basura y registró en el Diario Oficial un Plan Nacional de Desarrollo de planteamientos retóricos y con frases de campaña, sin mencionar los mecanismos que tienen que ver con el desarrollo de la República ni definir plazos de programas. En este contexto, el sexenio lopezobradorista fue el único en casi 40 años que funcionó sin Plan de Desarrollo. La presidenta enfrenta el desafío de regresar al modelo programático de un verdadero Plan de Desarrollo programático, como señala la Constitución.
12. CSP: poder presidencial central o acotado. Además de las circunstancias y de las coyunturas, el principal problema de la presidenta Sheinbaum radica en definir con mucha claridad la línea de mando, establecer con precisión la parte lopezobradorista de su proyecto sexenal, reconocer el liderazgo de López Obrador pero desplazándolo paulatinamente de la dirección sexenal del Gobierno y del Estado y configurar una clase política propia que rompa con el tradicional modelo político de maximatos o minimatos que la estructura del régimen político priista vigente con Morena está padeciendo y le está reduciendo autoridad política a la presidenta.

El régimen neopopulista de López Obrador-Sheinbaum Pardo se encuentra en una zona política de paradoja de poder: como no se conocía desde 1976 –hace casi medio siglo–, el partido en el poder y el Estado configuran un poder electoral mayoritario en modo calificado de dos terceras partes o más y por lo tanto inconmensurable y enfrentan a una oposición desarticulada, desprestigiada por la corrupción, descabezada de liderazgos políticos reales y en su totalidad desideologizada. Sin embargo, la principal zona de conflicto para el proyecto de la 4ª-T no se encuentra en la oposición sino al interior de su propia estructura de poder: un liderazgo personal indiscutible de López Obrador, una Sheinbaum que está subordinada al dominio de su antecesor, un movimiento de masas sin clases sociales productivas, la habilidad de viejos liderazgos del régimen priista que se cambiaron a la camiseta lopezobradorista aunque sigan pensando igual y la disputa de zonas de poder al interior de las estructuras de políticas que están enfrentando a morenistas contra morenistas.

A este estado de precariedad política en los niveles intermedios de Morena contribuye también el hecho de que los liderazgos que se apropiaron de instancias de poder han carecido de formación política e ideológica y solo obtuvieron victoria por el papel determinante de López Obrador en la configuración de sus candidaturas. Aparte de que la crisis de seguridad al interior de la República responde a la ineficacia de gobernantes morenistas y su dependencia absoluta de gestos y voluntades del poder central.

Y por si fuera poco, como parte de la dinámica del viejo régimen priista que determina comportamientos de grupos al interior de la coalición morenista, el primer año de gobierno de toda nueva administración tiene que ajustar cuentas con bloques y liderazgos de poder de dirigentes que perdieron la sucesión presidencial pero que les dieron posiciones determinantes de poder que normalmente se usan para conflictuar a quién ganó la candidatura presidencial oficial. Esto es lo que se está percibiendo en la lucha por el poder entre tres precandidatos y sus respectivos grupos que perdieron la nominación y que han construido alcázares que no disimulan intenciones de bloquear el funcionamiento presidencial para obligar a la presidenta Sheinbaum a negociar mayores cesiones de poder. Es el caso de Adán Augusto López Hernández como líder del Senado, de Ricardo Monreal Ávila como líder de la Cámara de Diputados y de Marcelo Ebrard Casaubón en la Secretaría de Economía que tendrá que lidiar con la renegociación del tratado, pero que usan sus encargos como espacios concedidos de poder, algo así como poderes autónomos de la presidencia.

Si no hay ajustes en estos espacios de poder que dejen claro el mando autoritario presidencial, los espacios de Palacio Nacional para gestionar su proyecto sexenal y las posibilidades de corto plazo para que Sheinbaum defina con claridad su dirección presidencial se diluirán en disputas internas que debilitarán la fuerza de la mayoría morenista.

La paradoja consiste en que la presidencia de Sheinbaum es la más alta desde 1982, pero los márgenes de maniobra dependen de que carece de todos los hilos del poder y Morena no es un partido que garantice la cohesión piramidal del nuevo grupo gobernante. En términos de historia política, la presidenta Sheinbaum se encuentra acotada por el poder real que mantiene López Obrador: el liderazgo político, el partido morena con su hijo, los gobernadores/gobernadoras que él puso, las posiciones en el gabinete y sobre todo la definición muy clara del proyecto de gobierno de la 4ª-T que le pertenece al expresidente y que la presidenta carece de espacios de decisión pará, primero, definir su propio programa de gobierno y, después, para convertirlo en la dirección política que subordine el modelo de López Obrador.

El año de 2025 –y quizá los primeros tres meses– servirá para definir quién conduce la construcción del segundo piso de la 4ª-T: López Obrador Sheinbaum Pardo, y si, al final de cuentas, la presidencia será este sexenio la intendencia del modelo del expresidente.